Ofensiva fiscal

El desempeño de los partidos políticos al frente de los Gobiernos se puede analizar con el transcurrir de los años de forma certera. Fruto de esta observación ha permanecido el estigma entre los partidos de izquierda sobre su “vampirización” de los ciudadanos en cuanto llegan al poder merced a subidas considerables en la aplicación de los impuestos y de las tasas.

Ésta es una de las cuestiones que siempre se confrontan en cada proceso electoral en España y en los países de nuestro entorno europeo. Cuando el PSOE se echó en brazos de Compromís en la Comunidad Valenciana, con el apoyo de Podemos, ya advertimos a los ciudadanos que pronto se produciría un repunte de la presión fiscal y ahora, con tristeza, descubrimos que así será.

La presentación de los Presupuestos de la Generalitat para 2017 no hacen sino corroborar que la izquierda tiene la peligrosa costumbre de gastar más de lo que ingresa para pagarse sus caprichos y luego se ve obligada a cubrir esa descompensación pidiendo un esfuerzo adicional al bolsillo de los ciudadanos. Ximo Puig y Mónica Oltra, con el permiso de Antonio Montiel, han invertido meses en diseñar una estructura administrativa a su servicio que es mucho más onerosa para las arcas públicas que cuando el PP gobernaba en la región.

Los Presupuestos han desvelado que en dos años hemos pasado de destinar el 86,8% de las partidas a gasto social, como el último diseñado por el PP, a un total de 84,6%. Dos puntos menos que tienen su origen en esos caprichos de la izquierda obsesionada con la colocación de afines en la Administración. Nuevas agencias, subidas de sueldo a altos cargo –por encima de lo que crecen las pensiones– y contrataciones sin límite dibujan este Presupuesto para 2017 al que Puig y compañía ponen el broche contemplando unos ingresos de 1.325 millones de euros ficticios, ya que corresponden a una mejor financiación de la región que aún no se está abordando.

¿Cómo compensar ese desfase? Muy fácil: aplicando una subida impositiva difícil de justificar en una crisis tan profunda como la actual. La presión fiscal va a llegar a todos los valencianos a través del IRPF (que sube un 17%) y de las herencias y donaciones que son un objetivo de esa subida indiscriminada. Y es que la bonificación del 75% en las herencias sólo se mantendrá para los hijos menores de 21 años y por encima de esa edad se reducirá al 50%. Otro apartado damnificado en esta subida acordada por el tripartito será el de las donaciones donde se elimina la bonificación por parentesco que hasta ahora era del 75%.

El patrimonio de los valencianos tampoco escapa a esta subida desmesurada y un incremento del 25% en el tipo impositivo coloca a la Comunidad Valenciana en el segundo puesto del ránking nacional frente a otras autonomías como Madrid donde no se paga ni un euro por este concepto. El total de recaudación previsto por este ataque a la economía de los valencianos es de 840 millones.

Reactivar la economía no es fácil pero dejar más dinero en poder de los ciudadanos favorece que el círculo de consumo e inversiones vaya al alza y redunde en un incremento de ingresos para la Administración. La política fiscal del tripartito va, sin embargo, en sentido contrario, mermando la capacidad de actuación de los ciudadanos en esa rueda económica aplicando una visión cortoplacista que será contraproducente para mejorar la coyuntura actual.

En su lenguaje demagógico el actual Consell asegura que la subida de impuestos afectará fundamentalmente a los ricos. Esta falacia ya no tiene cabida en una sociedad inteligente y formada como la valenciana que sabe que la subida es para todos y que los ricos siempre tienen la posibilidad de irse a otras Comunidades Autónomas donde puedan pagar menos impuestos.

Los recortes en Sanidad (con 400 millones de euros menos) o las aportaciones menguantes para las políticas de empleo (pese a ser el principal problema de los valencianos), son otras decepciones de estos Presupuestos que comienzan ahora el trámite parlamentario y que no son los que necesita la región para empezar a salir con fuerza de la crisis económica y convertirse en un motor de riqueza para el país.

Por si fuera poco la opacidad, a través de la cuenta de gastos diversos, ha crecido más de un 80% sin explicaciones convincentes. Son demasiadas lagunas en unas cuentas autonómicas que deberían impulsar los atisbos de mejora en la economía regional y que son en realidad un freno a esas expectativas con ingresos apoyados en futuribles que, de no cumplirse, volverán a suponer recortes en partidas presupuestarias que derivan en la pérdida de calidad asistencial a los valencianos. Este año ya ha sucedido y todo indica que en 2017 volverá a pasar. El estigma permanece.