Ramoncín: «Soy un talento que la SGAE no podía desaprovechar»

El cantante, para quien el fiscal pide cuatro años y diez meses de prisión por cobrar 57.402 euros con supuestas facturas falsas, niega que la entidad de gestión fuese «la cueva de Alí Babá».

Ramoncín se reivindicó ayer ante el tribunal de la Audiencia Nacional que le juzga por la supuesta apropiación indebida de 57.402 euros por trabajos fantasma a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) entre 2008 y 2011. Durante casi tres horas, José Ramón Márquez defendió ante los magistrados y el fiscal de Anticorrupción José Miguel Alonso los ingresos que percibió de la sociedad que presidía Teddy Bautista, una SGAE que, tras abandonar sus órganos directivos en 2007, le mantuvo como consejero emérito de su filial digital, la SDAE, porque «decidieron que yo era un talento que no se podía desaprovechar». «No se puede dejar vacía de contenido intelectual a una junta directiva», añadió sin un adarme de modestia.

El cantante aseguró que su desembarco en el negocio digital se produjo porque tenía que «ganarse la vida» tras sufrir, a partir de 2006, «una persecución brutal» por su defensa de los derechos de autor. «Mi vida como autor era imposible. No tenía ninguna posibilidad de desarrollar mi trabajo», rememoró de unos años en los que, recalcó, la SGAE se convirtió «en el enemigo público número uno».

Al cantante no le suponía ningún dilema contratar con una sociedad, la SDAE, de cuya junta directiva formaba parte. Dijo que no se prohibía a ningún miembro de la misma hacer trabajos para la filial digital de la SDAE, aunque él se ausentaba del consejo de administración cuando había que resolver sobre algún proyecto suyo. «¿Conoce a otro miembro del consejo que facturara a la SDAE?», se interesó entonces el fiscal. «Sí, pero no voy a decir quién», se cerró en banda el cantante. Ramoncín mantuvo un enconado pulso con el fiscal de Anticorrupción, quien le reprochó que se fuera por las ramas al contestar a cada pregunta «con un río interminable de consideraciones». «Creo que se ha despistado –le llegó a decir– y no sabe ni de lo que estamos hablando...».

Uno a uno, el ex directivo de la SGAE justificó los proyectos facturados a la SDAE que presidía su amigo José Luis Rodríguez Neri, también imputado, y a los que éste dio su visto bueno. De «El creador», un formato para televisión por el que cobró 10.000 euros y que, según el fiscal, «jamás fue objeto de desarrollo alguno», Ramoncín dijo que era un proyecto «fabuloso» que ofreció a otras cadenas (sin que por el momento se haya emitido en televisión alguna).

Rodríguez Neri explicó al tribunal que le dio un adelanto «para que empezara a trabajar» e insistió en que lo que adquirió la SDAE fueron «unos derechos, no un programa de televisión». «¿En qué se ha traducido?», le preguntó el fiscal. «Está por verse», contestó el ex director general de la SDAE. «Se gasta mucha energía en conseguir un cliente...», añadió antes de defender que Ramoncín «era una persona absolutamente talentosa a la que yo tenía que escuchar» y que, además, había aportado a la SGAE «su fuerza y compromiso» durante muchos años.

El fiscal también le inquirió por Caja Fuerte Virtual, un sistema de protección de archivos por el que cobró 5.800 euros a través de su empresa Jupiter Music en 2009, «una cantidad razonable» que «si se hubiese desarrollado valdría mucho más». Incluso le propuso a Rodríguez Neri, explicó, «vendérselo al tío Jobs (el fundador de Apple, Steve Jobs) y nos hacemos millonarios». «Si era una idea tan fantástica, ¿por qué no pidió usted 5,8 millones o 50.800 euros?», le preguntó el fiscal Alonso, a lo que el acusado, sorprendido, se negó a responder.

«Lo que se pretende hacer creer aquí es que entre Rodríguez Neri y yo teníamos un arreglito», protestó en un momento dado Ramoncín, tras explicar que Rodríguez Neri le prestó 30.000 euros de su bolsillo, que aún no le ha devuelto, porque lo está pasando «mal». De otro proyecto que no fructificó, «¿Hablamos el mismo idioma?» (que le generó unos ingresos de 28.050 euros en dos facturas de diciembre de 2010 y marzo de 2011), el procesado reconoció que no se llegó ni a grabar el programa piloto (por el que cobró 10.000 euros). «No era necesario. Está la escaleta hecha, la música grabada...». El formato, añadió, avalando su iniciativa, «está en manos de muchos productores y se ha estado moviendo hasta el verano pasado».

Ramoncín envió un correo a Rodríguez Neri en relación con este proyecto en el que escribió que se veía «obligado» a hacerle «una proposición deshonesta» sobre un programa que «está prácticamente colocado» (tampoco se ha emitido nunca). «Yo tengo una manera de hablar», se justificó Ramoncín preguntado por el fiscal. «Ramón tiene un problema: que escribe igual que habla», le echó un cable Rodríguez Neri en su posterior declaración. El ex director de la SDAE recordó que Ramoncín no presentó su primer proyecto a la filial digital hasta 2008 después de muchos años «sin pedir nada y ofreciendo mucho a la sociedad con su trabajo».

Por otra iniciativa para divulgar los derechos de autor en colegios y ayuntamientos, el «proyecto pro autor», Ramoncín cobró otros 6.962 euros en 2010. Como los demás, se quedó en agua de borrajas, aunque el cantante defendió que ha llevado a cabo proyectos «con ayuntamientos de todos los colores porque la obligación de la SGAE es no tener color ninguno». Otro de los acusados, el ex jefe de los servicios jurídicos de la sociedad Pablo Hernández Arroyo, negó haber participado en este proyecto aunque reconoció que no se firmó ningún convenio con la Federación de Municipios para desarrollarlo. Por su parte, el ex director general de la SGAE Enrique Loras defendió la iniciativa: «Había una gran inquietud con los ayuntamientos porque no pagaban» los derechos de autor.

Por último, Ramoncín justificó los 6.490 euros que le abonó la SGAE en 2011 a cambio de la indemnización, reconocida por el Tribunal Supremo, que debían pagarle los responsables de una web, Alasbarricadas.org, que boicoteaban todos sus actos, una cantidad a la que la sociedad general de autores decidió renunciar a cambio de que dejaran de molestarles. Pero Ramoncín no. La solución fue que la SGAE pagara esa cantidad al cantante a cambio de que renunciara a reclamar la ejecución de la sentencia.