La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, es también la secretaria general del PSPV en Valencia ciudad y como tal, candidata del partido a las próximas elecciones de 2027. En sus actos como representante del Gobierno de España desde que se oficializara su liderazgo del partido en la capital ha mezclado asuntos municipalistas con sus labores de representante estatal.

Esta mañana de martes ha visitado dos caminos agrícolas en la pedanía de Faitanar-La Torre donde ha destinado 2,4 millones de euros a su reparación tras la dana. Allí, ha aprovechado su visita para atizar a su rival, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y su gestión. "Me preocupa el funcionamiento y la gestión y la capacidad de gestión de un ayuntamiento tan importante como es el Ayuntamiento de Valencia", ha comenzado, para después señalar la falta de inversión tras la riada. "De los 137 millones de transferencias, el Gobierno de España ha recibido memorias del Ayuntamiento de Valencia para ejecutar obras por valor de algo más de 400.000 euros", ha añadido.

Asimismo, ha criticado que en el borrador de presupuestos del Ayuntamiento para 2026 haya "solo algo más de 30 millones de euros" para la dana frente a los 137 que ha entregado ya el Gobierno de España dentro de los 1.745 millones de la partida estatal.

"Que nos pidan ayuda"

Bernabé ha asegurado que "hay una gran diferencia entre el número de memorias que ha presentado otros ayuntamientos con mucha menos capacidad" y el que lidera Catalá, acusando a su gobierno de no prestar la suficiente atención.

Tanto ha sido así que ha dicho que "si no saben, que que nos pidan ayuda porque lo pueden hacer, tienen el mecanismo que es el medio propio de Tragsa para poder ejecutar rápido", en referencia a los huertos urbanos en las pedanías de Valencia afectadas, que estarán listos para el primer semestre de 2027.

Ha sido precisamente los ayuntamientos quienes han solicitado al Gobierno poder contratar perfiles técnicos ante la incapacidad de gestionar todas las memorias de proyectos para así no delegar todo en una empresa pública, Tragsa, que tampoco tiene los mecanismos para ejecutar en todos los municipios a la vez.