Cuatro años de escándalos en el Colegio de Médicos de Madrid

Las irregularidades no han dejado de sucederse desde que la actual Junta del Icomem tomara los mandos en 2012.

Desde que entró la Junta Directiva del Colegio en 2012, no han dejado de sucederse los escándalos. Las cuentas no salen a día de hoy; todavía no se han aprobado los presupuestos de ninguno de los ejercicios; las funciones de la presidencia se han visto usurpadas, la Policía ha irrumpido dos veces en la corporación y la duda sobre la legalidad de contrataciones y concursos sigue vigente.

2012, los presupuestos

El año 2012 terminó con la noticia de que la Asamblea de Compromisarios, el órgano supremo del Colegio, decidió no aprobar la propuesta presupuestaria de la nueva Junta Directiva, por lo que se prorrogó el presupuesto anterior. Durante los dos años siguientes tampoco se aprobó ninguna propuesta de presupuesto. Es más, las únicas cuentas aprobadas en todo el mandato de la Junta Directiva fueron las de 2012, y por una escasa mayoría ya en marzo de 2013.

2013, primeras denuncias

Precisamente aquel año el ambiente ya era irrespirable. La propia presidenta llegó a denunciar «presiones para dimitir», debido a que sus propuestas no parecían interesar a algunas empresas con contrato en el propio Colegio. Y no sólo eso, sino que en el mes de mayo dimitieron cuatro de los ocho vocales de la Junta Directiva, alegando «motivos personales».

También en los meses finales de 2013 se votó una modificación de los Estatutos en un intento de frenar los intereses de la correduría privada de seguros del Colegio, Uniteco Profesional. El objetivo de la presidenta no era otro que el de lograr que los servicios se adjudicasen por contratos públicos. Sin embargo, algunos compromisarios plantearon enmiendas con las que querían impedir que el Colegio pudiera realizar cualquier nueva contratación de servicios de seguros y banco, lo que suponía de facto la continuidad de la correduría ya contratada. De hecho, poco después se publicó en Sanifax un informe del anterior letrado jefe de la Asesoría Jurídica del Icomem, Ramón Hermosilla, en el que se podía leer que la modificación estatutaria que quería proponer la Junta Directiva en realidad había sido «propuesta por la empresa Uniteco».

En septiembre, un juez admitió a trámite una denuncia de un compromisario del Colegio, Guillermo Sierra, contra la presidenta del Colegio, por supuesta corrupción entre particulares. Sin embargo, pocos días después, la denuncia fue archivada y en el auto del juez se mencionó expresamente que Sierra ocultó deliberadamente que la Asamblea de Compromisarios había aprobado las cuentas y la liquidación presupuestaria de 2012. Por otro lado, y pese a que había llegado el momento de renovar la Asamblea de Compromisarios, pues habían terminado los cuatro años de mandato, esto tampoco pudo llevarse a cabo porque uno de ellos, Guillermo Sierra, y otro colegiado más, amenazaron con impugnar el proceso de renovación de la misma por un motivo administrativo aparentemente irrelevante. Finalmente, la Junta Directiva decidió anular la convocatoria de elecciones y, a día de hoy, sigue sin completarse el proceso de renovación de la Asamblea, esto es, dos años y medio después de lo que se debería. Una situación que ya fue denunciada por el ex presidente del Colegio, Miguel García Alarilla, así como por el candidato que quedó segundo en las elecciones a la Junta Directiva, Miguel Ángel Sánchez Chillón.

En los últimos meses del año, las disensiones dentro de la Junta Directiva eran notorias. Otro de los golpes se produjo cuando, sin justificación, se despidió al ex director general y, en ese momento, asesor de la Junta Directiva, Antonio Mora, por parte de algunos miembros de la Junta Directiva (pese a la abstención de otros, y la negativa de la presidenta), pese a que Mora había sido el gestor artífice del ahorro conseguido por el Colegio en 2012, y del histórico ahorro (más de un millón de euros) de 2013. Tantas irregularidades y presiones provocaron que López Arribas se viera obligada a denunciar a varios miembros de la Junta Directiva ante la Organización Médica Colegial (OMC) por presuntas irregularidades y solicitar que el Colegio fuera intervenido. El 20 de diciembre de 2013 se celebró una nueva Asamblea de Compromisarios, de nuevo tumultuosa y, además de volver a rechazar el presupuesto, numerosos compromisarios exigieron la dimisión en bloque de la Junta Directiva.

2014, los imputados

En el mes de febrero se conoció que la Junta Directiva, con la oposición de López Arribas, había convocado una Asamblea Extraordinaria de Compromisarios para crear una comisión, modificar los estatutos y convocar después elecciones. La presidenta rebatió esta propuesta con la presentación de 40 enmiendas, lo que provocó que la Junta Directiva dejase esta iniciativa en el limbo.

A esta inaudita situación se sumó una denuncia por parte de la Junta Directiva contra la presidenta, su marido, Joaquín Ruiz, y Antonio Mora, por supuesta revelación de secretos, que obtuvo respuesta en forma de una querella por parte de éstos. En septiembre fue admitida por el Juzgado nº 50. En concreto, fueron imputados la vicepresidenta, Ana Sánchez Atrio; el secretario, Emilio Villa Alcázar, y el letrado jefe de la Asesoría Jurídica, Carlos Hernández, por un supuesto delito de violación de correspondencia y revelación de secretos al utilizar presuntamente como pruebas correos electrónicos que pertenecen a direcciones personales de los demandados.

En abril, las cuentas de 2013 no fueron aprobadas en la Asamblea de Compromisarios, pero en esta ocasión a propuesta de la presidenta, ya que denunció ciertas irregularidades, y propuso que se anulase un acuerdo del resto de la Junta Directiva para renovar el contrato de Uniteco. Asimismo, propuso crear otro acuerdo para anular los contratos de los seguros colectivos de vida y viajes (suscritos a través de la misma correduría), y que se exigiera a la Junta Directiva la convocatoria de elecciones. Todas las propuestas se fallaron por mayoría a favor de López Arribas. Sin embargo, pasada la Asamblea, el resto de la Junta Directiva declaró que los mandatos de la Asamblea eran nulos y no los cumplió. La tensión existente llevó a la presidenta a solicitar la presencia policial en el siguiente pleno de la Junta Directiva. Ante la Policía, López Arribas denunció el caos colegial y, en concreto, acusó a la vicepresidenta, Ana Sánchez Atrio, y al vocal de Jubilados, Vicente Guillén, de insultarla en público.

En el mes de noviembre se conoció que se habían registrado en el Colegio 200 firmas de compromisarios para presentar una moción de censura a su Junta Directiva, un número en principio suficiente para que la moción fuera admitida. Sin embargo, el sector mayoritario de la Junta Directiva se negó, alegando deficiencias administrativas en la presentación de las firmas. Llegó el último mes del año en el que se convocó la Asamblea de Compromisarios ordinaria para aprobar las cuentas de 2015. Pero, por tercer año consecutivo, la propuesta de presupuesto de la Junta Directiva (a la que la presidenta se manifestó contraria) fue rechazada por la Asamblea por mayoría.

2015, la junta no dimite

La polémica continuó cuando la presidenta confirmó haber recibido cartas del Ministerio de Educación (propietario del edificio del Icomem) en las que se comunicaba que desde el Colegio querían adjudicar obras contraincendios por valor de cerca de 700.000 euros que no habían autorizado, pues no eran necesarias para sus funciones como Colegio. El objetivo de la Junta Directiva era, según López Arribas, obtener la licencia de funcionamiento que permitiera a la empresa adjudicataria explotar las salas del Colegio con fines comerciales (como conocidos rodajes ya realizados allí de películas y series de televisión). Finalmente, no se llevaron a cabo y desde Educación se implementó una mayor vigilancia.

Pero, si por algo se ha caracterizado este último año es por la petición de López Arribas a la OMC de la intervención de las cuentas del Colegio, denunciando que otros miembros de la Junta Directiva estaban efectuando pagos de contratos que no habían sido autorizados por la Asamblea, y en los que su firma no figuraba en las órdenes de pago. En cuanto a estas cuentas, de nuevo, ella misma propuso no aprobar las de 2014. Esta impugnación presupuestaria, por tercera vez, significaba el rechazo de las cuentas de una Junta Directiva que carecía del apoyo del máximo órgano representativo. En aquella cita la presidenta también propuso rescindir contratos externos como el de Uniteco y exigió a la Junta Directiva, que continúa impertérrita sin dimitir, que presentara un nuevo presupuesto con una rebaja del 30 por ciento de las cuotas. Y, pese a que fue aprobado por mayoría en Asamblea, el resto de la Junta Directiva se negó a cumplir los mandatos de los compromisarios. Durante un pleno, celebrado a principios de marzo, López Arribas volvió a solicitar la presencia de la Policía y denunció la falta de respeto y el supuesto acoso de la Junta Directiva que le impedía garantizar la continuidad del mismo.

En junio, López Arribas quiso rescindir contratos considerados innecesarios (entre ellos el de Uniteco) que permitía una bajada histórica de cuotas de un 30 por ciento. Presentó así un nuevo presupuesto en una Asamblea Extraordinaria que se aprobó con amplia mayoría. Un acto en el que estuvieron presentes más de 50 compromisarios que representaban a 5.000 médicos que votaron a favor de la bajada de cuotas. Sin embargo, el resto de la Junta Directiva se negó a aplicarlo, por lo que sigue recaudando la misma cuota que antes a los colegiados. Y, aunque puede haberse recurrido, a día de hoy ningún juez ha anulado el mandato de esta Asamblea, por lo que la bajada de cuotas legalmente está en vigor, aunque no se aplique.

Finalmente, el pasado 16 de noviembre se publicó la convocatoria anticipada de elecciones. El resto de la Junta Directiva y las empresas cuyos contratos no quieren rescindir se han rendido a la evidencia de que no es posible anular la rebaja de cuotas del 30 por ciento en sede judicial, ni en la Asamblea, en presencia de López Arribas. Por lo que, en estos momentos, que los médicos de Madrid consigan pagar un 30 por ciento menos dependerá de quién gane las elecciones del próximo 18 de febrero.