La Abogacía de la Generalitat pide seis años de cárcel para Consuelo Ciscar

La Abogacía de la Generalitat Valenciana reclama una condena de 6 años de prisión y 10 de inhabilitación para la exdirectora del IVAM Consuelo Císcar por la adquisición de obras de arte del escultor Gerardo Rueda que se consideran falsas. Según consta en el escrito de acusación de la Abogacía remitido al Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, la Generalitat, en calidad de acusación particular, se suma a la petición de condena efectuada recientemente por la Fiscalía Anticorrupción. Al igual que el Ministerio Público, la Abogacía de la Generalitat considera a Ciscar responsable de los delitos continuados de malversación, en concurso medial con los de prevaricación y falsedad. De estos mismos delitos considera responsable al ex director económico del IVAM Juan Carlos Lledó, para quien se pide una condena de 5 años; la misma que para el hijo adoptivo de Gerardo Rueda, también procesado por malversación y falsedad. De forma subsidiaria, el abogado de la Generalitat reclama que los tres acusados sean considerados autores de un delito de estafa.

En materia de responsabilidad civil, la Abogacía reclama a los tres acusados que se hagan cargo de una indemnización -de forma conjunta y solidaria- de 4.176.863 euros, cerca de un millón de euros más de lo reclamado por la Fiscalía. En su escrito de acusación, la Abogacía detalla que la dirección del IVAM, “con la concomitancia de la subdirección de gestión económica, responsable del procedimiento administrativo de adquisición (Juan Carlos Lledó) destinaron, a sabiendas, caudales públicos a adquirir obras de arte que eran réplicas; haciéndolas pasar por originales”. Todo ello produjo “una desviación de los fondos presupuestarios hacia el patrimonio de José Luis Rueda -hijo adoptivo de Gerardo Rueda-, quien necesariamente prestó su contribución vital y axial para dar apariencia de autenticidad a las obras y apropiarse así, indebidamente, de los haberes de la Hacienda pública valenciana”. Posteriormente, el IVAM, a través de Císcar y Lledó “destinó fondos públicos a promocionar, indebidamente, las esculturas falsamente atribuidas a Gerardo Rueda y la colección particular de José Luis Rueda con el objeto de promocionar, prestigiar y aumentar el valor de una colección de arte ajena a la institución cuya titularidad ostentaba el hijo del escultor”, todo ello “al objeto de facilitar la venta de nuevas esculturas no originales a terceros”. “Las exposiciones que el IVAM realizó de la obra monumental falsamente atribuida a Gerardo Rueda Salaberry sirvieron para que su hijo, José Luis Rueda, promocionara y diera publicidad a su colección particular de arte y además para posibilitar la venta de nuevas esculturas monumentales a otras instituciones museísticas”, según la Abogacía. Asimismo, detalla en su informe que “existen en la causa una multiplicidad de correos electrónicos que acreditan que la falta de originalidad de las obras no podía pasar desapercibida para los responsables del IVAM”, entre ellos uno el que el hijo del escultor explica a una empleada del IVAM que “las esculturas ‘están muy avanzadas’”.