Carboneras da el primer paso para declarar ilegal el Algarrobico

Era una soleada mañana de invierno en Carboneras cuando María Jesús Montero, no se sabe muy bien si como vicepresidenta del Gobierno o como líder de los socialistas andaluces, se presentó en la playa del Algarrobico para dar una rueda de prensa. Era 10 de febrero y, apenas un mes antes, el Comité de Ética del PSOE la había nombrado nueva secretaria general del PSOE andaluz en sustitución de Juan Espadas en un proceso sin primarias. Aquel 10 de febrero, de espaldas a la gran mole de piedra en la que se ha convertido el polémico hotel, prometió que en cinco meses estaría derribado, pues el Gobierno iba a expropiar parte de los terrenos. Era su carta de presentación como líder de la oposición, una apuesta fuerte para medirse de tú a tú contra Juanma Moreno y tener opciones de recuperar la Junta tras los continuos batacazos de los socialistas.

Los cinco meses de plazo que dio la vicepresidenta para derribar lo que llamó «atentado medioambiental» expiraron el jueves y allí continúa el edificio, degradándose y sin visos de que desaparezca de la playa del Algarrobico, al menos a corto plazo.

Ayer, Montero, preguntada sobre esta cuestión, se limitó a echar balones fuera y criticar a la Junta por no hacer su parte. En este sentido, recordó que el Gobierno propuso a la Junta «ir de la mano» para que «también procediera a la demolición de la parte del hotel que le corresponde» mediante otra expropiación, ya que la mitad del edificio se asienta en suelos protegidos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar sobre los que el Ministerio para la Transición Ecológica carece de competencias. No obstante, la Junta descartó esta vía para centrarse en la resolución de los procedimientos judiciales.

«Son el perro del hortelano, ni hacen ni dejan de hacer», criticó la líder de los socialistas andaluces. No obstante, aclaró que la documentación para expropiar los terrenos sobre los que sí tiene potestad el Estado «está muy avanzada» y que las previsiones son que «se pueda actuar» antes de que finalice el año.

Paralelamente al proceso expropiatorio, el Ayuntamiento de Carboneras ha abierto otra vía para demoler el hotel propiedad Azata del Sol, que obtuvo la licencia de obra en 2003 cuando gobernaba en el municipio el PSOE. Por fin, y tras varias requisitorias judiciales que se llevan dilatando siete años, el consistorio carbonero ha aceptado revisar la licencia de construcción del hotel, como un primer paso para que pueda ser declarado ilegal. Ayer, el alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (CS), llevó a votación esta cuestión, que salió adelante por mayoría absoluta en un pleno muy tenso y con sonadas ausencias. No asistieron ni cinco ediles socialistas ni el ex alcalde Felipe Cayuela, aún en el PP, alegando motivos de salud o viajes.

El Pleno de Carboneras aceptó cumplir con las sentencias y revisar la licencia del hotel con los votos del PP y Andrés Belmonte, oficialmente concejal del PSOE pero apartado de las filas del partido. «El hotel del Algarrobico en su día quizás fue un sueño para el Carboneras o se vendió como un sueño, pero con el paso de los años ese se ha convertido en una pesadilla», manifestó el alcalde en su intervención en el pleno, tras recordar que el Ayuntamiento iniciará los trámites para revisar la licencia únicamente por mandato judicial. Hernández pidió tanto a la Junta como al Gobierno que dejen de usar el Algarrobico «como arma arrojadiza» y les pidió una reunión para «buscar una solución negociada, al menos con la promotora».

Por parte de los ecologistas, el delegado de Greenpeace en Andalucía, Luis Berraquero, apunta que, aunque la revisión de la licencia, «es un paso más hacia la demolición del hotel» esto no se efectuará de forma inmediata. Recuerda que una vez se revise la licencia y se publique la modificación del PGOU, «Azata del Sol empezará a mover sus fichas y a pedir una indemnización». Precisamente por eso, «el consistorio de Carboneras ha estado dilatando el proceso, pero desde Greenpeace les hemos explicado que hay antecedentes jurídicos que están de su parte y que los jueces ya han denegado a Azata otras indemnizaciones por parte de entidades públicas porque sabían que estaban construyendo en lugares ilegales».