«La EPO era para mi hija»

La madre de Eufemiano Fuentes cuenta, orgullosa, cómo su hijo destacó desde pequeño. Sobresaliente perpetuo desde que comenzó el colegio hasta que terminó la carrera.

La madre de Eufemiano Fuentes cuenta, orgullosa, cómo su hijo destacó desde pequeño. Sobresaliente perpetuo desde que comenzó el colegio hasta que terminó la carrera; domina cinco idiomas. Un cerebro privilegiado que no encuentra dificultades para responder a las preguntas de la fiscal, aunque se niega a contestar a las de las acusaciones particulares. Son éstas las más complicadas, especialmente las del abogado de Jesús Manzano, el ex ciclista al que niega haber tratado, aunque reconoce que en la Vuelta de 2003 trabajó con Kelme, el mismo equipo con el que Manzano participó en la carrera española. Cuenta con naturalidad que el Eposino –la EPO china– encontrado en el piso de la calle Caídos de la División Azul era para el tratamiento de su hija, enferma de cáncer. «Sólo había una caja y era para uso familiar, para mi hija, que tenía cáncer y era tratada con quimioterapia. Le recetaron EPO y la tenía yo porque es un medicamento que se conserva en nevera. Estaba en Madrid porque es donde tenía su centro de referencia para el tratamiento», explica. «La EPO era para mi hija», concluye.

Y la niña es la explicación para eso y también para que abandonara la dirección médica de equipos ciclistas. «Trabajé en Kelme hasta 2002. Me marché por motivos personales, iba a nacer mi hija, enferma de cáncer y seguí vinculado, pero no de forma tan exigente», cuenta. «Trabajaba con deportistas de manera individual. Si viene un futbolista, un ciclista, un tenista, un boxeador... lo atiendo», reconoce. Y entre los ciclistas, durante su declaración, va confirmando nombres de clientes: Roberto Heras, Unai Osa y el colombiano Santiago Botero, una de las «víctimas» más frecuentes de sus extracciones de sangre. Heras y Botero dieron positivo en controles antidopaje, aunque sólo Heras fue sancionado. El resto de nombres que aparecen en sus listados no fueron descifrados por Eufemiano: «Birillo», «Piti», «Sansone», «Goku», «El del Huerto», «El Artista», «Obélix»...

Esos apodos y el lenguaje en clave que utilizaba para referirse a los tratamientos obedecen a la obsesión por la privacidad. «No era por la Guardia Civil. No tenía la sensación de estar haciendo nada malo. Tenía pánico al control que hacían los periodistas de mis conversaciones. Lo pasé mal cuando vi que eran capaces de publicarlas», argumenta. Eso explica que en el momento de su detención llevara encima tres teléfonos móviles y ocho tarjetas SIM. Ni siquiera copiaba la agenda en los teléfonos. «Me manejaba con una de bolsillo porque tenía miedo de que me la pudieran coger».

Fuentes ofrecía a los ciclistas, su principal clientela, asesoramiento médico para planificar la temporada, preparación física –para lo que también está titulado– y dietética, además de test físicos y médicos «para garantizar que la salud de los deportistas no quedaba dañada por la competición». «En los tratamientos colaboraba el doctor Merino Batres», reconoce. Eufemiano sólo admitió realizar transfusiones, «normalmente en el laboratorio del doctor Merino en la calle Zurbano y, ocasionalmente, en hoteles cercanos». Unas transfusiones que, según el ginecólogo canario, tenían el único objetivo de regular el hematocrito de los corredores, es decir, el grado de viscosidad de la sangre. La Unión Ciclista Internacional (UCI) consideraba anómalos los valores de hematocrito por encima del 50 por ciento. «Por eso, a veces se hacían sangrías a los ciclistas, para rebajarles el nivel que, además, por encima de lo recomendado puede ser perjudicial para su salud. Si el propietario de la bolsa tenía niveles muy bajos, se le hacía una transfusión».

Fuentes trabajaba en dos pisos en Madrid, uno en la calle Alonso Cano y otro, en Caídos de la División Azul. El primero funcionaba como almacén. El segundo era la residencia en la capital de sus padres, que vivían en Las Palmas. En ambos domicilios se encontraron medicamentos. De los que se incautaron en el piso de la calle Alonso Cano responsabilizó a Alberto León, el ex corredor de mountain bike que trabajaba como «correo» de la red que dirigía Eufemiano y que se suicidó en 2011. «Pensaba que eran enseres personales suyos. Había dos maletas que no se abrieron», dice. En Caídos de la División Azul había corticoides –«eran para mí, porque tengo crisis de asma», argumenta– y otros que pertenecían a su padre. «Había medicación hospitalaria suya que fue incautada. Mi padre intentó que se la volvieran a recetar en el hospital de Las Palmas, pero le dijeron que no. Después, fue al juzgado para que se la devolvieran, pero también se negaron. Murió tres meses después», asegura.

El «correo» desaparecido

En la trama que manejaban Eufemiano Fuentes y el doctor Merino Batres había un colaborador imprescindible, Alberto León, el hombre que funcionaba como «transmisor» con los clientes y fallecido hace algo más de un año. «Se encargaba de la limpieza y el mantenimiento del piso de Alonso Cano», explica el doctor Fuentes. «Pasaba por un mal momento, estaba pendiente de unas oposiciones y le pagábamos muy poco, unos 150 o 200 euros a la semana», añade. Unas labores y un sueldo poco significativos aparentemente para el tercer hombre, el único junto a Merino Batres y Eufemiano que tenía llave de ese piso que alojaba un arcón donde se centrifugaba la sangre antes de su congelación. León, que llevaba una tarjeta American Express de Eufemiano cuando fue detenido, además, hacía de transportista. Recorría los 500 metros que separaban el laboratorio de Merino Batres de la casa con mochilas cargadas de bolsas de sangre. Y para que el hielo no las rompiera, las refrescaba «con botellas de Fanta o de Coca-Cola de la nevera».

La jueza no da permiso para abrir el ordenador

El ordenador de Eufemiano Fuentes seguirá siendo secreto. La jueza Julia Patricia Santamaría no accedió a la petición del Comité Olímpico Italiano (CONI) de acceder a la máquina que puede desvelar los secretos de 30 años del deporte español. Santamaría justifica su decisión en el hecho de que tanto el juez instructor como la Audiencia Provincial consideran que puede quedar afectada la intimidad del médico canario. Además, añade que la Fiscalía tampoco había pedido acceder a él porque no lo consideraba una prueba relevante.

La jueza ha abierto un trámite de tres días para que la AMA (Agencia Mundial Antidopaje) le envíe un escrito en el que justifique su petición de las bolsas de sangre y especifique qué uso les va a dar, qué busca en las bolsas, a quién pretende sancionar y dónde pretende juzgarlos. La AMA, además, solicita que la entrega se produzca de forma inmediata mientras se celebra el juicio. La Federación Española de Ciclismo y la UCI se adhieren a la petición. La fiscal, Rosa Calero, y la abogada del Estado, Lucía Pedreño, consideran que la entrega de las bolsas no tiene sentido en este momento porque puede interferir en el proceso y provocar indefensión en los acusados. La jueza decidirá pasados esos tres días que se ha concedido de plazo si cede las bolsas a la AMA –lo previsible es que sí– y si lo incluye en la sentencia o en un auto independiente anterior.

Se confirma también que se llamará a declarar como testigo a Tyler Hamilton, uno de los ex compañeros de Lance Armstrong en el US Postal que declararon en su contra. Hamilton aparece identificado en el sumario de la «operación Puerto» como uno de los clientes de Eufemiano Fuentes. En el listado de pacientes con bolsas de sangre custodiadas por el doctor, aparece identificado con el número 11.

Otro asunto al que respondió la jueza y que juega en contra del doctor Fuentes es la decisión de no separar a los medicamentos de la sangre en la consideración del juicio. Fuentes basaba su defensa en que «la sangre no puede ser considerada un medicamento». Ahora, la sangre y las medicinas recibirán la misma consideración en el juicio. Fuentes, sin embargo, escapa de otros delitos que puede haber cometido. No será juzgado por asociación ilícita, estafa ni delito contra la Hacienda Pública. El único objeto del juicio es el delito contra la salud pública.