Las prioridades de gasto anticrisis

Hace unos días la Comisión Europea afeaba a España no haber usado todos los fondos a los que podía haber tenido acceso en beneficio de nuestro sector turístico. En esas mismas fechas se advertía que para acceder a los 140.000 millones de euros (M€) que habían correspondido a España en los próximos siete años como parte de las acciones de rescate, las administraciones públicas beneficiarias debían tener disponible la parte que les correspondía pagar pues la mayor parte de los proyectos serían co financiados; parte con cargo a la cifra anterior, parte con cargo a los presupuestos españoles.

Resulta claro que España debe presentar buenos proyectos para acceder a los fondos y, aparte de su correcta ejecución, se necesita que estén alineados con los pilares o líneas estratégicas que la Comisión Europea ha señalado como prioritarias. Para otras acciones hay que recurrir a los fondos propios teniendo en cuenta que se prevé una caída de la recaudación impositiva del 12% para 2021, lo que mermará la magnitud de estos fondos.

El mensaje de la Comisión del pasado 17 de septiembre fue claro al señalar los siguientes siete pilares: 1) proyectos orientados a proteger las vidas y la salud de los ciudadanos; 2) proyectos que puedan ubicarse en el Pacto Verde Europeo; 3) proyectos destinados a la digitalización y en particular por lo respecta a los datos, la tecnología y las infraestructuras; 4) aprovechar al máximo el mercado único; 5) recursos para asistir a la población en tanto llega una vacuna accesible, asequible y segura contra la Covid-19; 6) proyectos de cooperación internacional y 7) proyectos para atender los movimientos migratorios.

Ni todos los pilares anteriores son de fácil entendimiento ni todos van a recibir el mismo respaldo presupuestario. La habilidad de cada gobierno será la que determine quién es capaz de lograr la mayor financiación para proyectos que logren reforzar la atención sanitaria y la reactivación económica. El dilema entre salud y economía –aun existiendo– se estira y retuerce sin apenas sentido.

El Gobierno de la Nación sabe que además de dirigir bien los proyectos presentados tiene que agilizar los procedimientos. Ya se sabe que se va a poner en marcha una reforma legal que elimine parte de los cuellos de botella administrativos que enlentecen la elaboración de proyectos y su gestión. En concreto la reforma está enfocada en la ley de contratación pública de 2017 y en la ley general de subvenciones. El objetivo es acortar los plazos y procesos en la contratación pública.

Centrándonos en los proyectos orientados a la reactivación económica, el pragmatismo recomienda apostar por proyectos que beneficien a los sectores «tractores» en la generación de empleo aunque no sean necesariamente las acciones de más futuro. Me explico. Resulta claro que va a haber dinero para la digitalización y que la Comisión tiene (desde antes del Covid) la determinación de que Europa lidere la gestión del «Big data» y la explotación de los datos procedentes del «internet de las cosas». Las empresas tecnológicas europeas saben que perdieron la batalla de la «nube» frente a las empresas norteamericanas y ahora no quieren reeditar la falta de liderazgo con el «Big data». Sin embargo, apostar por destinar fondos a estos proyectos –que sería una apuesta de futuro– tendría un impacto muy reducido en el empleo. Por eso tienen muchas más posibilidades los proyectos de digitalización orientados, por ejemplo, a desplegar la red de teleasistencia de personas dependientes y ello por varias razones. Primero porque el envejecimiento de la población sigue su curso natural y con él aumenta el número de dependientes. Segundo porque hay que reducir la presión sobre los centros de salud de atención primaria para frenar la pandemia. En tercer y último lugar porque los servicios de atención a las personas dependientes con muy generadores de empleo.

La digitalización también debe inspirar buena parte de los proyectos orientados al sector educativo. Ni en todas las zonas rurales se alcanza siquiera el 3G ni en los municipios que sí aparecen como zonas con cobertura se tiene acceso en todas las calles. Aquí hay hueco para inversión en infraestructura de los operadores de telefonía móvil pero también para empresas como Reintel. Esta filial de Red Eléctrica de España explota 50.000 kilómetros de red de fibra óptica desplegada sobre la red de transporte eléctrico y la red de Renfe. La red de fibra óptica que acompaña el trazado ferroviario está infrautilizada. Dispone de capacidad para alquilarse y mejorar la cobertura de zonas rurales que ahora están en sombras de conectividad. Por aquí hay otra vía de desarrollo para proyectos competitivos.

No todas las administraciones públicas españolas están igual de aplicadas en preparar buenos proyectos aunque algunas como la región valenciana ya ha presentado más de 400 en el gobierno regional. Al final, las más rezagadas, tendrán que ponerse en manos de las empresas de consultoría que promoverán proyectos que no necesariamente sean los mejores en términos de reactivación económica. La elección entre salud o economía es muy parecida a un falso dilema; la elección entre la pugna política o la cooperación sí se parece más a un dilema cierto.

José Manuel Cansino es Catedrático de Economía Aplicada del Departamento de Análisis Económico y Economía política de la Universidad de Sevilla e investigador asociado Universidad Autónoma de Chile, director de la Cátedra de Economía de la Energía y Medio Ambiente – Red Eléctrica de España, y participa en el Instituto “Tomás de Mercado” de Economía y Negocios de la Universidad de Sevilla (IUSEN).