Ampliado el plazo de solicitudes de ayudas directas a pymes y autónomos de Castilla y León hasta el 20 de julio

La Consejería de Economía y Hacienda amplía el plazo de solicitud de ayudas de las ayudas directas a autónomos y empresas hasta el próximo 20 de julio, con la publicación, hoy en el BOCYL, de la modificación de la orden EYH/625/2021, de 17 de mayo, que aprobó las bases reguladoras de las ayudas directas, a autónomos y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado.

Asimismo, la orden modifica también la forma de percepción de la ayuda con el objetivo de lograr que los beneficiarios puedan recibir el importe total de las ayudas en un plazo más corto, que ya no estará sujeta a criterios de priorización en su otorgamiento.

Así, la cuantía de la ayuda coincidirá con el importe de la deuda y los costes fijos incurridos devengados entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021, de forma que para los autónomos y pymes que apliquen el régimen de estimación objetiva en el IRPF, el límite de ayuda será de 3.000 euros. Para el resto de empresarios y autónomos cuyo volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración en el IVA haya caído más del 30 % en el año 2020 respecto al año 2019, el importe no podrá ser inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000 euros.

Estas modificaciones se han realizado tras comprobar que el número de solicitudes de ayudas es mucho menor del esperado. De acuerdo con lo manifestado por un importante número de posibles beneficiarios, las exigentes condiciones y requisitos establecidos en el propio Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de marzo, para la obtención de las ayudas imponen una restricción de acceso a las mismas. En concreto, la finalidad de la ayuda está limitada exclusivamente al pago de deudas vivas, y a los requisitos de caída mínima en el volumen de operaciones o la intensidad de la ayuda sobre la caída adicional respecto de la mínima exigida. Requisitos todos ellos alejados de la situación que viven los autónomos y empresas más perjudicados por la pandemia.

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, pidió en una carta remitida a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, el pasado 24 de junio, una revisión de los requisitos y la flexibilización de los criterios para que más autónomos y pymes puedan acceder a las ayudas directas que la Junta de Castilla y León conforme a los criterios del Gobierno de España.

Castilla y León ha remitido un total de 6.782 solicitudes de ayudas directas a autónomos y empresas, de las cuales 1.108 han sido remitidas ayer a la Agencia Tributaria (AEAT), para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado, para continuar apoyando a quienes están sufriendo la caída de sus ingresos a causa de la crisis provocada por el COVID-19.

Tal y como se establece en el Real Decreto-Ley 5/202, la Comunidad ha remitido a la AEAT la documentación relacionada con las peticiones de subvenciones directas, a la espera del informe favorable para proceder a su concesión y posterior pago.

Cuando la Agencia Tributaria certifique que los solicitantes cumplen con los requisitos, la Junta de Castilla y León podrá comenzar a tramitar el pago de las ayudas.

Castilla y León ha sido la segunda Comunidad en convocar las ayudas con el objetivo de que lleguen lo antes posible a los autónomos y pymes. Asimismo, la Junta, para facilitar el acceso a las ayudas directas, aumentó hasta los 184 los sectores de actividad, 89 más que los propuestos por el Real Decreto Ley del Gobierno, lo que ha supuesto incrementar un 94 por ciento las actividades económicas a las que pueden llegar estas ayudas y con ello beneficiar al mayor número de empresarios afectados por la pandemia.

Por otra parte, la Junta de Castilla y León ha articulado un procedimiento ágil y simplificado para la tramitación de las solicitudes, con la menor carga burocrática para los solicitantes, utilizando siempre que sea posible la fórmula de la declaración responsable y sin exigir requisitos adicionales a los previstos en la normativa. Así, en todo el procedimiento será obligatoria la tramitación electrónica.