La anomalía

El pasado lunes tuvo lugar el acto de apertura del Año Judicial 2021-2022 en la sede del Tribunal Supremo, presidido por S.M. El Rey Felipe VI. Más allá del simbolismo de este acto para todos los miembros de la carrera judicial, el mismo tiene especial repercusión para toda la ciudadanía al encontrarnos ante una grave crisis institucional en la que el Poder Legislativo ha colocado a otro de los tres poderes del Estado, el Poder Judicial. La semana pasada teníamos noticia del hecho de que los integrantes del Consejo General del Poder Judicial llevaban más de mil días con el mandato caducado -4 de diciembre de 2018-, fruto de la falta de consenso de los principales partidos políticos del arco parlamentario. Esta cuestión no es baladí, ya que el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno de los Jueces y Magistrados y garante de su independencia.

El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, en varias ocasiones ha mencionado que esta situación es una seria anomalía, que indudablemente se ha visto agravada con la reforma operada por la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, que limita las facultades del órgano constitucional en lo referente, entre otras, al nombramiento de Magistrados del Tribunal Supremo, Presidentes de Audiencias Provinciales, Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia o de la Audiencia Nacional, y de los Magistrados del Tribunal Constitucional nombrados a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Esta limitación, indudablemente afecta al derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos, al impedir la renovación o el refuerzo de Altos Tribunales, que se encuentran al borde del colapso, y por ende, retrasan la obtención por el justiciable de una respuesta pronta fundada en Derecho.

Con la finalidad última de desatascar esta situación, los partidos políticos, en vez de resolver el problema con altura de miras y consenso, han sustraído al Parlamento la elección de los Vocales, impidiéndole cumplir su función constitucional, y hasta la fecha, han optado por atajos, tales como presionar a la institución mediante la imposibilidad de desarrollar plenamente sus funciones, limitándolas, o inclusive, lanzando globos sonda con propuestas de reforma del sistema de elección donde para la elección íntegra de los Vocales ya no sería exigible una mayoría reforzada de las Cámaras. Todas estas medidas han sido reprochadas y objeto de seguimiento por la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia) y por la Comisión Europea. De hecho, el Comisario de Justicia, Didier Reynders, esta misma semana ha instado a España a realizar una reforma real del Consejo General del Poder Judicial. Si bien en España no se encuentra, de momento, comprometido el Estado de Derecho, como sí ocurre, a ojos de la Comisión Europea, en Estados como Polonia y Hungría, las palabras del alto mandatario son un serio aviso.

Ante esta tesitura, los propios integrantes de la carrera judicial, en un sentir mayoritario expresado a través de las Asociaciones Judiciales más representativas, y siendo una de las reclamaciones históricas en las diferentes huelgas convocadas, interesamos que se cumpla con el tenor literal del artículo 122 de la Constitución Española, es decir, que doce de los veinte Vocales sean elegidos entre y por Jueces y Magistrados, y que no se cumple desde la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, donde los veinte vocales son elegidos por el Congreso y el Senado, debiendo ser doce de ellos Jueces y Magistrados en ejercicio que hayan presentado su candidatura. Es el momento de la reforma, que no hará sino reforzar el Estado de Derecho, puesto que un Poder Judicial independiente es la garantía de la Democracia.

Jorge González Ibarburen es juez y miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura