Sonrojante agencia de colocación

La llegada del binomio socialistas-nacionalistas al Gobierno autonómico valenciano, con el respaldo externo pero necesario desde las Cortes Valencianas de Podemos, se anunció con la promesa de borrar errores que le costaron al PP pasar a la oposición después de más de dos décadas de sustentar la gestión de la Generalitat –en las que también hubo inmensos aciertos–. Ximo Puig y Mónica Oltra, con la aquiescencia de Antonio Montiel, han demostrado en el año y medio de legislatura que se ha consumido que sus eslóganes han sido olvidados a la hora de convertirlos en realidad.

Compromís abrió la pasada legislatura una página web en la que animaba a los ciudadanos de forma anónima a denunciar a personas que formaban parte de la Administración autonómica o del ámbito local y si sospechaban que podían ser afines al Partido Popular. Bajo el título de “Desenxufals” (Desenchúfalos) Mónica Oltra y destacados dirigentes de Compromís como el actual presidente de las Cortes, Enric Morera, o la diputada ilicitana Mireia Mollà comenzaron esta “caza de brujas” que al poco tiempo se abandonó por la nula colaboración ciudadana.

Ahora, en dieciocho meses, el Gobierno valenciano se ha convertido en una agencia de colocación de familiares y amigos del tripartito. El capítulo más explícito de este afán por practicar el nepotismo se vivió recientemente con el comisionado del Hospital de Alzira, Josep Sanfeliu, quien aseguró que cuando el citado centro recupere la gestión pública (ahora está en un régimen de concierto) “se creará una bolsa de trabajo y meteremos a todos nuestro familiares, amigos y conocidos”.

Claro está que tuvo que dimitir pero ni la consejera de Sanidad, Carmen Montón, ni la vicepresidenta, Mónica Oltra, han querido dar explicaciones sobre lo sucedido que es de una gravedad extrema. Revela el funcionamiento de la Generalitat que solo rescata a personas afines sin más mérito que ser amigo o tener algún grado de familiaridad con sus dirigentes. Esta práctica execrable se ha extendido a todos los escalones y departamentos de la Generalitat y empresas públicas. Los principios de publicidad y concurrencia que deben marcar la contratación pública han sido apartados de la praxis de Puig y Oltra.

La familia de Mireia Mollà, cuyo padre es el líder Iniciativa (el partido de Oltra que se integra en Compromís) está bien sustentada en esta práctica. Ella misma está en las Cortes y en el Ayuntamiento de Elche; su hermana Cristina ha sido nombrada asesora del consejero de Transparencia, Manuel Alcaraz; y su hermano Lluís ha sido elegido asesor de la senadora de Compromís Dolors Pérez. Todos con sueldo público.

Mónica Oltra también se ha sumado a esta “moda” y ha colocado a su ex pareja, Miquel Real, como jefe de gabinete de su departamento. Y en clave política fichó al que fuera candidato de Esquerra Unida a la Presidencia de la Generalitat en las últimas elecciones, Ignacio Blanco, y lo incorporó al gabinete técnico de su Consejería para tener a un potencial aliado en las urnas. Y es que Blanco, funcionario de carrera, estaba adscrito a la Consejería de Justicia que está en manos de la independiente Gabriela Bravo a propuesta del PSPV.

La consejera de Sanidad, Carmen Montón, ha recibido innumerables críticas de los profesionales médicos al colocar a gente afín como gerentes de hospitales aunque no tuvieran una experiencia que recomendara su nombramiento como es el caso de la titular de La Fe, la entonces senadora del PSC, Mónica Almiñana. Otra aspirante al cargo presentó alegaciones, sin éxito, contra este “dedazo”. El propio marido de Montón, Alberto Hernández, se vio forzado a dejar la gerencia de la empresa público-privada Egevasa después de airearse su nombramiento. No llegó a tomar posesión del cargo con el consiguiente enfado de Ximo Puig, ya que Hernández es una persona cercana a varios de sus colaboradores.

Ximo Puig ha abusado de esta práctica, también por motivos políticos, y ha tenido a bien colocar a dedo al número dos del PSPV, Francesc Romeu, en la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana para garantizarse un congreso tranquilo ante su actual debilidad orgánica.

Y si hablamos del alcalde de Valencia, Joan Ribó, no se ha querido quedar fuera de este aluvión de favores entrecruzados. Su mujer, que era profesora de inglés en un instituto antes de que fuese primer edil, logró mediante una comisión de servicios una plaza de asesora en el servicio de formación del profesorado. El favor se lo hizo el departamento que dirige Vicent Marzà, consejero de Educación y miembro pujante del Bloc, partido mayoritario dentro de Compromís.

Son meros ejemplos de una actitud en el desempeño del poder que muestran el carácter autoritario de los líderes del tripartito y su desprecio a las normas básicas de contratación pública, en algunos casos, y de favoritismo por razones familiares o de amistad en muchos otros. Merecen otros veinte años de oposición y en ello trabajamos.