El Patronato del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) ha acordado este lunes en sesión extraordinaria presentar una incidencia de ejecución ante el juzgado que instruye el litigio sobre las pinturas murales de la sala capitular del Real Monasterio de Santa María de Sijena. La medida llega después de que el Tribunal Supremo confirmara la sentencia que obliga a devolver las obras al cenobio oscense, pero el museo catalán alega “incapacidad técnica” para cumplir los plazos legales sin poner en peligro la integridad de las piezas.

El órgano rector del museo, integrado por representantes del Ministerio de Cultura, la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona y la propia dirección del MNAC, ha defendido en un comunicado la actuación “impecable” del centro en la conservación, custodia y difusión de las pinturas, rescatadas por el historiador Josep Gudiol tras el incendio del monasterio en 1936 y expuestas desde 1961 en Barcelona. Su valor patrimonial y artístico ha sido reconocido por expertos y organismos internacionales, y están catalogadas como bienes de interés cultural desde 1923.

Comisión técnica urgente

Pese a manifestar su voluntad de acatar la resolución judicial dictada el pasado 27 de mayo, el Patronato advierte que un nuevo informe técnico del MNAC constata que el traslado no puede realizarse en el plazo fijado ni sin graves riesgos para las obras. Por ello, propone la creación de una comisión técnica especializada, formada exclusivamente por conservadores y restauradores, para estudiar de forma rigurosa la viabilidad de la operación. Esta comisión estaría integrada por técnicos designados por las cuatro instituciones del consorcio del museo y, además, se invita al Gobierno de Aragón a unirse a ella con los especialistas que considere oportunos.

En paralelo, el MNAC comunicará oficialmente al juez su “incapacidad técnica” para ejecutar el traslado en los términos actuales, lo que podría abrir un margen de maniobra legal para repensar los tiempos y las condiciones del retorno.

Advertencias de los expertos y respaldo institucional

El temor a que las pinturas sufran daños irreparables ha sido compartido por múltiples voces del ámbito artístico y académico. Hasta diez instituciones culturales, entre ellas la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona o l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, han pedido al Gobierno central agotar “todas las vías” posibles para evitar el traslado. En su declaración conjunta lamentan que el Tribunal Supremo no haya valorado adecuadamente los informes técnicos que desaconsejan el movimiento de las pinturas, al tratarse de bienes inmuebles con una alta fragilidad.

A nivel político, tanto el president de la Generalitat, Salvador Illa, como el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, han expresado su respeto a la sentencia judicial pero también han recogido las advertencias de los expertos. La consellera de Cultura, Sònia Hernández Almodóvar, fue aún más clara: trasladar las pinturas supondría un daño “irreparable”.

Asimismo, nueve exconsellers de Cultura de diferentes gobiernos catalanes han publicado un manifiesto conjunto reclamando que las pinturas permanezcan en el MNAC, donde, según recuerdan, han sido protegidas y restauradas con criterios científicos y en condiciones óptimas durante décadas. Aseguran que cualquier intento de traslado sería “extremadamente peligroso”.

El Gobierno de Aragón exige el cumplimiento inmediato

Desde el otro lado del litigio, el Gobierno de Aragón ha mostrado su “inmensa satisfacción” por la sentencia del Supremo y reclama su cumplimiento sin dilaciones. En los últimos días, ha pedido por carta al MNAC y al Ministerio de Cultura que permitan el acceso de sus técnicos al museo para examinar las pinturas in situ. Además, ha instado al secretario de Estado de Cultura a “defender activamente” el retorno de las obras, recordando que entre sus competencias está “la salvaguarda del patrimonio histórico frente a la expoliación”.

Los magistrados del Tribunal Supremo consideran que las pinturas nunca pertenecieron legalmente al MNAC, sino que estaban en depósito, y por tanto el caso no está prescrito. El litigio fue iniciado por el Gobierno de Aragón contra la Administración General del Estado y el MNAC, con la Generalitat de Catalunya personada como parte demandada. Tanto el MNAC como el Govern catalán recurrieron sin éxito las sentencias de primera instancia y de la Audiencia de Huesca, antes de acudir al Supremo, que ahora ha confirmado el fallo.

Una decisión con implicaciones profundas

La resolución judicial culmina una larga batalla legal que mezcla el debate sobre la propiedad con la conservación del patrimonio artístico. Mientras Aragón insiste en su derecho histórico y jurídico sobre las pinturas, Cataluña clama por su preservación como parte del legado cultural común.

En este contexto, el MNAC intenta abrir una vía de diálogo técnico e institucional que permita cumplir la ley sin poner en juego un conjunto de obras únicas del románico europeo. La pelota queda ahora en el tejado del juzgado, que deberá valorar si las razones técnicas justifican un cambio en los términos de ejecución de la sentencia.