Los interventores del Estado insisten en que la competencia de las ayudas de los ERE eran del consejero de Empleo

Los interventores del Estado que analizaron los ERE de la Junta de Andalucía han insistido en que las 270 ayudas que investigaron fueron concedidas por la Dirección General de Trabajo, a pesar de que la competencia era del consejero de Empleo, y que “se subvencionaba a empresas, no a trabajadores”.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla, que está enjuiciando la pieza separada relativa a los más de tres millones de euros concedidos a Aceitunas y Conservas (Acyco), ha recibido este lunes a los tres peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que revisaron las ayudas otorgadas al amparo del programa 31-L entre 2001 y 2010.

En nombre de los tres, Ángel Turrión ha indicado que el consejero de Empleo “nunca cedió” al director de Trabajo la competencia sobre la concesión de ayudas, que le correspondió en exclusiva “hasta 2008”.

Según los peritos, la Junta “no aplicó” las órdenes ministeriales de 1994 y 1995, de ayudas para trabajadores afectados por procesos de reconversión y reestructuración de empresas, de modo que en realidad “no subvencionó situaciones de desprotección” de los trabajadores sino que “pagó obligaciones de las empresas”, como “las indemnizaciones por despido”.

“Se subvencionaba a las empresas, no a los trabajadores”, ha aseverado Turrión, quien ha destacado que las compañías, “como sabían que la Junta financiaba las indemnizaciones”, aplicaban “importes mucho más generosos” que en un ERE “normal”.

En el caso de Acyco se pagó “doce o catorce veces más de lo que habría correspondido” y, a pesar de que el desembolso final rondó los 3,2 millones de euros, la ayuda “no fue fiscalizada por ningún interventor” ni fue aprobada “por el consejo rector de Idea ni por el Consejo de Gobierno”.

El experto también ha diferenciado entre el gasto, que era realizado por la Consejería, y el pago, que era ejecutado por la agencia pública IFA o su sucesora Idea, pero ha resaltado que con las ayudas del programa 31-L no hubo fiscalización previa porque “no había expedientes de gasto”.

“El interventor de la Consejería no pudo controlar nada porque no le pasaron ningún expediente”, ha respondido en relación con Acyco, un caso en el que no intervino “ningún funcionario” ni existió “ninguna resolución formal de petición o concesión”.

El perito ha explicado que el ya fallecido exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero concedía subvenciones con cargo a una partida en realidad destinada a “cubrir pérdidas de una entidad pública”, de ahí el origen de las transferencias de financiación, consistentes en que “se introdujeron artificiosamente pérdidas en el presupuesto del IFA” para que así la agencia recibiera esos fondos.

Guerrero firmó un protocolo de colaboración con Acyco, pero ese documento “sólo puede ser una declaración de intenciones, nada más”, ha puntualizado Turrión, quien también ha considerado “sin ninguna relevancia” una carta del director de Trabajo en la que se comprometía a ayudar a la empresa de Dos Hermanas.

El interventor también ha atribuido a Guerrero los pagos cruzados, por el que ordenaba a una aseguradora que destinase una parte de una póliza a abrir o ampliar otra, “a veces incluso con otra aseguradora”, lo que suponía “rizar el rizo” y un sistema “fuera de todo control”, incluso el del IFA.

También ha recordado que en el juicio del procedimiento específico “no se habló expresamente de ninguna de las 270 subvenciones” y que el presidente del tribunal “cortaba el tema” si se profundizaba en alguna ayuda concreta “porque decía que no era objeto” de la vista.

En todo caso, ha calculado que “sólo el 30 %” de esas ayudas “hacían referencia a un ERE”, por ejemplo la de Acyco, mientras que el 70 % restante se concedió para “pagos a proveedores, pago de fiestas en un pueblo, nóminas...” y “muchas de ellas” no tuvieron “ningún fin”.