Hay palabras que alzan el vuelo desde el suelo de la pandemia como el término desescalada. Varios representantes del Gobierno andaluz han aseverado los últimos días que los médicos y enfermeros de Atención Primaria están llamados a desempeñar en ella un papel importante, entre otras cuestiones, porque podrían participar en la realización del estudio de seroprevalencia que ha diseñado el Ministerio de Sanidad junto al Instituto de Salud Carlos III y el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el que colaborarán las comunidades autónomas.

J. T. C. es enfermero de ese ámbito en Cádiz y traslada a LA RAZÓN que su colectivo está dispuesto a dar un paso adelante, pero “no como estamos ahora mismo”. Recuerda que tanto ellos como los “médicos tradicionales” han continuado “atendiendo a los abuelos en casa a diario, sacando sangre a domicilio a los dependientes que no pueden desplazarse a los centros o vacunando a los niños”, aunque “carecen de un protocolo concreto” de actuación y de los “medios adecuados” en muchos casos.

“Mientras los peluqueros llegan a las casas perfectamente equipados y sabiendo lo que tienen que hacer, nosotros usamos el bolso de toda la vida, no sabemos bien cómo actuar o qué hacer con los residuos que se generan en la atención sanitaria, ni si tenemos que seguir yendo con nuestros vehículos particulares a trabajar”, lamenta. E hilvana: “Nos ponemos la mascarilla, pero la misma que se puede poner cualquiera para ir a la compra y buscándonos la vida en muchos casos”, lanza.

J. T. C. se queja, en definitiva, de la “dejadez de la Consejería de Salud" con respecto a una Atención Primaria “cogida con pinzas” tras años de “recortes” y a la que “los medios no llegan”, recalca.

Su relato no es la excepción que confirma la regla, a tenor de un estudio realizado por UGT-A en “la totalidad de los distritos de Atención Primaria de Andalucía” del que se desprende la existencia de “disparidad de criterios” por territorios, la “falta de una coordinación centralizada”, la inexistencia de “un plan común para todos” y “la alarmante escasez de medios”. “Sobre todo, en zonas rurales o donde no existen los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) que estén constituidos por personal que se dedique sólo a atender urgencias” y se tiene que recurrir a médicos y a enfermeros “de consultas normales para hacer la atención domiciliaria urgente y no urgente”, se matiza en el informe, consultado por este periódico.

Desde esa organización sindical instan al Ejecutivo autonómico a dotar a esos profesionales de “protocolos para cualquier visita domiciliaria, sea o no el paciente sospechoso de Covid-19” ante “la cantidad de positivos asintomáticos que existen”. Reclaman además “una mayor inversión en equipos de protección individual (EPI)”, al entender que el sistema sanitario autonómico no puede permitirse que “los errores que han costado” miles de positivos, “se sigan reproduciendo dos meses después de haber comenzado la pandemia y los padezca el personal de la Atención Primaria” al que ahora, auguran, se va a trasladar la “presión” que antes han soportado los “hospitales” de la comunidad.

En el mencionado estudio se insiste en que se necesita “un buen plan de prevención de infecciones y una coordinación entre profesionales que impida contagios” entre los sanitarios. El sindicato no entiende que la “improvisación, las donaciones, las compras particulares y el ‘buscarse la vida’” sigan siendo “un diario” en “la primera línea de lucha contra el coronavirus”. A juicio de sus profesionales, la Atención Primaria “no está preparada para la desescalada”, en estos momentos. Confían en no seguir siendo rehenes del pasado más reciente y de la escasez de medios frente a la actual amenaza real.