¿Cómo gestionar con cabeza los fondos europeos?

Desde el año próximo hasta antes de finalizar la década, España tendrá que gestionar unos 200.000 millones (M) de euros procedentes de fondos europeos, una cifra que representa cerca del 16% de nuestro PIB anual. Incluso si se divide por años, los fondos europeos aún seguirán representando un 2,2% del PIB de cada uno de los próximos años. La cifra anterior exigirá un esfuerzo de gestión extraordinario a las administraciones públicas españolas. Éstas han demostrado una insuficiente capacidad para gestionar los fondos del marco financiero plurianual europeo (MFP) que ahora termina y que se extendió durante el periodo 2014-2020.

Conviene poner un poco de orden en estos fondos para saber de qué estamos hablando. Todos los fondos europeos que están por llegar se han agrupado bajo la denominación de Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), esta última palabra es ya un anglicismo más que se nos ha colado en la neolengua a decir del jurista y escritor José María Ramírez. El MRR cuenta con dos instrumentos: el nuevo Marco Financiero Plurianual 2021-2027 con más de un billón de euros y el fondo «Next Generation EU» con 750.000 millones. Además de estos dos instrumentos hay otros mecanismos no menores que ya se pusieron en marcha: las intervenciones del Banco Central Europeo sin las que no se hubiese colocado la deuda pública emitida, el programa SURE con el que se financiarán parte de los ERTE y el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).

La cuestión es que España ha mostrado poca capacidad de gestión en los años en los que los fondos eran mucho menores. Ahora con un volumen que multiplica por cuatro los procedentes del MFP 2014-2021, hay que actuar con eficacia y eficiencia. Así lo advierte el profesor Manuel Hidalgo en un interesante documento publicado por Esade y que lleva por título «Cinco propuestas para una mejor absorción de los Fondos Europeos». Es un documento accesible en la red.

De entre las medidas que recomienda destaco una que viene muy a colación del recientemente celebrado aniversario de la Constitución de 1978, de cuya mala deriva en la organización territorial del Estado ninguno de los dos grandes partidos se hace responsable. El profesor advierte de que en España contratan actualmente unos 8.000 centros licitadores diferentes. Casi 8.000 centros públicos diferentes comprando a la vez. Esto imposibilita aprovechar cualquier economía de escala que abarate los precios o mejore las condiciones del servicio a los ciudadanos. También aumenta los costes de gestión de la contratación y dilata los plazos desde que el proyecto se selecciona hasta que se certifica ante la Comisión Europea. Esto es una absoluta anomalía en la gestión pública. Para resolverla Hidalgo, buen conocedor de la Administración desde dentro, propone interesantes herramientas como la contratación agregada o la contratación por lotes en una misma licitación. La primera fórmula parece haberse utilizado por varias administraciones públicas regionales durante el periodo duro de la pandemia para lograr suministros por avión de material sanitario procedente de China. Una situación a la que se llegó como consecuencia del colapso de la central de compras del Ministerio de Sanidad que llevaba sin funcionar décadas debido a la cesión de competencias a las comunidades autónomas. Estaría bien preguntarse cuántos españoles más deben morir hasta que los responsables revisen este modelo de gestión descentralizado que tanto daño ha producido a pesar de contar con excelentes profesionales.

Lo ha escrito con su habitual rigor Juan Claudio de Ramón. «Común» escribe De Ramón «es, ay, la palabra tabú en España, que enciende todas las sirenas, eriza todos los cabellos, borra todas las sonrisas y amotina, ay, a todas las izquierdas (o al menos, a los partidos que se presentan bajo esa advocación espacial)». En la misma línea y con una gran repercusión nacional e internacional, mi colega Benoît Pellistrandi se refirió a la demostración de la incapacidad española para organizar una solidaridad sanitaria interterritorial. Tan es así, señaló el hispanista francés, que sólo dos enfermos han sido trasladados del hospital de una comunidad a otra. En comparación con otras realidades cercanas, Juan Carlos de Ramón señala los casos de Italia y Francia. En Italia, que también tiene su sanidad descentralizada, en lo peor de la pandemia, durante los 67 días transcurridos desde el 9 de marzo hasta el 20 de mayo, fueron 116 los italianos pacientes de Covid-19 u otras enfermedades que, mediante ambulancia, helicóptero o avión, fueron transferidos de su lugar de residencia a una región que podía darles cuidado. De ello se ocupa la Central Remota para las Operaciones de Socorro Sanitario. En Francia, una vez que colapsaron las capacidades sanitarias de París, se medicalizaron trenes de alta velocidad para trasladar pacientes a regiones menos golpeadas por el virus.

En España también se medicalizaron trenes pero nunca llegaron a utilizarse. Como el uso de la contratación agregada o la contratación por lotes en una misma licitación para gestionar eficientemente los fondos europeos, la coordinación entre administraciones sanitarias es una demanda que obedece a la más elemental lógica de gestión pública. Los grandes partidos pueden seguir enrocados en la posición de no abordar el sinsentido de la falta de cooperación entre administraciones públicas, pero con eso sólo garantizan que los nuevos partidos abunden en su respaldo electoral. No es una cuestión de nacional populismo como gustan decir los opinadores perezosos. Es puro sentido común. Basta mirar el excelente funcionamiento del Centro Nacional de Trasplantes. Un órgano sanitario internacionalmente reconocido y sin competencias transferidas.