Así puso EE UU a España en el frente de la Guerra Fría

A la espera de la desclasificación de todos los documentos, Crítica edita «La historia secreta de las bombas de Palomares», de Rafael Moreno Izquierdo, que, además de sistematizar con gran detalle todos los conocimientos recogidos hasta la fecha, sirve para denunciar los abusos norteamericanos hacia la España de los 60.

Alas 10: 20 horas del 17 de enero de 1966, la fortaleza volante B-52, clave «T-16», procedente de «algún lugar en el Mediterráneo oriental» y en ruta hacia su base en Carolina del Norte, se aproximó al avión nodriza KC-135, «Troubadour 12», destinado en la base norteamericana de Morón de la Frontera, para recibir 110.000 litros de combustible que le permitieran regresar a casa. Una operación de rutina que ambos tipos de aviones realizaban diariamente en la vertical de Almería. Pero aquella mañana, a 9.300 metros de altura, sobre Palomares, se quebró la norma. Larry G. Messinger, dos décadas como piloto de bombarderos y seis años como comandante de B-52, cuenta su experiencia: «Existe un protocolo muy preciso para el reavituallamiento. Si el operador de la pértiga piensa que estamos acercándonos demasiado y puede ser peligroso, lo advierte: ‘‘¡Abortar!’’. Pero no hubo esa llamada, no vimos nada extraordinario hasta que, de pronto... De repente todo pareció un infierno». Eran las 10:22. Quizá el B-52 sufrió una avería en la cola y se precipitó contra el avión nodriza o ambos aparatos se acercaron súbitamente y la pértiga penetró en el fuselaje del bombardero, quebrándose y esparciendo miles de litros de gasolina. La cisterna se convirtió en una bola de fuego que envolvió al bombardero.

En Palomares escucharon un tremendo estampido y la tierra tembló como sacudida por un terremoto. La gente salió a la calle y vio cómo del cielo caían miles de fragmentos ardientes, que «milagrosamente» no hirieron nadie e, incluso, respetaron las viviendas. El millar escaso de habitantes de Palomares se implicó en el accidente, apagando llamas, retirando restos, curioseando entre la chatarra, colaborando con la Guardia Civil... Ellos auxiliaron a uno de los supervivientes en tierra y en el mar salvaron a pilotos y copiloto.

El cura, Francisco Navarrete, dijo a sus feligreses que «la mano de Dios» se había interpuesto entre la ardiente granizada y Palomares. No lo sabía bien: entre lo caído del cielo había cuatro bombas termonucleares del tipo Mark 28 F1, de 1,5 megatones cada una, cien veces más potentes que la bomba atómica que destruyó Hiroshima (13,5 kilotones). Ya fuera «la mano de Dios», la tecnología o la casualidad, ¡el 17 de enero de 1966, Palomares y todo el Mediterráneo occidental se salvaron de un efecto destructor equivalente a 400 Hiroshimas!

El régimen de Franco hizo un negocio estupendo al firmar con Estados Unidos el Pacto de Madrid (26 de septiembre de 1953), por el que cedía cinco bases (Torrejón, Zaragoza, Morón, San Pablo y la aeronaval de Rota), además de un sinnúmero de instalaciones de apoyo. A cambio recibió poco dinero (1.200 millones de dólares en diez años), excedentes militares de Corea y, lo fundamental: el reconocimiento del franquismo y el apoyo de Washington para salir del aislamiento internacional e ingresar en la ONU. Pero no se dijo que esos acuerdos nos ponían en primera línea en caso de una confrontación entre Washington y Moscú. España quedaba implicada en la estrategia de los primeros sin derecho a información o consulta. El B-52 accidentado sobre Palomares formaba parte de una inmensa noria por la que EE UU tenía siempre en el aire (misiones Chrome Dome) una docena de bombarderos armados, con cuatro bombas H cada uno, que se acercaban a las fronteras soviéticas por tres puntos distintos, de modo que ante una confrontación con la URSS, siempre habría tres fortalezas volantes cerca de sus fronteras, con la opción de lanzar una docena de bombas H en cuestión de minutos, al tiempo que entraban en acción los cohetes basados en tierra, en unidades navales de superficie o en submarinos.

España se hallaba en primera línea: aquí llegaron a tener almacenadas unas 250 ojivas nucleares, más portaban sus submarinos y sus buques surtos en la base Rota o maniobrando en torno a ella, rondarían las 350/400 armas atómicas. Y luego estaban las que portaban los B-52, que pasaban por los cielos peninsulares cuatro veces al día, con 16 bombas H.

Seguro que lo sabían los círculos más informados de la dictadura y quienes ejercían altos cargos militares, pero los españoles estábamos en la inopia respecto a lo que aquí se almacenaba y de que cada día nos sobrevolaban numerosas bombas H que podrían, por accidente, borrarnos del mapa.

El primero en dar la alarma fue el capitán de la Guardia Civil de la zona que once minutos después informó de un accidente aéreo a sus superiores; casi a la vez la noticia llegaba al Mando Aéreo Estratégico USA (SAC), que puso en marcha el protocolo Flecha Rota (previsto para accidentes nucleares) y de inmediato salió de Torrejón hacia Palomares un equipo de trabajo, mientras otro más numeroso lo hacía desde Estados Unidos. En Washington, el presidente Johnson tardó en enterarse 90 minutos y, de inmediato, ordenó al secretario de Defensa, Robert McNamara: «Haz todo lo que sea necesario para encontrarlas».

El primer español que supo lo de las bombas fue el general Agustín Muñoz Grandes, ministro de Defensa y vicepresidente del Gobierno, al que se lo comunicó hacia las 13:00 horas el general Donovan, máximo responsable militar norteamericano en España, y poco después, el embajador Angie Biddle se lo dijo a Castiella, ministro de Exteriores, lo que le acarrearía un altercado con sus superiores: «¿Quién les ha autorizado a revelar que se transportaban bombas?».

Medio centenar de norteamericanos llegaron a Palomares a media tarde del día 17 y, guiados por la Guardia civil, hallaron la primera bomba, cuyo paracaídas había funcionado: íntegra, aunque abollada, y, a la luz de las linternas, le desactivaron las cargas de iniciación. Al alba del día 18 comenzó la búsqueda de las demás, dos aparecieron entre 9:30 y 10:30. Ambas habían reventado al chocar contra la tierra, pues les fallaron los paracaídas, pero los explosivos convencionales de iniciación habían funcionado, lo que contribuyó a diseminar el contenido de las ojivas en un radio de unos 400 metros. Cerca de una de ellas, junto al cementerio, aparecieron también los restos de los tripulantes.

Públicamente, nada se dijo sobre la naturaleza del accidente, pero su relevancia se fue evidenciando conforme pasaban las horas y se congregaban 125 guardias civiles, cerca de 700 especialistas y soldados norteamericanos y un grupo de españoles de la Junta de Energía Nuclear.

La Guardia Civil alejaba a los curiosos, los militares norteamericanos buscaban la cuarta bomba y los científicos determinaban los focos y niveles de radiación. Esto suscitaba la gran discusión clave: la superficie afectada, que se limitó a 263 hectáreas; el límite de la contaminación radiactiva aceptable, que los españoles fijaban en 7.000 cpm (cuentas por minuto), mientras los norteamericanos pretendían que fuesen de 100.000 cpm, llegándose al compromiso de 60.000 cpm. La tierra con mayor contaminación sería retirada y sustituida por un manto fértil; el resto sería «disimulado» con un arado y un regado. Tierra, cosechas y vegetación más contaminada –1.136 metros cúbicos– fueron envasados en 4.810 bidones y trasladados a un cementerio nuclear de Savannah River, Carolina del Sur.

La Prensa española comenzó a desvelar la verdad (dentro del tono exigido por la censura) a partir del 23 de enero, aunque dadas algunas exageraciones publicadas en el extranjero, como que las bombas eran de 20 megatones, pareció conveniente cierta transparencia. De dar buena imagen, de minimizar el problema de cara al turismo y a la opinión pública, se encargaron el ministro Fraga y el embajador norteamericano, Biddle Duke, con su famoso baño en Palomares, el 8 de marzo.

Y mientras se buscaba la cuarta bomba, que tardó en aparecer 81 días, se tomaban otras medidas, una era el Programa Indalo, que debería vigilar la salud de los habitantes de la zona y otra la indemnizaciones que, por todo tipo de motivos, debían recibir los vecinos afectados. En aquella España los precios de las cosas eran bajos comparados con los de los países desarrollados y las indemnizaciones fueron una ganga para Estados Unidos. Uno de los personajes que estuvo presente en las valoraciones comentaba medio siglo después: «Hay reclamaciones que eran justas, otras las pagamos justas. Siempre se pagó más de lo que había... Y por muchos que hicieron su agosto (...) a Palomares no le benefició en nada».

Efectivamente, los habitantes del pueblo se pasaron media vida viajando a Madrid para pasar reconocimientos médicos, mientras sus productos agrícolas eran rechazados o depreciados. Pasado los años, la salud de los que vivían en 1966 no pareció afectada –aunque hay unos 60 casos bajo sospecha–, pero la amenaza sigue agazapada: la roturación de la tierra libera la contaminación radiactiva que fue ocultada por el arado y pasa lo mismo a la hora de edificar, por lo que allí todo está parado. Tras múltiples e infructuosos intentos diplomáticos para conseguir que EE UU realizase la limpieza a fondo que escamoteó en su momento, en octubre de 2015, el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, y el ministro español de exteriores, José Manuel García-Margallo, firmaron en Madrid una declaración de intenciones por la que se comprometían a alcanzar «tan pronto como sea posible» un acuerdo para rehabilitar Palomares, donde habría que retirar unos 50.000 metros cúbicos de tierras altamente contaminadas, 40 veces más de lo que se retiró tras el accidente.

Causa indignación tanto la inoperancia del Régimen como el trágala norteamericano. Tras haber provocado el mayor accidente nuclear de la Historia, Washington se fue de rositas con unas indemnizaciones raquíticas y la retirada de 1.100 metros cúbicos de materia contaminada. Muñoz Grandes se lo dijo a Franco: «Mi general, que Fraga se moje la tripa en Palomares diciendo que aquí no ha pasado nada, en lugar de exigir una indemnización de miles de millones (...) me parece hablando y mal y pronto una bajada de pantalones». Días después sería destituido.

Título: «La historia secreta de las bombas de Palomares»

Autor: Rafael Moreno Izquierdo

Editorial: Crítica

Páginas: 250

Precio: 20,90 euros