Aguirre: “La sanidad en Andalucía es una de todos y para todos, aquí no hay esa dicotomía de pública y privada”

Lleva a sus espaldas la sucesión de sensaciones hiperbólicas provocadas por dos crisis sanitarias en pocos meses: la originada por un brote de listeriosis primero, y luego la causada por Covid-19. Pero, no se ha acurrucado en un rincón, se mantiene en pie y «muy activo».

–Hace semanas cifraron el coste sanitario de la pandemia en 1.800 millones de euros, ¿han actualizado esa cuantía?

–Parte de esa cifra está ya gastada en la adecuación de los circuitos Covid para evitar rebrotes, la contratación de personal, obras, las unidades respiratorias de cuidados intensivos que estamos montando... Y otra va dentro de lo que son los planes de alta frecuentación. Tenemos unas líneas de trabajo que suponen ese volumen de en torno a 1.800 millones y promesas por parte del Gobierno central de fondos europeos, pero aún no ha llegado nada. Pedimos que la distribución de esos fondos se haga como pactamos en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con el ministro de sanidad -Salvador Illa-: el 80% por población y el 20%, según el índice de ocupación de UCI y camas hospitalarias por pacientes Covid.

–Un criterio que finalmente se ha cambiado...

–La rectificación del Gobierno hace más justicia con Andalucía, aunque no satisface plenamente nuestras peticiones. En el reparto de fondos es imprescindible aplicar el criterio poblacional ya que en materia de sanidad es fundamental no sólo curar sino también prevenir y con un volumen de más de ocho millones de habitantes el coste de los servicios es muy elevado.

–La Fiscalía ha abierto varias causas ligadas al impacto de la Covid-19 en las residencias, ¿han sido el punto débil de la gestión de la crisis?

–Han sido el eslabón más débil de toda la cadena epidemiológica. Si una afectada de Covid llegaba a su casa, lo más que podía contagiar era a su padre o a su abuelo, pero cuando ha entrado en una residencia, allí se ha expansionado de una forma brutal. Es la población con más pluripatologías, la menos protegida contra el coronavirus. En Andalucía, unos 15 días antes de que el mando único lo dijera, el 4 de marzo, ya sacamos una orden prohibiendo el acceso de terceros a ellas porque sabíamos que era nuestro eslabón más débil.

–Hay quien apunta ahora que se necesita en esos centros más atención sanitaria, junto a los cuidados, ¿se plantea la Junta modificar algo en su modelo de cara al futuro?

–Lo cambiamos a primero de marzo. Pusimos en marcha una dirección general de cuidados sociosanitarios que no existía en ninguna otra comunidad. Era para quitar el escalón que había entre las residencias y la atención sanitaria. Las inscribimos a los centros de salud, con independencia de que fueran públicas o privadas. Las intervenimos desde el punto de vista sanitario y esto ha venido para quedarse. Queremos que cuando un abuelete se ponga malito, no haya que llevarlo al hospital, sino trasladar éste a la cabecera del paciente. Dentro de poco, esperamos que un mes, presentaremos la estrategia de cuidados. Todo el abordaje sanitario de las 1.107 residencias, que cubren el espectro de cerca de 55.000 personas, pasará a los centros de salud, a los distritos sanitarios, y se harán en ellas seguimientos hospitalarios. Teníamos pensado poner en marcha este modelo en dos o tres años, pero la Covid lo ha acelerado. Igual que hemos tenido que hacer de forma brusca cambios en la Atención Primaria.

–Los múltiples contagios entre los sanitarios han sido otro foco de críticas. Echando la vista atrás, ¿se podría haber hecho algo para evitarlos?

–Siempre las cosas se pueden hacer mejor. Esto es un aprendizaje. La listeria supuso un golpe para esta consejería, pero aprendimos mucho y gran parte lo hemos aplicado al coronavirus. Constituimos el grupo de trabajo de éste el 27 de enero e hicimos un cálculo hospitalario, de EPI... con los datos que llegaban de China. Pero es que era multiplícalo por 10, la realidad superaba con creces lo que nos habían dicho que venía desde Wuhan. Fue muchísimo peor, sobre todo, al final de marzo. Fue durísimo, esas noches no dormía. No encontrábamos mercado a nivel de EPI y para colmo, el 15 de marzo, el Gobierno central nos confiscó nuestro principal proveedor de mascarillas, una fábrica en Alcalá la Real (Jaén). Durante 20 días se llevaron la producción a otro sitio. El Gobierno mandó a la Guardia Civil, no podía hacer nada al ser el mando único, pero a mí me hizo un pie agua porque me dejó sin gran parte de mi aprovisionamiento. Lo que hice es a Dios rogando y con el mazo dando. El Gobierno dijo que iban a suministrar con una compra centralizada, pero al día siguiente nos pusimos a buscar como locos. Hoy tenemos un estocaje preparado, hemos puesto en marcha tres almacenes para tener el equivalente a seis meses de consumo de EPI. Antes dependíamos de empresas extranjeras en un mercado a navajazos,muy complicado, ahora el 60% de lo que adquirimos lo hacemos en pymes de Andalucía. E igual con el aparataje como los respiradores que fabricamos ya con patentes nuestras en Málaga y Huelva. Vamos a mandar a Ecuador, Colombia, México... porque Andalucía es solidaria. Esto ha sido muy duro y sigue siéndolo, pero tenemos que mirar la pandemia como una oportunidad para cambiar e iremos por buen camino. Cuando pase, habrá que evaluar qué hemos hecho bien o mal e intentar sacar las conclusiones oportunas en beneficio de todos para ser mejores.

–Los sindicatos lamentan que la promesa de homologar las retribuciones de esos profesionales a las del resto de Estado no acaba nunca de cumplirse, ¿qué les diría?

–Lo llevábamos en el programa electoral, hemos aumentado el coste de la hora de guardia en los Presupuestos de este año y estamos pendientes. Pero cuando llegamos nos encontramos una serie de contratos basura y una fuga de batas blancas, los profesionales se iban a otras comunidades donde las condiciones laborales y retributivas eran mejores y teníamos que fidelizarlos. Primero pusimos los contratos como mínimo de seis meses, luego de un año y en plena pandemia hemos aprovechado para dar todas las interinidades de forma indefinida. Nos encontramos también ofertas públicas de empleo atrancadas desde hacía seis años y estamos poniéndonos al día. Hemos sacado varias, la última hace pocos días de 4.800 plazas. Llevamos un año y pocos meses gobernando y nos queda mucho para llegar a esa equiparación, pero lo conseguiremos. Quiero a los 105.000 trabajadores de mi consejería tranquilos en la plaza y a «full time», que todo su pensamiento sea nada más que cuidar a nuestros pacientes.

–¿Habrá nuevo plan de choque contra las listas de espera?

–La enfermedad no se ha parado, hemos parado nosotros la actividad quirúrgica o de medio diagnóstico y las listas de espera lógicamente han ido aumentado. Ya lo estamos pensando y queremos hacerlo. Detectamos 500.000 pacientes que no estaban apuntados en las listas de espera de Andalucía y los metimos directamente con la máxima transparencia, sabiendo el tiempo que llevaba cada uno. Hicimos entonces un plan de choque, el año pasado, enfocado a los que llevaban más de un año en ellas, y pondremos en marcha un segundo. Pondremos a nuestra sanidad al cien por cien e intentaremos unir recursos con quien sea en beneficio de los pacientes. La suma de recursos publica-privada es positiva y se ha visto en la pandemia ésta, donde he dirigido a las dos. La sanidad en Andalucía es una de todos y para todos, aquí no hay esa dicotomía de buenos y malos, de pública y privada.

–Andalucía fue de las comunidades que menos dedicó a conciertos sanitarios en 2018, un 4,2% frente al 26% de Cataluña, por ejemplo. ¿Cree que hay margen para que crezcan o no se alterarán?

–La sanidad tiene dos conceptos importantes: la financiación que se hace a través de los Presupuestos de la Junta y la provisión, que algunas comunidades la hacen pública y otras a través de conciertos. Andalucía tiene conciertos abiertos con San Juan de Dios para el Aljarafe -sevillano- o con las empresas de Pascual en gran parte de Cádiz. Hay que buscar la máxima eficiencia en beneficio de la gestión de los recursos públicos y siempre con ningún coste para el asegurado, dentro de lo que es la cartera de servicios. Un porcentaje importante de presupuesto va hacia esa suma de recursos pública-privada y, dependiendo de las necesidades de la consejería y, sobre todo, de si hay que solventar a los pacientes casos específicos como pueden ser las listas de espera, no nos importará sumar el máximo de recursos entre pública y privada.