España, de nuevo entre los países más «piratas»

Los vigilantes de los derechos de autor norteamericanos han solicitado al Congreso de Estados Unidos que vuelva a incluir a España en la Lista 301, que se publicará en primavera, después de que este país, el principal exportador de contenidos audiovisuales del mundo, nos diera un respiro en 2012 al valorar el esfuerzo legislativo para acabar con la «piratería» de contenidos protegidos por derechos de autor, que permitía denunciar a las páginas de enlaces que se lucran con productos culturales, la primera que aprobó Rajoy como presidente. Sin embargo, el escaso efecto que el órgano administrativo creado con esta finalidad, la Comisión de Propiedad Intelectual, ha tenido en la disminución de descargas ilegales de contenidos ha motivado que la Oficina de Comercio estadounidense (USTR) vuelva a introducirnos en dicha lista, que se publicará el próximo abril. Ya en 2009, tras ser incluidos, legisladores de Estados Unidos calificaban la «piratería» en España de «pandemia», y apuntaban al Gobierno español, presidido por Rodríguez Zapatero, por «la ausencia de suficientes herramientas legales».

El informe de la IIPA (International Intellectual Property Alliance) documenta la piratería online y física que afecta a materiales sujetos a derechos de autor, barreras de acceso a mercados y otros desarrollos en 48 países o territorios. De forma clara, la IIPA recomienda la designación de Ucrania como el País Extranjero Prioritario (PFC), número 1 bajo el estatus especial 301 a resultas de problemas severos y profundos de defensa de los derechos de autor. La organización también recomienda que otros siete países sean incluidos en la Lista Prioritaria de Vigilancia (Priority Watch List), y que 25 entren en la de Vigilancia (Watch List).

La IIPA es una coalición formada por siete asociaciones que agrupan a más de 3.200 compañías, en representación de la industria de los derechos de autor. Ayer envió un informe detallado a la Oficina de Comercio, en el que subrayó la profundidad y extensión de la «piratería» intelectual, así como las barreras comerciales a las que se enfrentan las industrias creativas estadounidenses en los mercados claves de otros países, y recomendará reformas urgentes necesarias para hacer frente a estos impedimentos.

El mercado español sigue devastado por la «piraterías», por ejemplo, en el mercado discográfico, uno de los que más ha sufrido los envites de este fenómeno, según hizo público recientemente el sector, agrupado en Promusicae: los españoles gastaron 141 millones de euros en comprar música a lo largo de 2012, una cifra un 5,08 % inferior a los 148,6 millones que se habían registrado en 2011. Se trata del undécimo retroceso anual consecutivo en un sector que llegó a superar los 626 millones de ventas en el primer ejercicio del nuevo siglo. Dicho de otra manera: el descenso acumulado desde 2001 es del 77,5 %. El presidente de Promusicae, Antonio Guisasola, acogió con «desasosiego» estas cifras. «Los datos, siempre tan tozudos, vuelven desgraciadamente a confirmar que las descargas ilegales siguen constituyendo un expolio continuado e impune en España», anotó. Y agregó: «La Ley Sinde era insuficiente al no contemplar las redes P2P y ni siquiera se aplica con rigor un año después. Internet sigue siendo una anarquía al sur de los Pirineos y los poderes públicos continúan despreciando la cultura como tejido industrial y elemento difusor de esa marca España con la que tanto se les llena la boca. Todo ello explica que el crecimiento de las descargas legales de música en España esté muy por debajo de la media europea». «Exigimos medidas contundentes, desde ya, que generen optimismo y garantías para poder potenciar todo tipo de nuevos modelos de negocio y difusión de la música a través de las nuevas tecnologías».

«Yo los llamaría "malversadores de elementos culturales"», dice el presidente de los editores de España en referencia a la «piratería». «Sólo el 32 por ciento de los que se descargan libros los pagan», aseguró Javier Cortés, presidente del gremio, una cifra que contrasta con el 64,4 por ciento que reconoce hacerlo gratuitamente. Además, los lectores que pagan por los libros digitales van en descenso: este porcentaje se ha reducido en 4,9 puntos con respecto a 2011. Los lectores entrevistados que adquirieron libros digitales señalaron que sólo pagan 4,5 libros de cada 10 que leen. Los otros 5,5 los consiguen gratuitamente. Sin embargo, «los encuestados nunca atribuyen al precio de los libros la razón por la que no leen», subrayó. El principal problema está en la transición del mundo analógico al digital. «Los editores han aumentado su oferta digital, pero este ámbito no está suficientemente regulado. Lo que ocurre es que se lee más pero se ha quebrado la cadena de valor», asegura Cortés.

La tasa de «piratería» en España alcanzaba el 77,3 por ciento de los contenidos digitales según el último Observatorio de «Piratería», publicado a finales de 2011, que también destacaba que durante el primer semestre del año el volumen económico de los contenidos obtenidos de forma ilícita ascendió a 5.229,4 millones de euros.

Antes de la aprobación de las medidas «antipiratería», los autores de la lista recriminaban a España la circular que en el año 2006 el entonces Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, sobre el intercambio de archivos P2P en Internet, que decía textualmente: «La utilización de nuevas tecnologías para la comunicación u obtención de obras protegidas, tales como las de colocar en la red o "bajar"de internet o las de intercambio de archivos a través del sistema P2P, sin perjuicio de que pueda constituir un ilícito civil, frente al que los titulares podrán ejercitar las correspondientes acciones en dicha vía, no reúnen, en principio, los requisitos para su incriminación penal si no concurre en ellas un ánimo de lucro comercial», decía el polémico texto.

El Gobierno tiene previsto aprobar una Ley de Propiedad Intelectual en esta legislatura, pero algunos de los sectores afectados han manifestado en público que no han sido llamados por parte del Gobierno para negociar el contenido de la norma. Han sido reiteradas las quejas por parte de los representantes del mundo cultural sobre la escasez de medios con los que está dotada la Comisión de Propiedad Intelectual, el órgano encargado de tramitar las solicitudes de violación en la red de los derechos de autor.

La última manifestación de la Secretaría de Estado de Cultura en este sentido fue indicar que se hará una renovación parcial de la existente, mientras se gesta la nueva, que, por su complejidad, no dará una respuesta inmediata a la acuciante situación que vive el sector.

El pasado 17 de diciembre, el secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle (en la imagen), aseguraba en un encuentro en el que se presenta una amplia oferta legal de cine que «la Comisión no funciona todo lo bien que debería, ya que existen obstáculos en cuanto al trabajo y al funcionamiento cotidiano». Avanzó así que estudian una mejora «sobre la base de la experiencia que estamos acumulando. La tramitación se hará de manera pública, por lo que todos tendrán conocimiento de cómo se va a orientar el modelo que tratará de superar las ineficiencias que se han ido percibiendo a lo largo de estos meses», añadió. Desde su entrada en funcionamiento, la Comisión ha resuelto más de 350 solicitudes. De éstas, 244 han sido archivadas al no subsanar la solicitud que, de partida, o era defectuosa o estaba poco fundamentada, y otras diez se han resuelto mediante su archivo porque se han retirado los contenidos vulneradores de derechos de autor voluntariamente. De hecho, buena parte de éstas surgieron a raíz de un intento de boicot de la Comisión por parte del músico Eme Navarro, que pretendía colapsar su funcionamiento presentando 200 denuncias.