La izquierda impide un debate sobre la ley del «solo sí es sí» en el Parlamento andaluz

La izquierda –PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía– ha vetado el debate de una proposición no de ley del PP en el Pleno del Parlamento de la semana que viene. Los populares pretendían obtener un posicionamiento favorable de Cámara sobre la reforma urgente de la polémica Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, que exigiera la depuración de responsabilidades por sus efectos «indeseables».

La Junta de Portavoces del Parlamento, encargada de aprobar el orden del día del Pleno, rechazó, con los votos de estos tres grupos dicha iniciativa. El PP-A sólo encontró el apoyo de Vox.

La portavoz socialista Ángeles Férriz reclamó la aplicación del artículo 171 del Reglamento del Parlamento con el argumento de que afecta a una materia de competencia exclusiva del Estado.

«Las proposiciones no de ley que planteen propuestas de resolución a la Cámara, para que ésta manifieste una determinada voluntad o emita una declaración política en relación con materias de competencia exclusiva del Estado o de la administración local, se tramitarán ante el Pleno y sólo podrán ser incluidas en un orden del día si cuentan con el apoyo de las dos terceras partes de la Cámara o tres grupos parlamentarios que representen la mayoría de la misma», reza dicho artículo.

El portavoz del PP-A, Toni Martín, defendió la inclusión de la iniciativa en el orden del día porque ya han sido más de un centenar de agresores sexuales, muchos de ellos en Andalucía, los que se han beneficiado por la aplicación de una ley «absolutamente perniciosa». El propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, dijo esta semana que hasta 60 mujeres en Andalucía habían pedido protección por miedo a que sus agresores salgan a la calle.

Martín acusó a los grupos de la izquierda de constituirse en una «oficina de censura» parlamentaria. En concreto, en PP-A pedía en su iniciativa que el Parlamento rechazara «los efectos indeseables y las graves consecuencias que ha ocasionado la entrada en vigor» de la citada Ley, y defendiera la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y el castigo que «las víctimas y la sociedad exigen para los agresores sexuales y la exigencia inexcusable de que se asuman y depuren responsabilidades políticas por las nefastas consecuencias derivadas de su aprobación».

Concretamente, en la iniciativa se pedía una posición favorable del Parlamento a que se lleve a efecto «una revisión, por la vía de urgencia», de la citada ley orgánica, con la finalidad de que quienes cometan delitos sexuales «puedan tener, cuanto antes, las mismas penas que estaban en vigor hasta el pasado mes de septiembre.