El Juzgado de Primera Instancia número 1 de León ha dictado un auto por el que ordena a la dirección de la asociación profesional de guardias civiles Justicia para la

Guardia Civil (Jucil) el restablecimiento inmediato de todos los derechos como socios y en sus funciones como delegados provinciales a varios miembros de esta asociación que fueron suspendidos sin expediente previo ni posibilidad de defensa.

Esta decisión, de carácter cautelar, se enmarca en el procedimiento civil iniciado por los demandantes que pertenecían al núcleo organizativo de JUCIL en varias provincias y que fueron apartados de sus funciones por el actual Comité Ejecutivo Nacional (CEN), sin resolución motivada ni audiencia contradictoria, según informan fuentes de la corriente interna de la organización Regeneremos Jucil, que pleitea incluso en el ámbito penal contra el secretario general, Ernesto Vilariño. En ambos casos las denuncias se plantean en León por estar situada aquí la sede nacional de la asociación.

El auto judicial destaca que la medida adoptada por el CEN vulneró derechos esenciales como el principio de audiencia, la tutela judicial efectiva y el derecho a participar en condiciones democráticas en el seno de una asociación profesional.

La plataforma Regeneremos Jucil, impulsora de este procedimiento judicial, valora este auto como “una victoria del sentido común, del respeto a la ley y del principio de participación que debe regir cualquier organización, especialmente una que representa a servidores públicos como los guardias civiles”. Uno de sus portavoces ha señalado que en Jucil, gracias a la acción de la justicia, "dejan de existir verdades indiscutibles". Asimismo, señalan que han plantado cara a la cúpula de la asociación mayoritaria y apuntan que con la respuesta judicial ésta debería de dimitir de inmediato.

"La anomalía no puede prolongarse teniendo en cuenta que el texto judicial subraya la falta de transparencia en los procedimientos sancionadores impuestos por el Comité Ejecutivo Nacional, sus decisiones la falta de diálogo y el desprecio por los estatutos ya no pueden seguir rigiendo la vida interna de esta asociación”, afirman.

Apelación

Por su parte, desde la actual directiva de Jucil han anunciado que apelarán este auto y precisan que su contenido es, simplemente, que la medida cautelar de suspensión acordada contra los expedientados "queda cautelarmente sin efecto”.

En este sentido, señalan que el texto judicial "no anula ni suspende" la tramitación de los expedientes sancionadores, que siguen su curso. Algo que, según advierten, la plataforma Regeneremos Jucil omite en su nota de prensa "de forma interesada". Además, apuntan que el secretario general de Jucil ha declarado en los Juzgados de León, como querellante, en las diligencias previas incoadas contra miembros de dicha plataforma, por presuntos delitos cometidos por éstos de injurias, calumnias y coacciones”.

Asimismo, Jucil asegura que el auto “en ningún momento alude a falta de transparencia en los procedimientos sancionadores impuestos por el Comité Ejecutivo Nacional, sus decisiones la falta de diálogo y el desprecio por los estatutos, ni la concentración de poder en una dirección que no garantiza el respeto a los principios democráticos”. Y que "tampoco" se ha pronunciado sobre los métodos disciplinarios de Jucil, ya que solo ha abordado la medida cautelar. "Es sencillamente falso”, afirman.

También lamentan "enormemente" que su anterior secretario de comunicación, Agustín Leal, encabece una supuesta plataforma o corriente que está actuando contra Jucil "como represalia por no haber contratado a la empresa de comunicación que él quería mantener estando obligado a abandonar el CEN por dejar de reunir los requisitos legales para ello. Y, para finalizar, dede Jucil avanzan que van a responder a la etiqueta #regeneremosjucil con esta otra: #nopuedenconjucil.

Querella

Ernesto Vilariño, secretario general de JUCIL, asociación mayoritaria de la Guardia Civil, ha confirmado hoy en el juzgado número 4 de León los argumentos y las pruebas de la querella presentada contra el exsecretario nacional de comunicación, Agustín Leal, y otros cuatro miembros de la organización por calumnias e injurias graves, revelación de secretos y coacciones.

Tras la admisión a trámite de la querella, el juzgado ha puesto en marcha las actuaciones que pueden conducir a la apertura de juicio oral. Los hechos objeto de la querella se remontan a principios de este año cuando un reducido grupo de miembros de Jucil acusaron al secretario general de diversas irregularidades.

El texto de la querella señala que “los querellados, valiéndose de su condición de miembros de Jucil, con acceso a información interna de la asociación, han actuado de manera coordinada con el propósito de desacreditar a Ernesto Vilariño, utilizando estrategias basadas en la difusión de informaciones falsas, la filtración de documentos internos y la manipulación de la opinión pública”.

La querella contiene pruebas fehacientes de la actuación de este grupo, cuyo fin es desprestigiar a la actual dirección nacional, de la que el principal encausado, Agustín Leal, formó parte hasta su dimisión el pasado día 8 de diciembre, y desestabilizar a la asociación mediante acusaciones infundadas.

El pasado día 10 de marzo la dirección nacional de JUCIL dio todo tipo de explicaciones a los secretarios provinciales en una reunión informativa realizada en Madrid. Con el fin de despejar cualquier duda respecto a la gestión económica de la asociación, también encargó una auditoría, cuyos resultados serán compartidos con todos los socios cuando concluya.