Consumo intensifica su ofensiva a un día del registro único del alquiler: remite a Madrid los datos de 3.500 de los 15.000 pisos turísticos ilegales de la capital

A un día de que entre en vigor el registro único de alquiler de corta duración, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha entregado al Ayuntamiento de Madrid un nuevo archivo con las direcciones postales de 2.347 pisos turísticos ilegales ubicados en la ciudad de Madrid para que inspeccionarlos, clausurarlos y sancionarlos. En marzo, tras detectar que solo en la ciudad de Madrid se anuncian en las diferentes plataformas más de 15.000 alojamientos turísticos ilegales, el departamento que dirige Pablo Bustinduy facilitó al Ayuntamiento las direcciones postales de un total de 1.218 pisos turísticos ilegales, que se suman a los actuales hasta un total de 3.565, un cuarto de los detectados.

Los datos recopilados en marzo por Consumo, a través de la Unidad de Análisis de Consumo, reflejan que en la ciudad de Madrid se anuncian un total de 16.335 pisos turísticos, dato que contrastaba con las cifras oficiales ofrecidas por el Consistorio, que señalan que únicamente están concedidas 1.131 licencias para este tipo de negocio. Esto da como resultado que 15.204 pisos turísticos operan actualmente en Madrid sin licencia.

"Con el ánimo de seguir colaborando con las administraciones competentes en esta materia y ante el persistente problema que afronta la ciudad de Madrid, con más de 15.000 viviendas de uso turístico ilegales operando, desde el Ministerio les remitimos nueva información que consideramos que les puede ser de máxima utilidad si pretenden hacer frente a esta situación”, señala el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, en una misiva remitida al Ayuntamiento.

Esta acción forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno para combatir la proliferación de pisos turísticos ilegales en toda España, uno de los factores señalados como causa del encarecimiento y escasez del alquiler residencial. Dentro de estas actuaciones, destaca la retirada por parte de Booking de más de 4.000 anuncios ilegales tras un requerimiento del Ministerio, así como el bloqueo impuesto a más 65.000 anuncios ilegales en Airbnb, medida recientemente respaldada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Además, el Ministerio mantiene abiertos varios expedientes sancionadores.

Este envío de información sobre pisos turísticos ilegales llega un día antes de que mañana comience a funcionar en España la normativa europea que regula los alquileres de corta duración (alquiler turístico, de temporada o de habitaciones) y que incluye un registro único obligatorio con un código para poder operar legalmente.

Una vez validado el registro, que se realiza en la Sede Electrónica del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, los propietarios recibirán un número de identificación que deberán incluir de forma visible en las plataformas en línea de contratación a distancia donde ofrezcan sus servicios de alquiler. De esta forma estas viviendas estarán publicadas de forma oficial.

Las viviendas que deben obtener el número de registro son los alquileres de temporada, los turísticos, de habitaciones, y los alquileres de embarcaciones que se anuncien en plataformas en línea que permitan formalizar el contrato y realizar el pago de forma online, como Booking o Airbnb.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, arremetió contra la "deslealtad institucional" del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y puso en duda su seriedad en lo que tiene que ver con las viviendas de uso turístico (VUT) ilegales. Almeida criticó haberse encontrado con la noticia en un tuit de (la portavoz de Más Madrid) Rita Maestre antes de haberla recibido en el Ayuntamiento. “Nos da una idea de cuál es la voluntad de colaboración y afán de cooperación del Gobierno de España”, reprochó.