Detenido el mozo de almacén que filtró el disco de Extremoduro
Se podría enfrentar a cuatro años de cárcel
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Un trabajador de la fábrica que producía las copias físicas de «Para todos los públicos», el último disco de Extremoduro, ha sido detenido por la unidad de delitos telemáticos de la Guardia Civil acusado de difundir el álbum sin autorización a través de internet y de tratar de lucrarse con la fabricación de copias «piratas» caseras que vendía en la red por diez euros. Esta es la primera vez que se logra identificar y detener al autor de unos hechos de este tipo, en una operación que se ha llamado con humor «Agila», como el disco más popular del grupo, y que quiere decir «espabila» en castúo, un dialecto extremeño. El hecho que ha marcado la diferencia esta vez, además de la actitud «chulesca» del detenido, que alardeaba en foros de la facilidad con que podía acceder a estos discos antes de su puesta en circulación, ha sido la actitud del Juzgado encargado del caso, el número 4 de Alcobendas. «Es la primera vez que el juez inicia la investigación en menos de 48 horas y que lo hace con contundencia. Lo habitual es que tarden seis meses», contaba a este diario José Luis Pérez Quintero, responsable de investigación sobre «piratería» de Promusicae. El detenido había presuntamente sustraído el disco del almacén donde se guardaban antes de la fecha de su puesta a la venta –prevista para el 19 de este mes, pero que fue adelantada–, y anunciaba en foros la venta de copias caseras a 10 euros y, cuando el manager de la banda le requirió que dejase de venderlas, el acusado le amenazó con difundirlo por internet, algo que finalmente hizo, lo que provocó más de 60.000 descargas. El día 4 de noviembre se produjo la primera filtración, y, 12 horas más tarde, el disco ya estaba alojado en 17 sitios web de todo el mundo. Setenta y dos horas después, 54 páginas ya lo ofrecían. Ayer, había 120 sitios. Debido al grave perjuicio económico causado a la compañía (Warner), el detenido se enfrenta a una pena que podría ascender a cuatro años de prisión. «Es técnicamente viable seguir el rastro de quienes suben contenidos a la red, el problema es que, sin el apoyo judicial, es muy difícil materializar estas investigaciones en una detención. Faltan vías administrativas para proceder y confiamos en que con la reforma del Código Penal se mejore en este sentido», comentaba Pérez Quintero. La Guardia Civil registró el domicilio del acusado y también encontró pruebas en el ordenador de su puesto de trabajo. En algunos foros incluso aseguraba que, si hubiera sido seguidor de la banda, no habría difundido su disco. «Hemos visto a algunos usuarios de estas páginas de descargas discutir con él. Muchos se quejaban de que su actitud era ir demasiado lejos», comentaba Pérez Quintero. «Hemos enviado más de 300 requerimientos a la Comisión de la Propiedad Intelectual para que, a su vez, remita a la Audiencia Nacional nuestra solicitud de bloqueo de páginas o de retiradas de contenido. Sólo hay tres resoluciones aprobadas, y el próximo mes de marzo se cumplirán dos años desde la aprobación de la ley. Está claro que no funciona por voluntad política», aseguró Pérez Quintero.