La defensa de la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, ha solicitado a la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye el caso sobre la gestión de la dana que se investigue la filtración a la prensa del acta notarial con sus llamadas el 29 de octubre así como del contenido de su declaración como imputada.

En un escrito fechado este martes y al que ha tenido acceso EFE, la representación legal de Pradas recuerda que las actuaciones judiciales en fase de instrucción son secretas y que la Ley de Enjuiciamiento Criminal recoge multas de 500 a 10.000 euros para el abogado o procurador que revele indebidamente el contenido de un sumario.

Añade la defensa de la exconsellera que dicho listado de llamadas fue trasladado a todas las partes personadas el pasado 15 de abril de 2025, "y ese mismo día, todo el listado de llamadas fue filtrado a la prensa y publicado en diversos periódicos digitales, así como reproducido en distintas cadenas de televisión".

Señala además que el pasado día 17 de abril se dio traslado a las partes de la declaración transcrita de Pradas, y "del mismo modo que sucedió con las llamadas, dicha declaración fue publicada en prensa de manera literal el mismo día 17".

"Reconocemos que el presente procedimiento ha atraído una considerable atención mediática", destaca el escrito, pero por eso mismo "resulta aún más imperativo salvaguardar la confidencialidad de las actuaciones procesales".

La divulgación no autorizada de documentos y pruebas "no solo contraviene las disposiciones legales pertinentes, sino que también puede generar una repercusión extrajudicial perjudicial para el desarrollo adecuado del proceso y para los derechos de todas las partes involucradas".

Sobre este punto resalta la defensa de la exconsellera que "la publicidad prematura de detalles de la investigación, cuyo garante máximo en evitarla es el juez de instrucción, puede distorsionar la percepción pública, influir indebidamente en el curso de la justicia y menoscabar la presunción de inocencia de todo investigado".

Por todo ello, además de solicitar la investigación de las filtraciones citadas, y para "garantizar la estricta observancia del secreto sumarial y evitar futuras filtraciones", reclama que todos los documentos presentados por las partes que requieran confidencialidad sean revisados directamente en las instalaciones del juzgado y, en caso de necesitarse copias, lleven marca de agua para poder rastrear el origen de cualquier posible filtración.