La definición del grado carcelario para los presos despierta recelos entre JxCat y ERC

La inminente clasificación penitenciaria de los políticos independentistas presos, que en última instancia depende de la Consellería de Justicia que dirige la republicana Ester Capella, ha despertado recelos entre JxCat y ERC, mientras están en marcha las negociaciones para investir a Pedro Sánchez.

En vísperas de que las juntas de tratamiento de las cárceles donde están recluidos los líderes del "procés" eleven su propuesta de clasificación a la consellería, este martes han aflorado las discrepancias entre las defensas de los presos de ERC y JxCat, tanto en sus expectativas como en el calendario que manejan para lograr los primeros beneficios penitenciarios.

Los tiempos de la gestión penitenciaria coinciden de lleno con las negociaciones entre ERC y el PSOE para lograr una abstención de los republicanos que permita investir a Pedro Sánchez: una vez las juntas de tratamiento se pronuncien, la Generalitat tendrá dos meses de plazo para ratificar o enmendar su propuesta, lo que puede posponer la decisión final hasta mediados de febrero.

El debate lo han servido esta mañana los servicios jurídicos de ERC, al revelar a la prensa que prevén que los presos sean clasificados de entrada en segundo grado -solo hay 9 precedentes en 18 años de que condenados a dos dígitos de cárcel hayan logrado el régimen abierto en un inicio-, aunque, si es así, lo recurrirán para exigir el tercero, hasta, si es necesario, llegar al Tribunal Supremo.

Ese aparente posibilismo de los servicios jurídicos de ERC respecto a sus presos -Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carme Forcadell y Dolors Bassa- ha indignado a la defensa de los condenados de JxCat Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull, que en un comunicado se han apresurado a criticar las informaciones que pretenden "normalizar" la clasificación en segundo grado de los internos y a exigir el régimen abierto de inmediato.

Jordi Pina, abogado de esos tres condenados de JxCat (no así Joaquim Forn, al que defiende el letrado Javier Melero), ha recordado también en su comunicado que el informe de las juntas de tratamiento, integradas por técnicos y por el director de la cárcel con voto de calidad, es una mera propuesta y que la “decisión final” depende de la Consellería de Justicia.