Villarejo ofrecía técnicas de “hostigamiento sostenido”

José Manuel Villarejo explicó con claridad al BBVA en qué consistía la metodología de sus «auditorías de inteligencia empresarial», que se asentaba sobre dos pilares: una «filosofía policial» y un trabajo «underground». En una reunión mantenida el 24 de noviembre de 2009 en la sede de Cenyt –a la que la entidad pagó en total 10,2 millones por trabajos de espionaje– en la madrileña Torre Picasso, el ex comisario de Policía explicó a José Manuel García Crespo, en esas fechas responsable de los servicios jurídicos de la entidad, que actuaban como «analistas de información realizando trabajo policial en el sector privado».

Sobre la mesa estaba el encargo del BBVA de espiar a los constructores Luis Portillo, presidente de Colonial, y Fernando Martín, de Martinsa, ambos en la lista de morosos del banco. Ante los «escasos resultados obtenidos» fue el entonces presidente de la entidad Francisco González, según la versión que dio ante el juez el ex directivo Antonio Béjar, quien le ordenó «trabajar con la empresa que iba a contratar Julio Corrochano». Así consta en un informe de la Fiscalía Anticorrupción del 11 de noviembre del pasado año –incorporado al sumario del «caso BBVA»–, en el que los fiscales encargados de la investigación, Ignacio Stampa y Miguel Serrano, aseguran que la decisión se toma «tras los escasos resultados obtenidos» al respecto con la agencia Kroll desde 2008.

Reunión para espiar

Esa reunión (en la que también estaban presentes la mano derecha de Villarejo, el abogado Rafael Redondo, y el representante de un despacho de abogados que actuó de intermediario en la contratación de Kroll) fue el germen de los contratos de espionaje que firmarían el BBVA y Cenyt entre 2010 y 2014, unos contratos de colaboración que se irían renovando «por complicidad mutua» en palabras del propio Villarejo. En esa cita, el ex mando policial esgrimió que, a diferencia de Kroll, a ellos les gustaba más trabajar «underground», haciendo hincapié en que en la Policía había tenido bajo sus órdenes a su «amigo» Corrochano, por aquel entonces responsable de Seguridad del BBVA.

Tras dejar constancia de que «llevan años trabajando» con el BBVA (su relación arranca en 2004 debido al intento de la constructora Sacyr de hacerse con el control del banco), el comisario jubilado detalló al directivo de la entidad su modus operandi. Primero, explica, «se analiza la probabilidad de éxito y luego se analizan los costes y forma de cobrar», trabajando «a resultados» con una «filosofía policial» debido a que, precisó, gran parte de su equipo había trabajado anteriormente en cuerpos policiales.

«Corruptible y accesible»

Asimismo, el ex comisario puso encima sobre la mesa, al apuntarse que Fernando Martín supuestamente tenía bienes en República Dominicana, que ese país era «muy corruptible y accesible». En ese informe de Anticorrupción también se hace referencia a la contratación de Cenyt en 2004 para espiar a la constructora Sacyr, una labor de inteligencia que según los fiscales incluía el acceso a tráfico de llamadas de los investigados (entre ellos su presidente, Luis de Rivero, y el entonces vicepresidente de la CNMV Carlos Arenillas) y la puesta en marcha de técnicas de «hostigamiento sostenido» contra los objetivos del espionaje, entre los que también figuraba el en esas fechas director de la oficina económica de Presidencia del Gobierno, Miguel Sebastián. Unas medidas que, subraya Anticorrupción, afectaban a la «libertad, intimidad, reputación, carrera profesional y a la esfera más privada» de la vida personal y familiar de los investigados.

Este modus operandi fue confirmado en su declaración judicial por Béjar. Los objetivos de Cenyit y su forma de lograrlos quedaron impresos en un documento presentado en una reunión celebrada quince días después de la de Torre Picasso, el 9 de diciembre de 2009, entre Béjar y tres de los directores generales del banco –entre ellos Eduardo Arbizu, responsable de Control Interno, y Juan Asúa, responsable de la entidad para España y Portugal–. En el informe se detalla que Cenit realizará «hostigamiento y boicot de las actividades de los sujetos investigados para que cometan errores estructurales y crearles una inseguridad permanente». Ante esto, Arbizu reconoció –según la versión de Béjar– que eso era una «barbaridad» y un «disparate» y que hablaría con el presidente, Francisco González, y con el propio Julio Corrochano para oponerse a esas prácticas.

La Fiscalía asegura que los servicios jurídicos del BBVAconocían al menos desde el año 2011 que Villarejo era «el presidente del Grupo Cenyt». Y subrayan que Béjar explicó al instructor, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que el BBVA era una entidad «muy jerarquizada» en la que esas contrataciones a la empresa del ex comisario solo pudieron efectuarse durante todos esos años «bajo la superior dirección y supervisión» tanto de Francisco González como del responsable de los servicios jurídicos.