La Justicia avala en el juicio la idoneidad y proporcionalidad de las restricciones en Valladolid

No por esperado deja de ser noticia, pero este viernes, la Justicia ha ratificado por segunda vez la decisión que tomaba ayer jueves por la vía de urgencia de avalar las nuevas restricciones aprobadas por el Gobierno autonómico para frenar la expansión de la Covid en la ciudad.

Tras escuchar a los letrados de la Junta y del Ayuntamiento de Valladolid, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha vuelto a fallar en favor del Ejecutivo regional al considerar, entre otras cuestiones, que el Ayuntamiento que preside el socialista Óscar Puente “no ha justificado los perjuicios de imposible reparación que conllevarían las restricciones” como la principal causa que alegaban. De hecho, el auto señala que no ha quedado acreditada “mínimamente” la irreparabilidad de los daños, que estos solo serían patrimoniales y por ello “reparables”, y que además cabe pensar que se han suscrito seguros para que los perjudicados puedan paliar las pérdidas.

Asimismo, el Alto Tribunal recuerda en el fallo que el Ayuntamiento, era consciente de la “precariedad” de las actividades organizadas debido a la pandemia ya que la evolución de la misma impide hacer previsiones, y eso a pesar de que cumplieran con todas las medidas de seguridad.

Y, finalmente, el TSJCyL apunta en su resolución que las medidas puestas en marcha por la Junta, como las limitaciones de aforo, son proporcionales, coherentes y adecuadas a la situación actual de la ciudad de Valladolid, donde ya existe transmisión comunitaria “elevada”. ya que están encaminadas a evitar la propagación de la enfermedad.

Durante la vista, el letrado de la Junta de Castilla y León, Daniel Fernández, defendía que el 87,98 por ciento (893 de 1.015) de los contagiados en Valladolid no tienen vinculación con brotes detectados, por lo que existe en el municipio transmisión comunitaria que justifica la necesidad de tomar medidas restrictivas. Asimismo, detallaba que la incidencia en la ciudad es de 21,79 contagiados por cada 10.000 habitantes en una semana frente a los 21,24 de media nacional en los últimos 14 días, por lo que al ser prácticamente el doble demuestra según la administración autonómica que la expansión del COVID-19 “crece de manera mucho más rápida” en Valladolid que en el conjunto de España, informa Efe.

Por su parte, el letrado del Consistorio, Rafael Guerrero, ha pedido que no se dilucide entre la salud pública o el ejercicio económico y cultural, pues “no es cierto que el Ayuntamiento solo siga intereses económicos”, ha defendido. Su principal argumento ha sido la falta de proporcionalidad en las medidas adoptadas por las Junta respecto a los aforos, pues aunque el Ayuntamiento considera “loable” las intenciones, las ven “totalmente desproporcionadas”, al no contar con ningún informe médico que avale el aforo máximo de 25 personas sin tener en cuenta la capacidad del recinto.

Finalmente, insistía en que las medidas que tiene previsto implantar el Ayuntamiento vallisoletano en las ochenta actividades programadas son más estrictas que las promulgadas en el acuerdo del 20 de agosto de la Junta, pues establecen aforos de entre el 8 y el 22 por ciento en el Teatro Calderón cuando en dicha orden se fijaba el 50 por ciento.

Valoraciones de Igea y Puente

Nada más conocerse la resolución, el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, aprovechaba una vez más su activo perfil de Twitter para salir en defensa de la Justicia al asegurar que ésta es “siempre una garantía” y que por ello los vallisoletanos, en este caso, “pueden sentirse tranquilos”.

Asimismo, y una vez ratificadas por el Alto Tribunal las medidas adoptadas por el Ejecutivo autonómico, Igea apuntaba que ahora tienen que ser las administraciones quienes se encarguen de “cumplir y hacer cumplir las leyes”. Mientras tanto apelaba a la necesidad de proteger y servir a los ciudadanos de Valladolid y llamaba a hacer “una lectura pausada” de la sentencia emitida por el TSJCyL.

Por su parte, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, no menos activo en esta red social que el vicepresidente de la Junta, donde mantienen enconadas discusiones, hacía también su particular valoración sobre la decisión de la Justicia. En primer lugar,, el primer edil lamentaba las molestias ocasionadas por la suspensión de las actividades previstas para los próximos días en la ciudad coincidiendo con las fechas de las celebraciones festivas, así como que el Alto Tribunal no haya aceptado las propuestas del Ayuntamiento por lo que se ve obligado a suspender el programa definitivamente.

“La justicia no ha admitido las medidas cautelarísimas, así que el programa de actividades culturales queda suspendido”, decía, a la vez que anunciaba la suspensión también de la Feria de Muestras, que tenía previsto abrir sus puertas el miércoles de la próxima semana. “Sentimos las molestias”, escribía.