Oltra sobre la financiación autonómica: “No hemos hecho este viaje para empeorar la situación”

El informe realizado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) sobre la propuesta de financiación autonómica planteada por el Ministerio de Hacienda, en el que la Comunidad Valenciana saldría mal parada tras la reforma, ha disparado todas las alarmas. Sin embargo, tal y como ya se hizo ayer desde la Conselleria de Hacienda, la vicepresidenta de la Generalitat y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha pedido hoy calma y prudencia puesto que “esta es solo una de las muchas opciones que se podrían producir”.

En este sentido, ha recordado que Fedea realiza una proyección en base a uno de los escenarios posibles, pero, ha dicho, “espero que esta no sea la foto final, porque no sería aceptable”. Ha explicado que para la Generalitat valenciana lo más importante es que el principal criterio en el reparto de los fondos estatales entre las autonomías sea la población ajustada. “Educamos a personas, curamos a personas, no a kilómetros cuadrados”, ha señalado, en referencia a otros criterios defendidos por otras autonomías, como la insularidad o la dispersión geográfica.

En cualquier caso, los interrogantes que ahora se plantean deberán ser expuestos ante el Ministerio de Hacienda, ha recordado la vicepresidenta, quien ha querido subrayar la importancia de que en estos momentos haya, al menos, un primer documento sobre el que trabajar, algo que “no teníamos hace tres meses, ni tres años”.

Por su parte, desde el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), se ha rebatido hoy el planteamiento realizado por Fedea al recordar que este documento no tiene en cuenta un aspecto fundamental, y es que “el actual funcionamiento del sistema de financiación autonómica genera un reparto final de los recursos que no responde a los indicadores de necesidades de gasto”.

El documento del IVIE señala que, como se ha comentado en múltiples ocasiones por los expertos en esta materia, en el actual sistema el reparto de recursos por población ajustada (forma en que se miden las necesidades de gasto) solo se aplica en el Fondo de garantía, pero la inclusión del resto de fondos (Fondo de suficiencia y Fondos de convergencia) hacen que el reparto final se desvirtúe y nada tenga que ver con estas necesidades.

En este sentido, asegura que, con la actual propuesta del Ministerio de Hacienda, la financiación de la Comunidad Valenciana quedaría un 4,4 por ciento por debajo de la media nacional, una situación que mejoraría la actual, en la que los fondos percibidos por los valencianos se sitúan casi un 10 por ciento por debajo de la media. Si el reparto se calculara solo atendiendo a la población ajustada, sin incluir otros criterios, la financiación de la Comunidad quedaría un 2,7 por ciento por debajo de la media.

Compromís, en contra de la propuesta

Por su parte, el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, considera “tremendamente ambigua” la primera propuesta de población ajustada del Ministerio de Hacienda para la reforma del sistema de financiación autonómica.

“Es difícil entender cómo se va a resolver una situación injusta en el reparto de dinero a las comunidades autónomas, si “todo vale” cómo criterios correctivos y si se dice una cosa y la contraria a la vez”, ha indicado Baldoví en un comunicado.

El diputado cree que es preocupante que después de seis años de retraso en la reforma del sistema de financiación, el primer punto del ministerio “no sea solucionar la injusta situación de infrafinanciación del territorio valenciano” y, algunas primeras proyecciones como las dadas a conocer ayer por FEDEA, apunten “incluso un retroceso de los intereses valencianos”.

“Hemos llegado hasta aquí para decir adiós a un modelo de financiación que maltrataba a los valencianos, no para perpetrar las mismas injusticias con criterios injustificables”, ha explicado Baldoví.

Compromís ha manifestado que esperará a los análisis oficiales de la Generalitat y de las personas expertas, pero que contempla realizar alegaciones, si finalmente es necesario, “para que la población ajustada se parezca lo más posible a la población real del País Valencià”.

Comisión de expertos

Las aportaciones que la Comunitat Valenciana planteará a finales de enero a la propuesta de reparto del nuevo modelo de financiación autonómica del Ministerio de Hacienda será elaborada por el Comité de Personas Expertas, según el encargo que le ha realizado este viernes la Comisión Mixta Consell-Corts.

El conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha señalado tras la reunión celebrada en Les Corts que la intención del Consell es que haya unidad en la propuesta valenciana, para lo cual hay que alejarse del “debate partidista”, y por ello quieren que sean los expertos y no el Consell quienes elaboren las aportaciones “de la sociedad valenciana”.

Soler ha pedido que se deje “respirar” al Comité de expertos para trabajar “en libertad” y confeccionar las aportaciones valencianas, que se pueden presentar hasta el próximo 30 de enero, y ha defendido también la necesidad de que se superen los “enfrentamientos” entre las comunidades autónomas sobre el nuevo modelo.

El conseller ha asegurado que la reunión de la Comisión Mixta ha sido “muy importante” y “muy fructífera”, pues ha iniciado una “etapa decisiva” en la negociación del nuevo modelo y ha encargado a los expertos que elaboren una alternativa “rigurosa” desde el punto de vista técnica y que además “busque la unidad de todos”.

Ha reivindicado que es “una victoria” que se haya “desbloqueado” la situación del modelo de financiación con la propuesta por parte del Ministerio de un criterio fundamental de reparto que sea “sencillo, transparente y claro”, el de población ajustada, en el que ahora hay que trabajar para que atienda a criterios “estrictamente poblacionales y demográficos”.

Soler ha defendido la necesidad de que se aumenten los recursos en manos de las comunidades autónomas, para que puedan hacer frente a la infrafinanciación y para que haya equidad entre ellas, y de que haya fondos de nivelación hasta que se apruebe el nuevo modelo, pues no se puede estar dependiendo del FLA o del déficit asimétrico.

Ha indicado que el documento presentado por el Ministerio sobre el criterio de población ajustada es “mucho mejor” para los valencianos que lo que hay ahora, aunque “se ganaría mucho” si desaparecieran fondos como el de suficiencia, y ha destacado que la deuda histórica es también “un tema crucial”, aunque no figura en este documento.

Por su parte, la diputada socialista Sabina Escrig ha destacado que después de siete años de espera ya hay un documento para negociar y que los valencianos no quieren “ni más ni menos que el resto” de comunidades autónomas, pero sí prestar servicios públicos.

El síndic de Compromís, Fran Ferri, ha indicado que el documento es “ambiguo” y que a lo que debería ser un “esqueleto” le falta “la columna vertebral”, como saber qué va a pasar con la deuda histórica o si habrá fondos de compensación hasta que se apruebe el nuevo modelo.

Ferrán Martínez, de Unides Podem, ha agradecido que “por fin” se haya abierto “el melón” de la financiación y que se haya hecho en torno a la población ajustada, pero ha defendido que el nuevo modelo debe cumplir con el principio de suficiencia y que los desequilibrios territoriales se solventen con el Fondo de compensación interterritorial.

El diputado del PP Rubén Ibáñez ha afirmado que la Comunitat “se ha quedado en los huesos” con este “esqueleto” de financiación, que no reconoce la deuda histórica, no cambia las competencias tributarias y se basa en datos sin actualizar, y ha instado a los diputados valencianos en el Congreso a votar en contra de los Presupuestos del Estado por no recoger el fondo de nivelación de 1.336 millones de euros.

El diputado de Ciudadanos Tony Woodward ha indicado que el borrador de Hacienda “no da respuesta” a la infrafinanciación y ha lamentado que no contemple la deuda histórica ni un fondo de nivelación para compensar a los valencianos, mientras que para Llanos Massó (Vox) la “única solución” al problema de financiación es “devolver las competencias” autonómicas al Gobierno central.