Acusan a Ecologistas de intentar “mantener artificialmente viva” la causa de la mina de Aznalcóllar

El caso se ha construido, como la normalidad, a través del tiempo, en concreto, de cinco años. Pero en el tránsito hacia una “nueva normalidad”, hacia un previsible mundo con menos gestos e intercambios físicos, han repuntado los telemáticos en el final de la causa judicial en la que se investiga la adjudicación de la mina sevillana de Aználcollar. Se ha convertido, en palabras del representante procesal de Minorbis, una de las empresas concesionarias del yacimiento, en “una especie de indeseado diálogo” entre las partes, del que ha informado por orden LA RAZÓN y que escondería algún interés. Tras el último escrito de una de las acusaciones, Ecologistas en Acción, en el que se aseveraba que hasta la fecha no existe ninguna resolución de otorgamiento de la concesión minera, el abogado Juan Carlos Alférez ha rebatido en otro “asertos jurídicos que no se ajustan a la verdad” y que entiende “completamente superados por el devenir de la instrucción”.

Minorbis reitera al juzgado su tesis: a través del concurso público convocado por la Junta de Andalucía en 2014 se otorgó "el derecho minero para investigar y explotar los recursos” de Aznalcóllar. Es ése “el inscrito en el Registro Minero” al que se refirieron los ecologistas, mientras “el título de inscripción es la propia Resolución de adjudicación”, tras la aceptación de ésta, "en los términos previstos en la legislación minera y en las bases” del proceso por el que se asignó la mina. Un derecho “condicionado a que se obtengan el resto de los permisos necesarios para iniciar la explotación”, coincide ahí con los conservacionistas. Pero que es “equivalente a la concesión”, insiste el letrado en su nuevo texto judicial, consultado por este periódico, en el que aporta, “por tercera vez”, según remarca, copia del Registro Minero, esta vez a fecha actual.

Le mencionada organización “verde” aludió a que la anotación no se hizo a petición de Minera Los Frailes, la entidad que opera en realidad en el yacimiento con el propósito de reabrirlo pese a no haber participado en el concurso, sino por iniciativa de un organismo de la Junta, a lo que Minorbis replica que “la inscripción de oficio es lo que está previsto en la legislación minera”. Más allá de aseveraciones más o menos infladas, cree que los que los ecologistas cuestionan no es “la naturaleza del derecho minero", sino “quién es el titular” del mismo. Y en ese punto, el letrado mantiene que “ya se han practicado todas las diligencias que las múltiples partes han solicitado”, aunque alguna pueda tener la sensación de que el caso se escapa.

Recuerda que existe incluso un dictamen de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) recabado por la instructora, Patricia Fernández, y se pregunta, “sin pretender faltar al respeto, sino contribuir a dar por zanjado el debate”, qué parte suscita dudas a Ecologistas de “la conclusión de la IGAE” relativa a que “se considera razonablemente justificada” la interpretación de que sea la “sociedad de propósito específico -Minera Los Frailes-, y no la entidad adjudicataria -la agrupación empresarial formada por Minorbis y Grupo México-, la que acepte formalmente la adjudicación de la concesión minera, de forma que con ello se garantice que dicha sociedad sea la titular” de ésta “desde el primer momento”. Es más, el letrado cose que lo sucedido no sólo no es contrario “al concurso y a la ley”, sino que resultaba obligad "por cuanto así se había valorado por la Administración” andaluza en “la oferta de la adjudicataria que incluía este compromiso” de un ente “vehículo”.

En definitiva, Minorbis no alcanza a comprender por qué Ecologistas busca “traer de nuevo a la instrucción un debate completamente superado, clarificado y pacífico, salvo que sus intereses, como es legítimo sospechar, fueren mantener artificialmente viva la presente causa penal".