La Consejería de la Presidencia, que dirige Luis Miguel González Gago, informó al Consejo de Gobierno de que la próxima semana se publicará la convocatoria para constituir una nueva bolsa de secretarios-interventores interinos, destinados a realizar las funciones administrativas y económicas de los pueblos de pequeño tamaño de la Comunidad. Tras el éxito de la primera convocatoria, se ofertarán un diez por ciento más de plazas para el curso que da acceso a la bolsa, y se darán más facilidades a los aspirantes que deban realizar dicho curso.

Aunque la actual bolsa seguirá en vigor hasta septiembre de 2026, la Junta considera necesario comenzar el proceso de convocatoria de la misma para disponer de una nueva bolsa perfectamente operativa antes de que se pueda agotar la actual y, en todo caso, para que esté plenamente operativa al vencimiento de la anterior, y seguir así dando respuesta a las solicitudes de funcionarios habilitados interinos por las entidades locales.

De los 2.248 municipios de Castilla y León, 2.190 tienen una población inferior a 5.000 habitantes (es decir, más de un 97 por ciento), y en ellos debe prestar servicio un funcionario de la subescala de Secretaría-Intervención. Este dato ofrece una medida de lo importante que es para los pequeños municipios contar con un funcionario habilitado para realizar las funciones del día a día en el seno de estas administraciones, más aún cuando en muchas de ellas es el único funcionario al servicio de los ciudadanos.

La bolsa actual se constituyó en septiembre de 2023, tras culminar un proceso de baremación de méritos, formación, examen y selección de candidatos, regulado a través del Decreto de 22 de septiembre de 2022. Desde octubre de 2023 hasta el 4 de febrero de 2025, se han realizado 268 nombramientos efectivos, que han permitido que 508 entidades locales cuenten, a día de hoy, con un secretario-interventor (muchos de ellos trabajan para agrupaciones de diferentes municipios que comparten secretario).

De estas 508 entidades beneficiarias, 503 son municipios, a las que hay que añadir dos mancomunidades, dos diputaciones provinciales (Segovia y Zamora, esta última con dos puestos cubiertos) y la Comarca del Bierzo. Esto significa que más del 20 por ciento de los municipios de Castilla y León se han visto beneficiados de este servicio de cooperación técnica que ofrece la Consejería de la Presidencia. También significa que casi el 50 por ciento de los 452 interinos que trabajan actualmente en puestos de secretaría-intervención en pequeños ayuntamientos de Castilla y León procede de esta bolsa.

Novedades acceso y gestión

La bolsa ahora en vigor fue constituida a través de la inclusión de dos tipos de perfiles: el primero, el de aquellos aspirantes que hubiesen aprobado uno o varios ejercicios de las pruebas selectivas para el acceso a funcionario de carrera; y el segundo, el de aquellos seleccionados por convocatoria pública tras la superación de un curso de acceso dotado con 1.000 plazas y con una duración de 100 horas, organizado y financiado en su totalidad por la Junta de Castilla y León, curso del que están exentos aquellos que lleven más de un año desempeñando su labor como interino en algún ayuntamiento. De los 1.000 aspirantes que accedieron a esta formación, desarrollada en cada una de las nueve provincias de la comunidad, 646 lograron superar las pruebas de acceso.

Cabe reseñar que los aspirantes que asistieron a esta formación valoraron de forma muy positiva elementos como la gratuidad, la presencialidad, el horario y la accesibilidad del curso, además de la profesionalidad de los ponentes que lo impartieron. En todo caso, los resultados arrojados por estas encuestas ayudarán a mejorar la próxima edición del curso en muchos de sus ámbitos.

Entre las novedades de esta nueva convocatoria, cabe destacar que el curso de acceso pasará de 1.000 a 1.100 plazas, para dar cobertura a un mayor número de solicitudes. La duración del curso se ampliará de 100 hasta 130 horas, de las que 50 se realizarán online. La parte presencial se desarrollará durante 16 semanas los sábados por la mañana en todas las provincias, y se ampliarán las titulaciones oficiales objeto de valoración de los méritos. Además, se ampliará el tiempo transcurrido entre la finalización del curso y el examen, ofreciendo así un mayor periodo de estudio a los aspirantes. Se prevé que el curso pueda empezar en octubre de este año, y que todo el proceso tenga una duración total aproximada de unos 15 meses.

Satisfacción en las entidades locales

Mediante las diferentes vías de acceso antes señaladas, la bolsa en vigor fue formada por un total de 1.250 efectivos para la provisión, de manera interina, de los puestos de secretario-interventor de las entidades locales que así lo requieran. Además, se incluyeron otros 200 efectivos para la cobertura de las plazas de intervención-tesorería, y 86 más para la cobertura de plazas de secretario de entrada. En total, 1.536 efectivos.

Actualmente, el número de integrantes de la bolsa es todavía suficiente para seguir atendiendo las solicitudes de provisión de puestos reservados durante los próximos meses: todas las provincias cuentan con más de 100 integrantes en la bolsa, salvo Ávila con 99, y Soria con 63. Hay que advertir que la composición de la bolsa está en constante cambio como consecuencia de llamamientos, aceptaciones, rehúses, etcétera.

Durante este tiempo, la Consejería de la Presidencia ha ido realizando encuestas a los alcaldes o presidentes de agrupaciones de municipios en los que se ha nombrado un secretario-interventor interino a través de la nueva bolsa, con el objetivo de tomar decisiones para su mejora futura. De ellas, se pueden extraer conclusiones muy favorables. En primer lugar, los representantes locales valoran muy positivamente la agilidad de este sistema: el tiempo que transcurre entre que solicitan el nombramiento de un nuevo interino y se produce dicho nombramiento es inferior a los 10 días. Por otro lado, y a pesar de que la mayoría de los secretarios-interventores no contaba con experiencia previa, la inmensa mayoría de las encuestas manifiestan la rápida adaptación de estos empleados públicos a sus nuevos puestos de trabajo, y su interés por seguir aprendiendo.

Otros acuerdos

Por otra parte, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, anunció la aprobación del proyecto de decreto que simplifica y actualiza las normas comunes de gestión y administración de los edificios administrativos de la Comunidad. La norma incluye la administración de los Edificios de Usos Múltiples en los que se ubican los servicios centrales de varias Consejerías, los edificios que albergan las Entidades Públicas y los de las Delegaciones Territoriales.

Asimismo, el decreto tiene como objetivo impulsar y mejorar eficiencia y racionalidad en el uso y el gasto en los edificios administrativos recogidos en la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León y que son administrados por la Consejería de Economía y Hacienda.

Los cuatro gastos principales que comparten los edificios administrativos: limpieza, vigilancia, luz y gas, están declarados de adquisición centralizada, y son contratados por la Junta, basándose en acuerdos marco adjudicados por la Consejería de Economía y Hacienda, con el objetivo de racionalizar la contratación de servicios de la forma más eficiente posible y con el mayor ahorro económico.

Además la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, cuya titular ostenta además la presidencia del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, ha presentado hoy al Consejo de Gobierno el informe de resultados de las políticas activas de empleo desarrolladas por ECYL a lo largo del pasado ejercicio y que han contribuido a dinamizar el mercado laboral y a impulsar la creación de empleo en la Comunidad.

Este impulso se refleja en los datos de la Encuesta de Población Activa, que señala que Castilla y León incrementa la ocupación y reduce el desempleo. La Comunidad cerró el pasado año con más de un millón de ocupados y con una importante reducción del desempleo que sitúa la tasa de paro en 8,23 %, dos puntos y medio por debajo de la media nacional.

Las políticas activas de empleo desarrolladas por la Junta de Castilla y León tienen por objeto mejorar la empleabilidad, facilitar la transición entre empleos, impulsar el desarrollo de capacidades y competencias profesionales para su mejor adaptación al tejido productivo y promover la inclusión sociolaboral de los colectivos más vulnerables. Al mismo tiempo, tratan de contribuir a mejorar la competitividad de las empresas y su capacidad de creación de empleo.

De acuerdo con el informe de resultados presentado hoy, la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, a través del ECYL, ha invertido más de 279 millones de euros en el desarrollo de políticas activas de empleo y ha prestado servicios a más de 287.000 usuarios, entre trabajadores desempleados y ocupados y empresas. Estos servicios se estructuran en torno a tres ejes fundamentales y con un enfoque coordinado: apoyo directo a la contratación y al autoempleo, formación para el empleo en línea con las necesidades del mercado laboral, e intermediación y orientación laboral facilitando y promoviendo el contacto entre trabajadores y empresas.

También el Ejecutivo autonómico ha dado el visto bueno a una inversión de 1.484.585 euros destinada a la contratación de obras para la realización, a través de una cuadrilla, de tratamientos selvícolas preventivos de incendios y otras actuaciones de mejora del medio natural en varios términos municipales de las comarcas forestales de El Tiemblo y Navarredonda de Gredos, en la provincia de Ávila.

Por otro lado, se ha aprobado la inversión de 2.886.718 euros para la realización, a través de un total de tres cuadrillas, de tratamientos selvícolas en varios términos municipales de las comarcas forestales de Salas de los Infantes, Aranda de Duero, Lerma y Oña (Burgos).

El Consejo de Gobierno también ha dado el visto bueno al gasto para la contratación de una cuadrilla para varios términos municipales de la comarca forestal de Navafría (Segovia), con una inversión de 1.493.423 euros.

En cuarto lugar, se destinan 3.130.299 euros para la contratación de dos cuadrillas que actuarán en varios términos municipales de las comarcas forestales de Navaleno, Soria y San Leonardo de Yagüe (Soria).

Y, por último, se ha autorizado una inversión de 3.445.930 euros para la realización, a través de un total de tres cuadrillas, de actuaciones en varios términos municipales de las comarcas forestales de Villardeciervos, Benavente y Zamora-Campos-Pinares (Zamora).

Por otra parte, la Junta de Castilla y León ha adjudicado las obras de los proyectos de humanización de travesías que alcanzarán a 30 municipios de las nueve provincias de la Comunidad. Una vez firmados los contratos comenzarán los respectivos trabajos que deberán finalizar en el año 2025.

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la aprobación del gasto de 1,3 millones de euros para el proyecto de mejora de las travesías de León, que quedó desierto en primera instancia, y que se saca a licitación para intervenir en las localidades de Ambasmestas, Vega de Valcarce y Riello. Los trabajos tendrán una duración de ocho meses y se finalizarán de manera paralela al resto de las provincias.

Estas obras consisten en la instalación de nuevas marquesinas o adecuación de las ya existentes; la renovación del acerado y la construcción de uno nuevo donde sea necesario; la reposición del mobiliario urbano y de los servicios existentes; la colocación de pasos de peatones, reductores de velocidad y radares pedagógicos; la reordenación del tráfico en los accesos a las travesías; y el fresado de la calzada y extensión de aglomerado asfáltico, menos sonoro y más adecuado para el tráfico dentro del casco urbano.

Esta propuesta, que cuenta con financiación de los Fondos Europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, se centra en entornos urbanos de carreteras de competencia autonómica integrados en núcleos de población con paradas de transporte colectivo de viajeros, que conectan con localidades de más de 50.000 habitantes o capitales de provincia.

Por último, la prestación del servicio ‘Mediacyl’ de la Junta, que intermedia en conflictos familiares promoviendo el diálogo, ya se ha adjudicado en las sedes que restaban —León y Valladolid— y estará en funcionamiento en toda Castilla y León durante el primer tramo de este 2025. Así se ha trasladado durante la reunión del Consejo de Gobierno, tras la que se ha anunciado que será la misma entidad que gestiona los centros de Burgos y Salamanca, Asociación Bienestar y Desarrollo —ABD—, la que haga lo propio en las nuevas sedes, las cuales se encuentran en proceso de acondicionamiento, por lo que, en las próximas semanas, comenzarán su actividad.