Apoyo al empleo en el medio rural e impulso a la inserción laboral de personas con discapacidad

Que cada vez más personas con alguna discapacidad puedan encontrar un puesto de trabajo con el que ganar en autonomía, estima y poder labrarse un futuro es una de las prioridades del Gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco en esta legislatura. También lo es que este empleo se cree en el medio rural, para dinamizar su economía y evitar también que se siga marchando la gente a otros lugares para ganarse la vida.

Por este motivo, la Consejería de Empleo e Industria ha puesto en marcha una serie de ayudas con las que trata de matar dos pájaros de un tiro, como suele decirse por estos lares. Así, esta línea de subvenciones van dirigidas a los pueblos pequeños y medianos de la Comunidad para llevar a cabo obras y labores de utilidad pública y de interés social para el municipio pero, además, los beneficiarios han de ser personas que tengan alguna discapacidad.

Empleos renovables

De hecho, los empleos se vinculan a proyectos relacionados con las energías renovables, la eficiencia energética, la gestión de residuos, la depuración de aguas o la conservación de zonas naturales, así como para la mejora de espacios públicos urbanos y áreas recreativas; a iniciativas de promoción de la cultura y el turismo locales, o al despliegue de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

El departamento que dirige Germán Barrios ha concedido cerca de siete millones de euros, 6,7 para ser más exactos, a un total de 822 municipios de la Comunidad para promover la contratación de 1.318 personas con discapacidad. Unas ayudas que, según destaca la Junta en una comunicado, están cofinanciadas al 50 por ciento por el Fondo Social Europeo (FSE) con la que se pretende dinamizar el medio rural. Estas subvenciones financian los costes salariales y de Seguridad Social derivados de la contratación temporal de desempleados que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.

La convocatoria de este ejercicio tenía un presupuesto inicial de cinco millones de euros y se ha ampliado hasta cerca de siete millones para llegar a más beneficiarios. Esta ampliación del crédito ha permitido conceder subvenciones a estos 822 municipios, lo que significan 26 más que hace un año para financiar la contratación de 1.318 personas con discapacidad, que suponen 52 más también que el pasado 2018.