La fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, ha reconocido este martes que hay "quejas" por "improvisaciones" y "falta de recursos" en la aplicación en los primeros meses de la Ley de Eficiencia de la Justicia, conocida como la Ley Bolaños, y ha asegurado que "se están ralentizando y paralizando muchos procesos porque no están bien organizadas" las nuevas oficinas judiciales.

En una declaración a medios con motivo de la reunión de la Junta de Fiscales Jefes Provincionales y de Área en Sevilla, Tárrago ha apuntado a que las "transiciones" obligan a que todos los implicados en una reforma "pongan de su parte". "Hay quejas y son razonables", ha señalado la fiscal superior de Anadalucía.

Recientemente, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha dado cuenta en comisión parlamentaria de la creación de 228 jefaturas nuevas por la Ley de Eficiencia de la Justicia, que reduce un 69% sentencias sin ejecutar. La norma ha supuesto transformar los juzgados unipersonales en tribunales de instancia colegiados en un año.

Así, Nieto ha detallado que la tercera y última fase ha sido la más compleja, al adaptar los doce partidos judiciales más grandes, con casi 5.400 funcionarios. En total Andalucía ha trasformado 85 partidos judiciales en los que trabajan 9.000 funcionarios, y ha asumido en solitario un coste de 56 millones.

En este sentido, Nieto ha detallado que la transformación del modelo de trabajo en el que los funcionarios ya no están adscritos a un juzgado concreto sino a secciones y servicios comunes ha supuesto un importante esfuerzo que ha implicado la negociación y aprobación de nuevas Relaciones de Puestos de Trabajo en cada partido judicial.

Además, Andalucía ha sido de las pocas comunidades donde se han incrementado las plantillas, con casi un centenar de nuevas plazas, y se han creado 283 puestos de jefatura que antes no existían, necesarios para coordinar la nueva estructura de trabajo en servicios y secciones comunes. En julio se adaptaron los 70 partidos judiciales más pequeños, en octubre otros tres y el 31 de diciembre la reforma entró en vigor en las ocho capitales, Algeciras, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y Motril.

Son los doce partidos judiciales más grandes, donde trabajan casi 5.400 funcionarios. En estos partidos judiciales se han creado doce nuevas plazas y 228 puestos de jefatura. Además, se han transformado 24 puestos genéricos en especializados en Violencia sobre la Mujer para reforzar esta Jurisdicción que ha asumido nuevas competencias sobre delitos sexuales.

Solo en personal, la Junta ha invertido en esta tercera fase 1,4 millones de euros, a lo que hay que sumar la adaptación de los equipos y sistemas informáticos, así como las obras en varias sedes para adecuarlas a la nueva organización del personal en servicios comunes, que requiere espacios más amplios y diáfanos. También para reforzar los Medios Alternativos de Solución de Controversias (MASC), a los que desde abril es obligatorio acudir antes de interponer una demanda civil o mercantil.

No obstante, Andalucía se adelantó a la norma con medidas y servicios pioneros de mediación que "ya están dando algunos frutos, ya que en 2022 éramos la segunda comunidad con mayor tasa de litigiosidad y según el último informe ya somos la sexta casi empatados con la séptima".