El Procurador del Común pide que no se prive a ningún ciudadano del tratamiento para el Covid-19 “con independencia de la edad”

El Procurador del Común, entidad que preside Tomás Quintana, solicitó a la Consejería de Sanidad la realización de “todos los esfuerzos humanamente posibles para que no se prive a ningún ciudadano del tratamiento requerido para curar la enfermedad, con independencia de la edad”. Asimismo, se interesó por los esfuerzos que están llevando a cabo en esta pandemia.

Con referencia a los especiales problemas que se derivan de la crisis sanitaria, también actuó de oficio para conocer si hay una particular prevalencia de la infección por Covid-19 y con qué efectos en el medio rural, teniendo en cuenta las condiciones de dispersión demográfica, envejecimiento y afectación pluripatológica de una parte importante de la población que reside en los municipios rurales de la Comunidad, así como el desplazamiento que muchos ciudadanos han hecho desde las ciudades hacía los pueblos durante la situación de confinamiento, con objeto de que la administración sanitaria haga una descripción y valoración de los medios humanos y materiales que está empleando para prestar el servicio de salud en el medio rural en las actuales circunstancias.

Por último, otra de las actuaciones recientemente promovidas por el Procurador del Común se justifica en las dificultades a las que tienen que enfrentarse los estudiantes de los diferentes niveles educativos medios y superiores que, una vez suspendida la actividad educativa presencial, han regresado a sus pueblos, para confinarse en sus casas, desde las que han de continuar su formación y, en su caso, someterse a la evaluación de conocimientos, en muchos casos con escasos medios tecnológicos y, sobre todo, cuando se trata de pequeñas localidades, con el inconveniente que supone carecer de conexión a internet o ser de mala calidad.

Sobre estas situaciones, el Procurador del Común ha llamado la atención de la Consejería de Educación y de las cuatro Universidades públicas de la Comunidad para que arbitren las soluciones que garanticen el derecho a la educación y la igualdad de oportunidades de estos alumnos.