Los funcionarios de prisiones estallan en Cataluña ante el incremento de agresiones de los presos

Los funcionarios de los centros penitenciarios catalanes han estallado contra la Generalitat tras el incremento de agresiones de los presos contra los trabajadores. Las cifras son suficientemente elocuentes: con los datos disponibles hasta el 31 de octubre, el número de incidentes y de funcionarios agredidos ha crecido un 20% comparado con el mismo periodo de 2020. A este incremento se tiene que sumar que en las últimas horas se ha registrado una brutal agresión en la cárcel de Brians 2, donde un preso ha golpeado a un funcionario y ha tenido que ser trasladado en helicóptero al Hospital de Bellvitge ya que quedó momentáneamente inconsciente y continúa en la UCI.

Es decir, en total, hasta el 31 de octubre de 2021 se han contabilizado 298 agresiones a funcionarios frente a las 255 de 2020, a lo que hay que sumar que este año ya se han registrado otras 255 tentativas de agresiones. “En total, son 600 funcionarios agredidos. Más de dos agresiones por día en las prisiones catalanas. Estamos ante el peor año”, lamenta Alberto Gómez, portavoz de CSIF, consultado por este diario.

Ante este escenario, todos los sindicatos (UGT, CCOO, IEC, CSIF y Marea Blava) han convocado una concentración ante el centro penitenciario de Brians 2 para este jueves. Una protesta con la que intentan forzar cambios en la Generalitat y en Madrid en dos líneas principalmente: por un lado, para ampliar una plantilla cada vez más mermada por el envejecimiento de los funcionarios y por la alta tasa de inestabilidad (hay 800 trabajadores en régimen de interinidad, refuerzo o sustitución y tan solo se han abierto 250 plazas públicas para este año y 77 para el año que viene); y, por otro lado, modificar la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP) en el Congreso para otorgar a los funcionarios de prisiones agentes de la autoridad.

Gómez critica a la actual consellera de Justícia (JxCat), Lourdes Ciuró, aunque sobre todo vuelca todas las quejas contra su predecesora (Ester Capella). Contra Ciuró reprocha que “empezó con buenas palabras”, pero se ha ido diluyendo ese talante inicial. No obstante, la absuelve y culpa sobre todo a Capella. “El problema lo hereda Ciuró. Ciuró lleva poco más de 200 días. Porque se ha encontrado que hasta ahora se ha practicado una política de buenismo, de acercarse a un grupo de asociaciones que pretenden menoscabar la autoridad del funcionario de vigilancia”, resume.

Y, ¿en qué se ha traducido ese “buenismo”? Según expone Gómez, la anterior consellera accedió a las peticiones de esas asociaciones, que han alentado la “violencia intrainstitucional” contra los funcionarios ya que han suavizado la aplicación del régimen penitenciario. “Si antes un castigo a un preso era de 14 días, ahora son dos días”, explica el portavoz de CSIF. “Desde CSIF exigimos que se acabe con asociaciones macabras, perniciosas y tendenciosas que manejan los hilos del buenismo político”, señala el sindicato en un comunicado, refiriéndose a “esas 26 asociaciones que reclamaron en un escrito que no se nos considerase agentes de la autoridad, que no se modificara la LOGP y de esa manera acabar con una de las mayores injusticias que actualmente se permiten”.

Lo cierto es que llueve sobre mojado en las últimas semanas porque el 22 de noviembre ya se registró una salvaje agresión contra cinco funcionarios que resultaron agredidos (“con distintas lesiones físicas, las psicológicas aún perduran”, según señala CSIF) y el 23 de noviembre se produjo otra brutal agresión en Quatre Camins, donde un trabajador perdió la falange de un dedo por la lesión sufrida.