El caso de corrupción urbanística Astapa llega a juicio 16 años después

Este lunes, 9 de enero, comenzará en la Audiencia Provincial de Málaga el macrojuicio del caso Astapa de presunta corrupción urbanística en Estepona (Málaga), con 50 personas acusadas, dieciséis años después de que se abriera el procedimiento con las cuestiones previas.

Se han fijado seis días de vista para que las partes puedan alegar y presentar los argumentos que tengan cabida en este apartado. El juicio continuará a partir del 7 de marzo todos los lunes, martes y miércoles a partir de las 10:00 horas y se dividirá en diez bloques, como ya se hizo en el caso Malaya sobre corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, una fórmula que ayudó a agilizar este macroproceso, dado que el elevado número de acusados y partes personadas en el procedimiento complica el desarrollo de la vista oral.

Otra semejanza con el caso Malaya es que las sesiones se celebrarán sólo de lunes a miércoles, para que los letrados puedan seguir atendiendo sus despachos. El primero de los bloques que se enjuiciará en el caso Astapa será sobre los convenios urbanísticos de planeamiento y habrá que esperar hasta el apartado octavo para que se trate la supuesta financiación de partidos políticos.

El fiscal, que presentó su escrito de acusación el 27 de junio de 2018, solicita 10 años y nueve meses de prisión y 38 años de inhabilitación para el exalcalde socialista de Estepona Antonio Barrientos. El exregidor está acusado de delitos continuados de falsedad, fraude, malversación, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, según el escrito provisional, que acusa a 50 personas, entre los que se encuentran exconcejales, empresarios y empleados municipales, y pide el sobreseimiento de 39.

Barrientos siempre ha defendido que actuó dentro de la legalidad y mantiene que nunca se ha enriquecido o ha obtenido beneficio fuera de las retribuciones propias de su cargo como regidor, al tiempo que incide en su escrito de defensa que los informes policiales y de la Agencia Tributaria están “plagados de errores”.

La investigación se inició en noviembre de 2006, cuando dos concejales socialistas presentaron en Madrid, ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía, un escrito acompañado de abundante documentación en el que denunciaban que en el entorno del Ayuntamiento de Estepona se podían estar cometiendo delitos relacionados con la corrupción.

En el escrito acusatorio del fiscal, que consta de 162 folios, se explica que entre 2003 y la primera mitad de 2007 el gobierno de coalición formado por el PSOE y el Partido de Estepona (PES) creó una caja B en el Ayuntamiento para poder aumentar el gasto público, que era inasumible con los recursos presupuestarios del municipio.

El fiscal mantiene que dicha caja B se nutría de aportaciones económicas de promotores y empresarios con intereses inmobiliarios, “que naturalmente no estaban obligados a soportar ningún pago que les viniera impuesto por vías de presión o mediante prácticas de desviación de poder auspiciadas por los gobernantes locales”.

Tales contribuciones se tradujeron en donaciones directas al Ayuntamiento, en patrocinios de actividades deportivas y culturales, y también en la asunción como gastos propios de las empresas de determinadas deudas que las concejalías o sociedades municipales mantenían con sus proveedores, lo que con frecuencia dio lugar a manipulaciones en el objeto de las correspondientes facturas o a la emisión de otros documentos falaces.

Los empresarios requeridos solían aceptar estas presiones para no perjudicar oportunidades de negocio y en los años siguientes se normalizó una práctica irregular que supeditaba cualquier iniciativa o medida relevante en materia urbanística, según el fiscal.