Primo de Rivera, artífice del voto de la mujer

No fue cosa de la república, sino del conservador. Apareció en 1924, aunque había sido objeto de debate desde mucho antes.

En la mitificación de la Segunda República se han escrito, dicho y repetido muchas falsedades. Una de ellas es el reconocimiento del voto femenino. No fue obra de aquel régimen, sino de la dictadura de Primo de Rivera. Apareció en 1924, aunque ya había sido objeto de debate mucho antes. Un grupo de diputados conservadores presentaron en 1877 una enmienda para introducir el voto de mujeres mayores de edad, cabezas de familia o viudas que tuvieran la patria potestad. Volvió en 1908: el conde de Casa-Valencia, conservador, presentó en el Senado un proyecto igual. Contó con el rechazo de la izquierda, que argumentó que el voto de las mujeres estaba sujeto a la influencia clerical. De nuevo un conservador, el diputado Manuel de Burgos, presentó otra vez el sufragio femenino, en 1919, pero, al igual que los anteriores, no salió adelante.

En aquel entonces el asociacionismo feminista era débil, aunque contaba con grupos laboriosos como la «Cruzada de Mujeres Españolas», de Carmen de Burgos, la «Unión del Feminismo Español», de Celsia Regis, la «Federación de Mujeres Universitarias», de Clara Campoamor, o el «Lyceum Club», de María de Maeztu. Estas asociaciones pedían el voto para la mujer y la reforma del Código Penal. Los socialistas veían en el voto femenino una ventaja para los conservadores. El catolicismo social lo defendió y «El Debate» inició en 1918 una campaña para que se estableciera.

Sin presión social, la dictadura de Primo de Rivera estableció el voto administrativo de las mujeres en el Estatuto Municipal de 1924 y el voto político de las solteras mayores de edad. El decreto-ley fue iniciativa de Calvo Sotelo –asesinado por socialistas en 1936–, y Gil Robles –quien fue luego líder de la CEDA–. Las casadas quedaron excluidas para «no crear disensiones en el matrimonio a causa de la política». El reconocimiento del voto tenía el objetivo de reforzar el apoyo social a un régimen que se presentaba como modernizador, y hacerse eco de las reformas sufragistas europeas. El nuevo censo electoral incorporó a 1.729.793 mujeres entre los casi siete millones de votantes.

La elección de ayuntamientos en 1925 permitió que se nombraran concejalas en Bilbao, Toledo, San Sebastián, Barcelona, Vigo y Segovia, así como en pueblos pequeños. Destacó la elección de seis concejalas –tres titulares y tres suplentes– en Madrid. La primera alcaldesa de España fue María Pérez Moya, del pueblo de Contretondeta (Alicante) y Carmen Resines la primera teniente de alcalde, en San Sebastián. Todos estos puestos fueron por designación gubernamental, ya que las elecciones municipales no llegaron a celebrarse.

La dictadura de Primo de Rivera se empeñó en la inclusión de las mujeres en la vida política, cultural y laboral. Así impulsó la primera candidatura de una mujer, Concha Espina, a la Academia de la Lengua, que fue rechazada por los académicos, quienes prefirieron a Pérez de Ayala, opositor al régimen. Otro tanto ocurrió con la Organización Nacional Corporativa, en cuyos órganos de dirección se incluyeron mujeres, entre otras a la socialista Victoria Kent.

La Unión Patriótica, el partido del régimen, animó a las mujeres a participar en el plebiscito sobre la dictadura, convocado para los días 11, 12 y 13 de septiembre de 1926, y a formar las mesas electorales. En este referéndum votaron las mujeres, de las cuales participó un 40% de las censadas. Los diarios «El Sol» y «El Socialista» culparon al sufragio femenino de la victoria del «sí», lo que era un preludio de lo que ocurrió en 1933, cuando las izquierdas las culparon de la victoria electoral de la derecha.

La dictadura convocó en 1927 la Asamblea Nacional Consultiva, un remedo de Cortes, a la que fueron designadas trece mujeres. Allí estuvieron, entre otras, Micaela Díaz, concejala de Madrid, catedrática y jefa superior de administración civil; María de Maeztu, directora de la Residencia de Estudiantes Femenina; María de Echarri, inspectora de Trabajo; y Concepción Loring, la primera mujer en hablar en el Parlamento español, el 23 de noviembre de ese año.

El anteproyecto de Constitución presentado en mayo de 1929 establecía en su artículo 58.3 el sufragio universal masculino y femenino, y el art. 55 la capacidad de ser diputado a ambos sexos. Sin embargo, la dimisión de Primo de Rivera truncó esta equiparación. El gobierno Berenguer excluyó a las mujeres del censo electoral para las elecciones municipales del 12 de abril de 1931. Lo que demuestra lo importante del sufragio femenino en el curso de la Historia de nuestro país es que, por ejemplo, resulta probable que si las mujeres hubieran participado en dichos comicios la conclusión no habría sido la misma, y quizá la República no hubiera llegado.