Deniegan el indulto al acusado de maltrato que se cambió de sexo

El Gobierno central ha denegado la petición de indulto de Candy, protagonista del caso de supuesta violencia doméstica y de género, lesiones y maltrato, en el cual el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número dos de Sevilla se inhibió en favor de los juzgados de Instrucción, al alegar el inculpado que se había registrado como mujer; con relación a su condena previa a 15 meses de cárcel ya firme desde septiembre de 2023, por delitos de quebrantamiento de medida cautelar y de amenazas, en el ámbito de la violencia de género. En una comunicación gubernamental de fecha 22 de enero, el Ministerio de Presidencia y Justicia da cuenta de que el día previo, el consejo de ministros acordaba "no conceder el indulto solicitado".

Previamente, se habían posicionado en contra la Fiscalía y el Juzgado de lo Penal número tres como emisor de la condena, destacando la "peligrosidad delictiva de la persona penada" y su larga "trayectoria criminal", con "hasta ocho condenas más por diversos delitos, varias de ellas en el ámbito de la violencia de género; así como "numerosos señalamientos" por nuevas causas y la circunstancia de que pesa en su contra orden de detención e ingreso en prisión por la condena respecto a la cual pedía su indulto, al no haberse puesto "a disposición" de la Justicia. Además, el juzgado, una vez recibido el informe desfavorable de la Fiscalía a esta petición de indulto, señalaba que no se aprecian "circunstancias excepcionales" que justificasen un apoyo a la solicitud de indulto, a la que se opuso igualmente la víctima, representada por el abogado José Antonio Sires, que viene reclamando que el mandato judicial de ingreso en prisión sea cumplido "cuanto antes", porque con el mismo se "pone coto a posible nuevos quebrantamientos de condena" y se frena el "sufrimiento innecesario" de la mujer.

Ello, después de que recientemente, el Juzgado número dos de Violencia sobre la Mujer desestimase el recurso de reforma promovido por la expareja de Candy y denunciante del asunto, contra su decisión de inhibirse en favor de los juzgados de Instrucción por el mencionado cambio de sexo de esta persona antes de los hechos de presunto maltrato y violencia de género que se le achacan.

Así figura en un auto emitido el pasado 18 de octubre por el Juzgado número dos de Violencia sobre la mujer, que aborda el recurso de reforma de la representación de la denunciante, ejercida por el abogado José Antonio Sires, contra el auto de fecha 13 de agosto en el que "se acordaba la inhibición de las actuaciones al Juzgado de Instrucción, al haberse producido un cambio en la mención registral del sexo del denunciado". En el mencionado y controvertido auto de inhibición, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número dos de Sevilla acordaba derivar a los juzgados de Instrucción las actuaciones incoadas por la denuncia de una mujer contra su expareja y padre de sus hijos, por presunta violencia doméstica y de género, lesiones y maltrato; exponiendo que había sido unido a tales diligencias un auto de fecha de 6 de agosto de 2023 del Registro Civil de Carmona, "donde se acuerda la rectificación de la mención registral del sexo" del varón investigado, que "pasará a ser mujer".

Al punto, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número dos explicaba que "la nueva redacción dada por el artículo 44 de la Ley 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, establece que la competencia objetiva, en el ámbito penal del Juez de Violencia sobre la Mujer, se extenderá a la instrucción de los delitos cometidos contra quien sea o haya sido la esposa o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, así como a los descendientes, menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a potestad, cuando también se haya producido un acto de violencia de género".