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La ministra de Cultura de Colombia, Mariana Garcés, dijo hoy que en su país no hay censura ni leyes que impidan la exhibición de películas sea cual sea su contenido, en alusión al polémico filme "Operación E", que cuenta la historia del campesino que cuidó al hijo de la rehén de las FARC Clara Rojas.

En entrevista con la emisora W Radio, Garcés recordó que "la legislación colombiana no prevé la censura"y su Ministerio no tiene "ningún sustento de carácter legal para impedir que la película se exhiba en Colombia".

Rojas interpuso una tutela o recurso de amparo ante la justicia colombiana para impedir que la película, que se estrenó hace casi dos meses en Francia y España, fuese exhibida en Colombia para así defender el derecho a la infancia y proteger a su hijo de "riesgos emocionales"derivados de ver la película.

El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá dispone hasta el próximo miércoles 30 de enero para decidir si el filme se podrá comercializar en Colombia.

A este respecto, la Procuraduría pidió ayer que se incluyera en esa misma acción de tutela a "terceros implicados"como los hijos de José Crisanto Gómez, el campesino que protagoniza la cinta, y también pidió que se pronuncien el Ministerio de Cultura y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF, entidad estatal encargada de la protección de la infancia).

"No es competencia del Ministerio de Cultura mirar ni analizar todos los guiones que se basan en historias de colombianos y colombianas menores de edad", comentó Garcés.

"El concepto del Ministerio de Cultura será de conformidad a la ley, ya que se trata de una película de ficción basada en un hecho real y que no encontramos sustento legal alguno para impedir su exhibición", agregó.

La ministra agregó su interés personal en ver "Operación E"por "la polémica que ha suscitado"y porque le interesa ver "lo que se rueda en el país", en este caso en el departamento del Meta (Llanos orientales).

La película cuenta cómo las FARC obligaron al campesino José Crisanto a encargarse del hijo de Rojas, quien tuvo a su hijo Emmanuel cuando estaba secuestrada por esa guerrilla, que la había hecho cautiva junto a la entonces candidata presidencial, Ingrid Betancourt, en febrero de 2002.

Según el filme, el niño, gravemente enfermo, fue llevado por Crisanto y su familia a un hospital, donde el Estado, ajeno a la identidad del pequeño, se quedó con la tutela.

En el tránsito, el campesino no solo fue perseguido por las FARC, que pretendieron usar al niño como moneda de cambio, sino también por las fuerzas de seguridad y el propio Estado, que lo acusaron de secuestro. Tras cinco años en la cárcel, fue absuelto en abril pasado.

Las productoras de la película, las españolas Tormenta Films y Zircozine, y la francesa Ajoz Films, sostienen que la cinta no vulnera los derechos de Emmanuel, porque el argumento de centra en la historia de José Cristanto y su familia, a quienes consultaron antes del rodaje.