El Gobierno andaluz aprueba la formulación de la nueva Ley de Montes

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes la formulación de una nueva Ley de Montes de Andalucía al considerar que, tras más de treinta años con el mismo texto legal vigente, es necesario su actualización para adaptarlo al contexto actual tanto en el ámbito legislativo como en el social y medioambiental.

Con esta nueva Ley de Montes, el Gobierno andaluz busca fomentar la coordinación, cooperación y seguimiento de las actuaciones de los poderes públicos y los agentes sociales y económicos implicados en materia forestal y hacer compatible la puesta en valor y rentabilidad de los recursos disponibles con su sostenibilidad, según ha informado el portavoz del Gobierno regional, Ramón Fernández- Pacheco, tras la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo.

Con esta iniciativa se da respuesta a las necesidades del sector y coherencia a la gestión de los montes en relación con las demandas de la sociedad en su conjunto, según el Gobierno andaluz.

La elaboración de la nueva Ley de Montes deberá regirse por la simplificación normativa, la multifuncionalidad de los terrenos forestales en el marco de la gestión forestal sostenible, la adaptación de la superficie forestal al cambio climático, la inclusión de estrategias de compensación voluntaria de emisiones, la prevención de los incendios forestales y la inclusión de las Zonas Estratégicas de Gestión (ZEG) como palanca de las nuevas ordenaciones de montes.

Con este nuevo texto normativo se pretende también el fomento de la colaboración público-privada en la gestión de los montes públicos, la potenciación de los incentivos a los propietarios forestales privados y la simplificación en la tramitación de los procedimientos administrativo.

También la conservación y restauración de la biodiversidad, el fomento de la formación y la capacitación forestal, el fomento del ecoturismo y del turismo de observación de la naturaleza, así como la dinamización de las instalaciones de uso público y otros aprovechamientos compatibles y sostenibles en los montes.

Estos principios son coherentes con las orientaciones y acuerdos aprobados a nivel internacional que tienen incidencia en la superficie forestal, entre los que destacan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el planeta.

En este sentido, resultan de especial interés el ODS13 (‘Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos’) y el ODS15 (‘Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad’).

En esta línea, la nueva legislación forestal de Andalucía debe reforzar la contribución de los montes a la provisión de servicios de los ecosistemas imprescindibles para el desenvolvimiento de la sociedad, conjugando su conservación con la viabilidad del aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales y su multifuncionalidad.

También debe consolidar el Catálogo de Montes de Andalucía como el instrumento de custodia y defensa del terreno forestal público andaluz, velando por la protección de todos los montes públicos en general y, en especial, de los terrenos forestales de propiedad de la Comunidad Autónoma, como patrimonio común de todas las personas que habitan la región.

Tal y como establece el acuerdo de 14 de enero de 2020 del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación de la adecuación del Plan Forestal de Andalucía horizonte 2030, la adecuación de este Plan deberá servir de base para la revisión de la legislación forestal autonómica.

Tras haber contado con un amplio proceso de participación social, la adecuación del Plan Forestal de Andalucía está en su última fase de elaboración, por lo que sus orientaciones podrán ser incorporadas en el proceso de la revisión de la normativa forestal.

Andalucía inicia su andadura en materia de política forestal con la aprobación el 7 de febrero de 1989 del Plan Forestal Andaluz y con la promulgación, tres años después, de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, según ha explicado Fernández Pacheco.

Esta Ley lleva tres décadas de vigencia, durante los cuales ha venido y sigue siendo el instrumento legislativo de máximo rango en esta Comunidad y el propio rodaje de la normativa forestal en Andalucía durante estos treinta años ha puesto de manifiesto las lógicas distorsiones derivadas de los cambios sociales propios de tres décadas.