Construir desde la igualdad

El combustible del capitalismo que se ha revelado como el modelo económico más eficaz es, sin duda, el dinero. Inyectar capital es lo que permite que el corazón del sistema siga bombeando con fuerza y mantenga el bienestar social de los ciudadanos que viven bajo su paraguas. En España hemos tenido una evolución sin precedentes en las últimas décadas gracias al aperturismo de nuestra economía y a la implementación con Europa.

Ese binomio nos ha permitido modernizar todas las infraestructuras del país, mejorar la sanidad, que la educación llegue a todos y que las pensiones estén garantizadas. La vida tal y como la concebimos en 2017 poco o nada tiene que ver con la que teníamos después de décadas de dictadura. La descentralización de competencias que han ido asumiendo las Comunidades Autónomas han elevado las necesidades financieras para mantener el nivel de calidad de los servicios básicos.

Al margen de las transferencias de los Presupuestos Generales del Estado, la obtención de fondos europeos o la recaudación con tributos propios de las autonomías, el sistema de financiación autonómica es una piedra angular del proyecto de construcción de Estado. Y es éste el modelo que ahora está en revisión para lograr un reparto de fondos de la manera más equitativa y justa posible.

La construcción del edificio estatal debe partir de la igualdad. Y la Comunidad Valenciana, lamentablemente, no ha tenido en los últimos años un tratamiento homologable a la media nacional. Existe ahora un consenso sobre la infrafinanciación de nuestra autonomía, pese a que durante años sólo el Partido Popular predicó en el desierto denunciando esta situación sin el apoyo de quienes hoy gobiernan en la Generalitat.

Nos opusimos al modelo que José Luis Rodríguez Zapatero en 2009 impuso con tintes políticos, no técnicos, y donde contentó a otros territorios como Cataluña y Andalucía en función de intereses electorales y no mirando por la igualdad en el tratamiento de todos los españoles. En tres oportunidades pudieron tanto el PSOE como Compromís votar en contra de ese modelo y no lo hicieron. Ahora, con las riendas de la gestión en sus manos exhiben con fuerza esa desigualdad que sitúa a la Comunidad Valenciana por debajo de la media nacional.

Piden movilizaciones en la calle. Lo cual no sorprende porque en el caso, sobre todo, de los nacionalistas, es su estado natural: la agitación. El PP de la Comunidad Valenciana no va a estar en esa pancarta porque somos un partido serio que entiende que hay que resolver los problemas en su foro natural. El Consejo de Política Fiscal y Financiera, con la asistencia de los técnicos; y el Congreso de los Diputados, para modificar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, son los lugares donde daremos la batalla conjuntamente y lealmente con los actuales gobernantes –pese a que ellos nos dieron la espalda cuando lo solicitamos–.

Y lo haremos porque creemos que es de justicia que los castellonenses, valencianos y alicantinos tengan las mismas armas financieras que el resto de ciudadanos españoles para tener una calidad asistencial propia de un país desarrollado sin tener que incurrir en el déficit. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se reunió esta semana con el presidente valenciano, Ximo Puig, y le dio garantías de que la modificación del modelo se pondrá en marcha antes finalizar este año. Esto es lo importante.

La manifestación no ayuda a mejorar el modelo, no lo cambia, y sí contribuye a agitar la sociedad, a tensionar más y a hacer más evidente la contradicción de PSOE y Compromís (Podemos no existía entonces) que pudieron votar contra el modelo y no lo hicieron, es más, lo apoyaron en 2009 con Puig y la consejera de Sanidad, Carmen Montón, en el Congreso. Consolidaron un monumental agravio contra la Comunidad Valenciana.

Necesitamos prudencia, sosiego, altura de miras y responsabilidad. Dejar que los expertos encuentren la mejor fórmula para que los valencianos estemos a la altura del resto en materia de financiación. Y los políticos tenemos la obligación de demostrar en los foros pertinentes, con datos e informes, esa infrafinanciación.

El Gobierno que encabeza Mariano Rajoy ya ha demostrado que la Comunidad Valenciana es una prioridad. Las inversiones a través de Fomento van a ayudar a dar un segundo impulso a la región. Es por ello que espero que Ximo Puig no sea prisionero de Mónica Oltra una vez más.

Recuerdo que el año pasado cuando PP y PSOE pactaron aumentar el techo de gasto para las Comunidades Autónomas en 5.000 millones de euros (de los que 850 eran para los valencianos) el PSPV votó negativamente porque Oltra y otros dirigentes de Compromís dijeron que votasen que no. Ese perjuicio lo hemos arrastrado en el presente ejercicio y no se puede repetir el mismo error. Despreciar esa cantidad millonaria demostró que perseguían más erosionar al Gobierno de España que no la defensa de los intereses de los valencianos. Construyamos desde la igualdad y con responsabilidad. Nadie entendería otro proceder.