El pasado 23 de enero, Pedro Sánchez anunció a bombo y platillo que su Gobierno iba a financiar «hasta el último céntimo» de la reconstrucción de la dana, «hasta que se coloque el último ladrillo», dijo en la Comisión Interministerial sobre la dana.

Tres meses después, los 1.745 millones de euros ya están en las cuentas, pero Sánchez no solo no ha puesto ni un solo ladrillo, sino que tampoco ha facilitado que lo pongan los 74 municipios valencianos beneficiados, que se enfrentan ahora ante la monstruosa tarea de la reconstrucción sin medios propios.

LA RAZÓN ha hablado con cinco de los alcaldes de esos municipios de distintos partidos políticos y coinciden: hace falta ayudas para personal, simplificar los trámites burocráticos y agilidad administrativa para poder cumplir con los plazos. Los ediles agradecen el dinero a fondo perdido, una opción que Sánchez no le ha concedido a la Generalitat Valenciana, pero aseguran que «el dinero en la cuenta no aporta nada», en palabras de Guillermo Luján (PSPV), alcalde de Aldaia.

Luján dice que igual de importante que el dinero «es que se den las herramientas para que llegue a materializarse». Con 33.000 habitantes, en el consistorio de Aldaia cuentan con 40 personas en la brigada de obras, pero con «casi todos los edificios» afectados, es imposible ejecutar los más de 40 millones entre subvenciones y ayudas a instalaciones deportivas.

Lo mismo opina Ismael Corell (PIPT-independiente), edil de Turís, municipio de poco más de 7.000 habitantes que ha recibido 9,5 millones de euros. Corell asegura que cuentan con dos técnicos para todo. «El problema es de personal. Tendrían que haber puesto un equipo dana a disposición porque vamos a necesitar un aparejador, un ingeniero y un arquitecto», dice. El alcalde de Turís asegura que el propio consistorio ha tenido que costear personal para poder entregar las memorias a lo largo del mes de abril ya que «el dinero no se puede tocar hasta que presentas y te aprueban proyectos».

Un cuello de botella

Los primeros ediles se quejan de que el Gobierno no haya facilitado un procedimiento extraordinario para poder empezar cuanto antes y aseguran que es «engorroso». «Si tienes que licitar te vas a ocho o diez meses y no has puesto ni una piedra, eso no puede ser», lamenta el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón (PP), cuyo municipio ha recibido más de 46 millones de euros.

El Gobierno no ha dado facilidades a la contratación de personal propio a los ayuntamientos. La única opción ha sido hacer un convenio con la empresa pública Tragsa para que se encargue de los proyectos, algo por lo que ha optado la alcaldesa de Quart de Poblet,Cristina Mora (PSPV): «Es tan tedioso que si tenemos que licitar los 32 millones que hemos recibido no acabamos ni de aquí a 10 años», afirma Mora, que asegura que Tragsa «está sobradamente capacitada» y hará todo excepto el Auditorio Molí de Vila, del que se encargarán desde el municipio.

El alcalde de Cheste, José Morell, prefiere hacerlo con sus medios. «Tragsa es caro y perdemos el control del calendario», dice el alcalde, que asegura que su consistorio ha contratado a dos arquitectos para gestionar el dinero. «Para mí puede ser muy urgente, pero no le puedo decir al vecino que dependo de Tragsa», dice Morell.

Un problema añadido son los plazos. El Gobierno de España ha dado un plazo total de cuatro años sin prórrogas para presentar memorias, licitar y construir, algo que sin acelerar los trámites burocráticos ven difícil de cumplir.

A ello se une la confusión con qué se puede costear. A Quart de Poblet le han dado hasta el triple del dinero solicitado al incluir ahí partidas para infraestructura hidráulica y eléctrica con las que no contaban, pero también se les ha dado a las compañías para el enterramiento de la red eléctrica por el río Turía, por lo que desconocen cuánto irá ahí. «Es algo que nos tienen que aclarar», dice Mora.

La Generalitat se ofrece

Desde el Consell critican que el dinero es un «dardo envenenado» para los ayuntamientos. «El Gobierno de España ha tomado esta decisión que podía haber hecho a través de la Generalitat, pero esto forma es su forma de ahogar a la Generalitat con deuda».

Ante la falta de medios, el Consell ha creado una unidad de funcionarios para prestar apoyo técnico y administrativo a los ayuntamientos afectados con personal voluntario. Por el momento casi 30 municipios se han adherido, entre ellos Utiel, y 50 funcionarios de la Generalitat que han mostrado interés.