La Fiscalía recurre la decisión que le obliga a dotar de medios de protección a los fiscales de forma inmediata

El pasado día 26, el Juzgado de lo Social número 13 de Madrid ordenaba al Ministerio de Justicia y Fiscalía General del Estado a dotar de medios de protección suficientes (mascarillas, guantes, etc) para protegerse del coronavirus a todos los fiscales y funcionarios destinados en sus oficinas. Esta decisión la acordó al estimar parcialmente el medida cautelar demandada por el presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Juan Antonio Frago. Ante esta decision, esta misma mañana la Fiscalía ha recurrido esa decisión al entender que es nula de pleno derecho porque ese juzgado no tenía competencia para resolver una demanda planteada en esos términos, sino que correspondía a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, ya que los afectados son de todo el territorio nacional y no sólo de Madrid.

En el recurso de reposición interpuesto por el Ministerio Público se sostiene al respecto que el planteamiento de la propia demanda en cuestión presentada por esa asociación de fiscales implica que “estamos ante una demanda de conflicto colectivo al interponerse en representación del colectivo de fiscales, no circunscribiéndose a los que desempeñan sus funciones en la Comunidad Autónoma de Madrid, pudiendo afectar por el contrario a todas las Fiscalías del territorio nacional”, por lo que la competencia sería en todo caso de la Audiencia Nacional.

En este punto, se critica duramente al Juzgado de lo Social número 13 de Madrid porque ," arrogándose competencias de las que carece, la magistrada ha admitido una demanda -interpuesta a través de un procedimiento inadecuado- y ha dictado un auto de medidas cautelarísimas in audita parte, sin precedentes conocidos, contra un órgano con relevancia constitucional que extiende sus competencias y atribuciones a todo el territorio del Estado, la Fiscalía General del Estado".

En esta línea, la Fiscalía arremete contra la magistrada que acordó esas medidas porque se excedió en sus competencias “y es posible que en el de su jurisdicción”, lo que supone, se añade en el recurso, “una falta de diligencia inadmisible en todo caso, pero mas aún, ante la terrible situación a la que nos enfrentamos día a día desde la justicia, en la que debiera ser predicable de quienes ejercen un poder del Estado un mínimo conocimiento del funcionamiento, extensión territorial y competencias específicas de otras instituciones constitucionales, como es el Ministerio Fiscal y uno de sus órganos: la Fiscalía General del Estado”.