Apunte: ser trans en Inglaterra ya no es ser mujer

Pocas sentencias han desatado tanta polémica como la que emitió hace diez días la Corte Suprema del Reino Unido. Dictamina que la definición de mujer debe basarse en el sexo biológico asignado en el nacimiento. Se desmonta así uno de los pilares de la ideología trans y se rehabilita a quienes hace nada eran considerados «tránsfobos», una etiqueta crucial porque puede acarrear consecuencias legales en países que castiguen los llamados «delitos de odio». Keir Starmer, primer ministro del país, declaró hace unos días que ya no cree que los hombres transgénero sean mujeres, como defendía en 2022. Los jueces afirmaron que «el fallo no debe interpretarse como la victoria de una de las partes sobre la otra», ya que el colectivo trans sigue protegido por las leyes generales sobre discriminación, aunque no por las de género. Sin embargo, el transactivismo califica la sentencia como un «insulto».

Las consecuencias en España han sido inmediatas. La columnista de «Público» Barbijaputa denunció esta semana que su periódico le censuró un texto titulado «Por qué la sentencia en el Reino Unido es una victoria feminista». Corto y pego dos fragmentos, los que seguramente han tenido que ver con el veto: «Las mujeres existen como clase oprimida por su sexo, no por cómo se autoperciben, no por su identidad. La identidad no constituye quién eres, lo hace la realidad material y tu biología», argumenta. Barbijaputa pone luego un ejemplo de demagogia en el debate mediático nacional: «También funcionan muy bien réplicas que hemos escuchado, incluso de boca de gente con poderosos altavoces, como el ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias –en prime time, por cierto–, cosas como: «Eso que dices tú también lo dice Vox, por tanto, tú eres como Vox». «Es curioso esto, porque el fascismo en Italia ha prohibido los vientres de alquiler pero no hay nadie tachándonos de fascistas por quererlo prohibir también aquí», denuncia. El conflicto terminó con «Público» quitándole su columna y acusándola de «montar una campaña contra el periódico» por explicar la situación en las redes.

La respuesta más delirante sin duda es la de Elizabeth Duval, intelectual trans que todavía se encarga de la Secretaría de Comunicación de Sumar: «El problema es que la suya es una sed que no se sacia. Desearían directamente acabar con la existencia de las personas trans, pero no hay definición legal, regulación normativa o restricción sanitaria que vaya a conseguir eso. Ni matándonos lo conseguirían», tuiteaba tras la sentencia.

La realidad es que ese supuesto genocidio –o «genocidie», como bromean algunos– es una fantasía paranoide difícil de argumentar. Tras recibir mucho rechazo a su postura, Duval lo justificó luego recordando la frase de una teórica feminista apenas conocida llamada Janice Raymond: «La mejor manera de solucionar el problema del transexualismo sería ordenándolo moralmente fuera de la existencia». Una frase que, en realidad, no es tan homicida y que el 99% de los internautas escucharían por primera vez. Además palidece si la comparamos con los numerosos actos y amenazas de violencia de las activistas trans hacia sus adversarias políticas, a las que etiquetan como «terfs» o «terfas» (siglas en inglés de «feminista radical transexcluyente»). Son un clásico ya las camisetas con el eslogan «Muerte a las terfs», exhibidas de manera habitual por el colectivo. Más graves son otros ejemplos: en febrero de 2021 el programa «Gen Playz» (RTVE) tuvo que disculparse por estas declaraciones de su colaborador Danelicious en un debate sobre la Ley Trans: «La gente habla de esta mierda por las calles y no se les pega como se debería. Ya basta. Hay opiniones a silenciar. Me cansé de decir que todas las opiniones son válidas. Cuando algo no te afecta, como es la identidad del resto de la gente, te callas la boca y ya está», dijo en el programa, defendiendo la violencia.

También ha mostrado un discurso supremacista la filósofa trans Paul Preciado, que aspira a patologizar y hasta ilegalizar la división sexual clásica: «Me parece perfecto, urgente, que la Ley Trans sea votada, pero me parece más urgente y mucho más necesario que lo que pidamos colectivamente sea la abolición de la inscripción de la masculinidad y de la feminidad en los documentos administrativos. Porque esa inscripción es discriminatoria: cuando aparece ‘‘hombre’’ y ‘‘mujer’’ en realidad lo que aparece es el potencial de algunas de vuestras células para convertirse en reproductores del cuerpo del Estado-nación», explicó en enero de 2023. Fue en la librería madrileña Traficantes de Sueños, durante la presentación de su libro «Dysphoria Mundi» (2022, Anagrama). La revolución trans quiere borrar el concepto de lo masculino, lo femenino y hasta el de España. Entre los momentos estelares del acoso trans a quienes disienten de sus postulados políticos, resulta obligado mencionar la larga persecución contra la superventas literaria J.K. Rowling, que ha visto cómo sus detractores quemaban libros de Harry Potter. Cuando se publicó la sentencia británica, la autora subió una foto a sus redes sociales donde celebraba el momento fumándose un puro.

Airadas reacciones

Otra de las batallas mayores fue la persecución del ensayo «Nadie nace en un cuerpo equivocado» (2022, Deusto), de José Errasti y Marino Pérez. En mayo de 2022, un grupo de activistas queer y trans lograron boicotear la presentación del ensayo en la Casa del Libro de Barcelona, con la complicidad de unos Mossos de D’Esquadra, que decidieron suspender el acto ya iniciado en vez de garantizar la libertad de expresión. Hubo incluso amenazas de incendiar la tienda. El pasado septiembre, otro grupo trans provocó una explosión en la sede de ISSEP (Instituto Superior de Sociología, Economía y Política) en Lyon para sabotear la presentación del ensayo «Transmania» de Marguerite Stern, que ofrecía la charla «Cómo la ideología trans destruye vidas». Allí sí intervino la policía francesa y el acto pudo celebrarse, a pesar del vandalismo y las protestas en el exterior.

En nuestro país, poco antes de la Semana Santa, la escritora Lucía Etxebarría celebró una sentencia favorable en la denuncia por acoso que interpuso a los activistas que la persiguieron más de cinco años, acusándola de transfobia. La justicia condena a dos tuiteros a pagar más de 7.000 euros a la novelista por denigrarla en redes sociales. También se reconoce que fue «agredida» al ser «reconocida en la vía pública». Lo importante es que se establecen responsabilidades penales, decretando que pensar que estás defendiendo los Derechos Humanos no te legitima para hostigar a nadie –antes Etxebarría ganó la demanda de un joven trans del PSOE canario que la acusaba por haberle llamado «hombre»–. El colectivo trans sigue teniendo garantizados sus derechos, con los mismos mecanismos que cualquier otro ciudadano, pero ahora sin imponer su ideología como ley.