Propiedad intelectual, una ley que no contenta a la Cultura

La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) salió ayer adelante con el único apoyo de los votos del Partido Popular, 172 a favor, frente a 144 en contra y 3 abstenciones.

La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) salió ayer adelante con el único apoyo de los votos del Partido Popular, 172 a favor, frente a 144 en contra y 3 abstenciones. La norma, que entrará en vigor el 1 de enero de 2015, prevé un plazo de un año para que el Gobierno acometa una reforma integral de la misma «de más amplio calado», de ahí que el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, se haya referido a ella como «un remedio puntual» a una serie de cuestiones como son la regulación por copia privada, el regimen de gestión y control de las entidades de gestión de derechos o la transposición de directivas europeas sobre las obras huérfanas y las fonográficas. El titular de Cultura ha declarado que «una ley por sí sola no es capaz de cambiar los hábitos», por ello confía en que «tanto en el desarrollo reglamentario de la reforma como en los trabajos de preparación de la reforma integral, seremos capaces de ponernos de acuerdo sobre cómo ser más eficaces en defender a las industrias culturales del fenómeno de la ‘‘piratería’’ en internet».

Las primeras reacciones a la aprobación del texto no se hicieron esperar. Antonio María Ávila, director ejecutivo de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), aseguró que «estamos bastante decepcionados porque se podía haber conseguido el consenso de las diferentes fuerzas políticas y es que la mala gestión en las negociaciones lo ha impedido. Ha sido una verdadera lástima», asegura. En materia de «piratería» señala que es «insuficiente, aunque lo verdaderamente importante es cómo se aplique y que se actúe de una manera contundente contra los que se lucran de ello. Como yo suelo decir, una mala ley bien aplicada es mejor que una buena ley mal aplicada», y añade que en el sector del libro «cunde en este momento el pesimismo porque esperábamos más, y eso que hemos trabajado muy duramente para conseguirlo. La desilusión es haber esperado un consenso que no se ha producido. Y ya es tarde». Sobre el tema del canon digital, uno de los mayores desaciertos para el sector, insiste en que también ha sido «desaprovechado. El hecho de que sea con cargo a los Presupuestos Generales del Estado es un verdadero despropósito y apunta directamente a las tecnológicas como beneficiarias». Por todas estas razones, desde FGEE, y por unanimidad de su junta directiva, se ha enviado una carta al presidente del Gobierno «explicando el profundo desánimo que cunde en el sector». A Ávila, dice, le cuesta creer que siendo el cultural el 3,7% del PIB «resulte tan poco creíble para las instancias económicas. No nos dan la importancia que tenemos». Su deseo lo expresa de forma muy clara: «Esperamos una actuación contundente con la ley en la mano porque su aprobación nos ha dejado un mal sabor de boca». Desde el mundo editorial se insiste en que se ha dejado pasar una oportunidad de oro y cifran su preocupación en dos puntos que consideran claves: la lucha contra la lacra de la «piratería» (su crítica se centra en que no se ha aprobado el bloque de webs de manera preventiva o cautelar y tachan a la norma en este aspecto de «demasiado laxa») y la Comisión de Propiedad Intelectual, un órgano que, aseguran, nace sin presupuesto y sin medidas claras para actuar, es decir, «se antoja ciertamente inoperante»).

La posición de Google ante la LPI mostraba también un tono de desencanto: «Estamos decepcionados porque creemos que servicios como Google News ayudan a los editores a llevar tráfico a sus sitios web. Por lo que se refiere al futuro, continuaremos trabajando con los editores españoles para ayudarles a incrementar sus ingresos mientras valoramos nuestras opciones en el marco de la nueva regulación». El sector cultural, que ha expresado a lo largo de toda la tramitación su oposición frontal a la normativa mediante protestas de diverso tipo, cargaba contra el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, a quien se ha hecho responsable directo de que la LPI, aunque sea sólo reformada de modo parcial, salga adelante.

La Coalición de Creadores iba un paso más allá al afirmar que la reforma «nace muerta pues no resolverá el gravísimo problema de ‘‘piratería’’ digital que sufre nuestro país, ya que sus mejoras son claramente insuficientes». Subrayan que el texto se ha aprobado «sin el consenso político» a pesar de los esfuerzos realizados para conseguirlo. En palabras de Carlota Navarrete, «utilizando el símil del partido, ya algo manido en esta tramitación, estamos en el tiempo de descuento y veremos si en el marcador el Gobierno puede demostrar con su aplicación que esta ley, pese a todo y todos, no era sólo un espejismo», cuestiona la directora de la Coalición de Creadores e Industrias Culturales.

El Partido Popular ha dejado claro que en 2015 comenzarán los trabajos preparatorios para afrontar una reforma integral de la LPI. Ése ha sido su compromiso político y afectará, aseguran desde el Ministerio, «a todo lo que toque a la propiedad intelectual. Hay que ver la manera en que evolucionan los temas o si Bruselas, por ejemplo, aprueba alguna directiva, porque se necesitará en el futuro una armonización con Europa. El tema de las nuevas tecnologías evoluciona de forma vertiginosa y es necesario adaptarse».