Financiación autonómica

La Comunidad Valenciana insiste en eliminar los fondos alternativos y optar por la población ajustada

Fedea observa “vicios” en la propuesta del Ministerio que volverían a beneficiar a algunas regiones y perjudicarían a la valenciana

El conseller de Hacienda de la Generalitat valenciana, Vicent Soler
El conseller de Hacienda de la Generalitat valenciana, Vicent SolerAna EscobarEFE

La nueva propuesta de sistema de financiación autonómica enviada el pasado viernes al mediodía por el Ministerio de Hacienda, plantea más preguntas que respuestas. Al menos así se deduce a la vista de las reacciones de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y de la propia Generalitat valenciana.

Desde Fedea se advierte de que el planteamiento contiene “dos ajustes ‘ad hoc’ que suponen volver a caer en uno de los vicios más persistentes de nuestro sistema de financiación: la tendencia a intentar hacer ‘trajes a medida’ en vez de buscar reglas generales de reparto sensatas”.

Se trata, indica, “del peculiar reparto ‘por bloques’ de la partida de costes fijos que se propone en base a un confuso e innecesario ejercicio de análisis” y de “la introducción con calzador de un novedoso indicador de despoblación selectiva diseñado expresamente para primar a determinadas regiones”.

Según el director de la Fundación, Ángel de la Fuente, la introducción de estos dos criterios volvería a beneficiar a determinadas autonomías que, curiosamente, dice, son las que asistieron a la cumbre sobre financiación autonómica convoca recientemente en Galicia, excepto la propia anfitriona, esto es, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja; además de Murcia y Baleares.

Sin embargo, según el informe, la Comunidad Valenciana volvería a verse perjudica al pasar de una necesidad de gasto ajustado de 97,30 sobre 100, a 95,60.

Objetivo: la población ajustada

Por su parte, desde la Conselleria de Hacienda piden prudencia y calma. Recuerdan que el informe de Fedea se basa en una de las muchas opciones que plantea el Ministerio en su documento, que recoge todas las peticiones planteadas por las autonomías. Lo importante, señalan desde el Departamento de Vicent Soler, es que el criterio de reparto de los fondos del sistema sea la población ajustada y que desaparezcan los fondos alternativos, como el de Suficiencia, que es el punto en el que la Comunidad Valenciana siempre se ha visto perjudicada.

Sin embargo, desde la Conselleria coinciden con Fedea en que no es justo que los costes fijos se apliquen solamente a las autonomías con menos población, ni tampoco que se utilice el criterio de la despoblación para beneficiar a determinadas regiones.

“Debemos estudiar el documento con detenimiento para poder plantear una alternativa al Ministerio el próximo mes de enero”, aseguran dichas fuentes. Mientras tanto, la Comisión Consell-Corts, compuesta por los síndicos de todos los grupos parlamentarios, se reunirá mañana a las once para realizar una primera valoración del documento.

“Por supuesto, no vamos a aceptar una opción que nos vuelva a perjudicar”, aseguran desde la Conselleria.

“El acuerdo no será fácil ni feliz”

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado este jueves que el acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación autonómica “no será fácil ni feliz”, porque todo el mundo tiene que ceder, pero ha asegurado que el resultado final será “mejor, seguro”, para la Comunitat Valenciana.

Puig ha señalado, tras reunirse en el Palau de la Generalitat con la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, que la nueva financiación autonómica no es “un partido de fútbol ni una carrera”, y no tiene que haber “ni ganadores ni perdedores”, sino que se trata de buscar un sistema “justo” para mantener el estado del bienestar en toda España.

Ha señalado que la Comunitat Valenciana sale “fortalecida” en el borrador que ha presentado el Gobierno, porque se ha trabajo “desde el rigor” y porque lo que ha hecho el Gobierno de España es lo que pedía el Consell: que hubiera un documento para la discusión y sirviera de itinerario para llegar a un acuerdo.

Ha recordado que el debate sobre el nuevo modelo tendría que haber empezado en 2013, ya que caducaba en 2014, y es ahora cuando se ha puesto sobre la mesa un documento “riguroso” que no solo da una alternativa, sino varias, al tiempo que ha considerado que el camino iniciado es “positivo”, sobre todo en lo que tiene que ver con la población ajustada.

Puig ha adelantado que las aportaciones que hará la Comunitat Valenciana son las que ha planteado “durante años y años”, y a partir de los números y argumentos del Instituto Valenciano de Estudios Económicos (IVIE) ha hecho una propuesta que habla de singularidad entre las regiones y de igualdad entre ciudadanos.

“La gran ventaja es que el Gobierno ha planteado una propuesta que es una propuesta abierta”, ha destacado Puig, quien ha asegurado que continúa con toda la vocación de realizar aportaciones al debate y de buscar una solución que sea “compatible con los intereses de todos”.

El president ha insistido en que será “costoso” llegar a un acuerdo, pero ha opinado que es “la única manera de continuar avanzando en el cumplimiento constitucional de la igualdad entre españoles”, y ha destacado que el resultado final “no puede ser negativo” para las comunidades autónomas que sufren infrafinanciación.

“No tendría sentido hacer un nuevo modelo que cayera en los mismos errores”, ha añadido Puig, para quien lo más importante del nuevo modelo es que sea “transparente y claro”, y ha insistido en que ya no es posible mantener “fondos y subfondos” que finalmente “distorsionen” la idea de un sistema de financiación.

El president ha defendido que el resultado será “mucho mejor para la Comunitat Valenciana, clarísimamente”, y ha insistido en que el itinerario a seguir debe ser “rigor y capacidad de plantear soluciones” para que finalmente haya un acuerdo, en el que han de participar los grupos políticos del Congreso y con un acuerdo amplio de las autonomías.

Para ello, ha considerado que hay que mantener el principio de la suficiencia, lo que implica más recursos, y que haya un reparto que “objetivamente sea justo”.