Economía

CEOE Castilla y León exige el acceso de pymes, micropymes y autónomos a los fondos de la UE

Los empresarios denuncian un grado de ejecución “bajísimo” y sentencia que “la colaboración público-privada se hace ahora más necesaria que nunca”

El presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio
El presidente de CEOE Castilla y León, Santiago AparicioNacho Valverde

Los empresarios de Castilla y León exigieron el acceso de todas las empresas, pymes, micropymes y autónomos, a los fondos europeos y denunció que “a día de hoy, nos encontramos con un grado de ejecución bajísimo, y va a ser indispensable que acelere a todo gas el próximo año”.

CEOE Castilla y León analizó para Ical los retos del año que comienza y exigió " eficacia y eficiencia” en la gestión pública para “impulsar y facilitar el aterrizaje en la economía real de dichos fondos”. En este sentido, sostuvieron que la colaboración público-privada “se hace ahora más necesaria que nunca si queremos lograr un nivel de ejecución alto de estos fondos europeos, que deje atrás la experiencia recorrida estos últimos años donde apenas se ha alcanzado un nivel del 40 por ciento”.

La patronal autonómica trasladó que quiere colaborar para que se canalicen cuanto antes los fondos a las empresas, para que “se gestione con mayor eficiencia dichos fondos y para que los resultados sean realmente los esperados en los proyectos que compiten para obtener dicha financiación”.

En este punto, CEOE Castilla y León seguirá insistiendo que los fondos europeos son la “palanca fundamental para que se produzca la necesaria transformación del modelo económico”. “Suponen una inyección adicional de recursos económicos para que se pueda avanzar con mayor celeridad en la consecución de tan ambiciosos y necesarios retos, que son los que nos van a permitir alcanzar un reforzamiento de nuestra posición geoestratégica y competitiva”, resumieron.

CEOE en la Comunidad aseguró que “está claro” que la posibilidad de disponer de toda esta financiación es una “gran oportunidad”, pero al mismo tiempo supone “una mayor gestión que, en el caso de España, se encuentra encorsetada por un amplio y complejo tejido normativo y burocrático, que hay que desenmarañar”.