Ventajas fiscales para luchar contra la desertificación en Andalucía

Andalucía perdía una media de 1.440 hectáreas forestales al año entre 1999 y 2013 (el mayor retroceso se registró en las provincias de Huelva y Almería). La mayor parte de los terrenos que perdieron el uso forestal se transformaron en zonas cultivadas, pero también es una obviedad que la riqueza natural de la comunidad autónoma está amenazada por el cambio climático y el cambio global. La nueva Ley de Montes de Andalucía que impulsa el Gobierno de la Junta de Andalucía contempla la inclusión de «ventajas fiscales» para luchar con la desertificación y la conservación de la masa forestal del territorio.

Hasta el próximo 17 de julio, la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul tiene abierto el plazo de consultas públicas previas a la elaboración de una normativa que pretende «aclarar o matizar» preceptos de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y adaptar la norma a la legislación de la CEE sobre la materia. Por otro lado, entre las directrices de la Adecuación del Plan Forestal Andaluz Horizonte 2030, se contempla como una «necesidad inaplazable la formulación de una nueva Ley de Montes de Andalucía».

La nueva legislación forestal de Andalucía pretende colocar a los montes en el lugar que les corresponde como «pulmones vivos del planeta» y tratará de otorgar mayor protagonismo a los montes de propiedad privada, contemplando incentivos a sus propietarios, tanto fiscales, como de orden administrativo (agilización y simplificación de procedimientos) y por otra parte consolidará el Catálogo de Montes de Andalucía como instrumento de defensa del amplio elenco forestal andaluz de carácter público, otorgando sin fisuras la máxima protección a todos los montes públicos en general y, en especial, a los terrenos forestales de propiedad de la Comunidad Autónoma, como patrimonio común de todas las personas que habitan la región.

El Gobierno andaluz quiere fomentar la colaboración público-privada en la gestión de los montes públicos, la conservación y restauración de la biodiversidad, así como el fomento de la formación y la capacitación forestal, el fomento del ecoturismo y del turismo de observación de la naturaleza, junto a la dinamización de las instalaciones de uso público y otros aprovechamientos compatibles y sostenibles en los montes.

Según el Sistema de Información sobre el Patrimonio Natural de Andalucía (Sipna) la superficie de terrenos forestales en montes públicos en el año 2013 ascendía a 1,20 millones de hectáreas. A su vez, se estima en 3,45 millones de hectáreas la superficie de terrenos de titularidad privada que en el año 2013 albergaba usos forestales. Teniendo en cuenta que alrededor de un 74% de la superficie forestal es de gestión particular, es muy relevante la incidencia de dicha gestión por sus propietarios privados y su papel en el aprovechamiento y conservación de los terrenos forestales de Andalucía, repercutiendo en la generación de empleo, riqueza y servicios ecosistémicos para el conjunto de la sociedad rural y urbana.

En los terrenos forestales situados en montes de titularidad privada tienen mayor presencia y extensión las formaciones arbustivas y de matorral (28%), las formaciones claras o huecas o con baja densidad de Quercus (27%) y las formaciones herbáceas (9%), mientras que en el caso de los montes públicos existe mayor profusión de pinares (34%) seguidos por formaciones arbustivas y de matorral (27%). Según la Junta, «los montes han dejado de ser la fuente de ingresos que permitía a sus propietarios revertir las rentas obtenidas por el aprovechamiento de sus recursos naturales en su conservación y mejora»

En los terrenos forestales privados de Andalucía, la superficie de formaciones boscosas asciende a unas 840.000 hectáreas, mientras que en el conjunto de montes públicos los bosques ocupan unas 636.000 hectáreas. La superficie de montes públicos existente en Andalucía en el año 2020 ascendía a 1.265.419,38 ha, con un 48% de la superficie de titularidad de Ayuntamientos, el 45% titularidad de la Junta de Andalucía y el 7% restante perteneciente a otras entidades públicas. Granada, Jaén, Huelva y Almería son las provincias con mayor extensión territorial de montes públicos.