La teleasistencia personal avanzada llega para quedarse

La asistencia personal y la teleasistencia avanzada que han recibido las personas con discapacidad o dependientes durante estos dos meses que llevamos de pandemia son las dos prestaciones que ofrece el Gobierno autonómico a estos colectivos que mejor han funcionado y que van a salir más reforzadas tras esta crisis sanitaria. O lo que es lo mismo, que han llegado para quedarse.

Así lo aseguraba este lunes el director general de Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Atención a la Dependencia, Pablo Rodríguez Hoyos, durante su comparecencia, a petición del PP, en la Comisión de Discapacidad de las Cortes de Castilla y León, donde volvía a tender la mano a la oposición socialista principalmente para consensuar un pacto por el futuro modelo residencial de la Comunidad.

Durante una de sus intervenciones, Hoyos destacaba la “flexibilización” llevada a cabo por la Junta en la atención individualizada de las personas con discapacidad y dependientes ante las complicaciones que han ido surgiendo durante esta crisis sanitaria, como por ejemplo en la resolución de ayudas de emergencia social que se ha reducido a seis o siete días para cubrir las necesidades básicas, o haber readpatado la asistencia a aquellos usuarios de residencias o centros de día que han cerrado por el confinamiento u otras circunstancias, lo que ha llevado a la Junta adesarrollar la teleasistencia personal. "Ha demostrado que se puede controlar y contactar con personas de forma no presencial y con un buen rendimiento”, aseguraba, al referirse principalmente a aquellas personas que han necesitado hospitalización y que, al recibir el alta, no han podido retornar a sus centros para evitar contagiar al resto de residentes o, por el contrario, para no contraerlo en caso negativo.

En este sentido, apuntaba a las plazas residenciales intermedias que se han habilitado para tal fin y poder atender a estas personas con discapacidad o dependientes que han superado la Covid-19 y no han podido retornar a sus centros de atención, así como a aquellos que residen en su vivienda familiar y también han sido hospitalizados pero que tras recibir el alta no han podido retornar a su hogar.

“Hay cosas no se han hecho del todo bien y habrá que aprender”, reconocía el director, si bien, aseguraba, contundente, que se ha trabajado mucho y bien para poder doblegar a todos los contratiempos que han ido surgiendo y por ello llamaba a la oposición a no caer en el derrotismo total y poner en valor las fortalezas del sistema sociosanitario de la Comunidad.

Peticiones de la oposición

Durante el debate parlamentario, el procurador socialista, Rubén Illera, recogía el guante de avanzar juntos y consensuar un nuevo modelo residencial para Castilla y León, pero dicho esto se lanzaba a la yugular de la Junta para denunciar que no se hayan hecho las suficientes pruebas de detección del virus a usuarios y trabajadores así como de la entrega de material defectuoso. Rubén Illera criticaba que la Junta ha actuado como una “gestoría” de fondos del Estado y lamentaba que no haya hecho “nada de nada” que no estuviera ya previsto ni haya habilitado “ningún crédito extraordinario”. Igualmente, reclamaba la apertura de centros de educación especial durante los meses de julio y agosto y, para finalizar, llamaba a trabajar juntos en esta Comisión de Discapacidad del parlamento autonómico “para no defraudar las expectativas de las más de 180.000 personas con discapacidad de esta Comunidad”.

María Teresa Gago, de Ciudadanos, hacía hincapié, por su parte, en las debilidades y carencias que esta pandemia ha puesto de manifiesto en el sector de la Dependencia, y pedía medidas excepcionales para atender a unas personas que no pueden respetar la distancia social para evitar contagiarse así como para que puedan escapar de un escenario de pobreza y exclusión social.

Desde Vox, el procurador Jesús García-Conde pedía una ‘desescalada’ en los centros de educación especial, además de pruebas “masivas” a usuarios y trabajadores, un fondo para cubrir el “excesivo” gasto que ha habido en el sector y medidas que favorezcan el uso de mascarillas entre las personas sordas o que estas personas tengan prioridad en el comercio o el transporte al colectivo.