Podemos le gana el pulso al PSOE y retiene la gestión de los expatriados españoles

La ministra de Trabajo y Economía social, Yolanda Díaz, ha vuelto a ganar la partida y retendrá, al menos por ahora, la gestión de las Consejerías laborales en el exterior, que pretendía Migraciones, bajo control de José Luis Escrivá, a la sazón ministro de Seguridad Social. La dirigente comunista, la única responsable “visible” del Gobierno, al margen de las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del «lío venezolano» del ministro de Fomento, José Luis Ábalos– ha ganado ya tres batallas casi sin hacer ruido. La primera, y más relevante, el acuerdo entre empresarios y sindicatos para “modular” la subida del salario mínimo a 1.000 euros en fases, cuya primera etapa ya es un hecho con el alza a 950 euros (un 5,5% más) del SMI. La segunda victoria, mantener la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) en su cartera, tras la “rebelión” de los inspectores laborales, que solicitaron su traspaso a la Seguridad Social alegando la vinculación de su desempeño a este organismo. La rotunda negativa de Díaz a perder a la “policía laboral” por el rédito político de la lucha contra el fraude laboral, el trabajo precario y las futuras campañas que puedan lanzarse desde Trabajo se tradujo en el nombramiento de un director “morado” para el ITSS, Héctor Illueca, inspector de trabajo y ya ex diputado por Valencia. La última y más reciente escaramuza le supone controlar la gestión de los asuntos laborales de 2,5 millones de trabajadores españoles que residen el extranjero, en Europa (900.000) e Iberoamérica (1,5 millones), principalmente, así como la influencia política en la colonia española expatriada y, en consecuencia, en el voto exterior.

Las Consejerías de Empleo y Seguridad Social dependían de la Subsecretaría del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, aunque mantienen una dependencia jerárquica del Embajador correspondiente en cada país. Es decir, están adscritas a las legaciones españolas en los países en los que se encuentran, generalmente aquellos con mayor población española trabajadora. Sus funciones han ganado peso tras el fuerte éxodo de españoles al extranjero como consecuencia de la crisis económica, cuando más de un millón de compatriotas, sobre todo jóvenes, se vieron forzados a salir para ganarse la vida y acumular una experiencia que se les negaba en casa.

En este sentido, además del carácter institucional de las Consejerías laborales en el extranjero, estas tienen una función práctica polivalente, ya que su desempeño es relevante tanto para Trabajo, como para la Seguridad Social e incluso para Migraciones. Las «oficinas laborales» operan como unidad de información del Ministerio de Trabajo, recopilando datos sociolaborales y migratorios de instituciones y organizaciones del país de acreditación y facilitando las propias en materias de competencia del departamento. Además, proporcionan información a los residentes españoles y asesoramiento en materia de empleo, relaciones laborales, Seguridad Social y migratoria. Aunque no se trata de una «oficina de empleo», con el éxodo de la crisis las Consejerías abrieron portales de búsqueda activa de trabajo en los países con representación, dentro del ámbito de sus respectivas competencias. A ese carácter «asistencial» se suma la tarea de facilitar tanto la integración laboral y personal de los residentes españoles en el país de acogida como facilitar su regreso, certificando la documentación laboral y de Seguridad Social para su posible toma en consideración por el Estado, en orden a la emisión del Certificado de Emigrante Retornado.

Pensiones, subvenciones y prestaciones a emigrantes

Las funciones que más vinculan a las Consejerías a la Seguridad Social y a Migraciones son las que tienen que ver con el fortalecimiento de las relaciones con las asociaciones y centros de emigrantes españoles en el extranjero, la gestión de las pensiones asistenciales, las subvenciones y los programas específicos de atención sanitaria a los emigrantes que lo necesiten –algo que se da sobre todo en países de destino de la emigración española en los 50,60 y 70 de la pasada década, como Suiza, Bélgica, Argentina o Venezuela–, así como participar en la tramitación de las prestaciones del sistema de la Seguridad Social.