España, más parados de larga duración que EE UU

Isidro había trabajado toda su vida en una empresa que presta servicio en los aeropuertos. De repente, sin previo aviso, le han dejado en el paro hace un par de semanas. Tiene 55 años y dice que sus esperanzas de encontrar un nuevo trabajo son mínimas. Por dos motivos, por su edad y porque no posee otra formación que la acumulada por su experiencia en su único empleo.

Él forma parte de los perfiles que se suelen encontrar en la lista de parados de larga duración, gente que llevan más de 12 meses en búsqueda de empleo sin éxito. Un colectivo que en España es extraordinariamente grande. Las cifras son desalentadoras. Hemos cerrado 2019, con una población de menos de 47 millones de habitantes, con 1,2 millones de desempleados de este tipo. Y podrían ser más porque solo se calcula a las personas activas y «hay algunas que han perdido la esperanza y han dejado de esforzarse por reinsertarse en el mercado laboral», mantiene el analista de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Marcel Jansen.

Mientras, Estados Unidos, con más de 327 millones de habitantes, cuenta con 1,1 millones de parados de larga duración. Si nos comparamos con el resto de la Unión Europea también salimos perdiendo con creces. Solo España suma una cuarta parte de esta clase de desempleados en todo el territorio comunitario.

El director general del Instituto de Estudios Económicos, Gregorio Izquierdo, aclara cuáles son las diferencias entre España y EE UU para, con una diferencia de unos 280 millones de ciudadanos, nosotros tengamos más parados de larga duración: «Los mercados de factores de producción en Estados Unidos son más flexibles y dinámicos que en nuestra economía. Esto se traduce en un mercado laboral con mayor capacidad de absorber la oferta de trabajo disponible antes de que el desempleado prolongue su situación en el tiempo y su estado devengue en lo que se considera parado de larga duración, es decir, actúa en primer lugar de modo preventivo. A su vez, el clima de negocios en EE UU se configura como más favorable a la actividad empresarial, lo que termina redundando en una mayor demanda de empleo para cubrir las nuevas necesidades de producción, al tiempo que facilita la vía del emprendimiento y el autoempleo como formas de abandonar el desempleo. Por el contrario, en España las trabas y cargas administrativas son significativas a la hora de iniciar un negocio o de hacer crecer el mismo por encima de determinados umbrales».

Las causas saltan a simple vista, una serie de defectos estructurales que se manifiestan día a día, por ejemplo, la profundidad de la crisis en nuestro país. La tasa de paro alcanzó el 26,9% en el primer trimestre de 2013, lo que «causa inmediatamente que gran parte de los desempleados acumulen periodos de más de un año sin encontrar trabajo y sus posibilidades de reengancharse disminuyen aunque el mercado laboral se recupere porque las empresas suelen preferir a gente con una etapa de paro más corta», explica Jansen. Ahora, entramos a analizar más detenidamente el resto de motivos por los que muchos españoles están en una dramática situación profesional.

Educación

No es coincidencia que EE UU tenga una tasa de parados de larga duración tan baja y, a la vez, de abandono escolar de solo el 6%. O que la del conjunto de la UE sea del 11,9% y la de España del 17,9%. Muchos ciudadanos jóvenes de nuestro país no poseen la formación y las cualidades que se les exige para entrar en el mercado laboral, por lo que se perpetúan en la búsqueda de empleo.

Hubo una época en la que sí lo conseguían, sobre todo en la construcción, un sector muy bien pagado y para el que se requería fuerza y un poco de maña. Sin embargo, la tecnologización ha provocado que la formación sea cada vez más necesaria para poder acceder a un puesto de trabajo. La mano de obra que se exige en los últimos años es infinitamente más cualificada que hace dos décadas. En este sentido, un informe de la Fundación Alternativas destaca que uno de los factores que genera desempleo de larga duración es la «existencia de un desajuste entre las habilidades o competencias que poseen algunos individuos y aquellas que el mercado de trabajo demanda».

Pero no se puede señalar solo a la gente que decide no seguir con sus estudios, el propio sistema educativo tiene buena parte de culpa. Las universidades españolas están yendo varias velocidades por debajo respecto al ritmo de desarrollo tecnológico y digital de la sociedad. Por lo tanto, las empresas demandan nuevos perfiles laborales que la enseñanza superior de nuestro país no es capaz de aportar porque sus currículo académico está bastante anticuado.

Desde la Fundación Alternativas dejan claro que un motivo del exceso de parados de larga duración es que «el sistema educativo no está en línea con las demandas del mercado. Incluso puede suceder que individuos con educación secundaria o superior no alcancen los niveles de formación necesarios para entrar en un mercado de trabajo necesitado de otras habilidades».

Cotizaciones

La Fundación Alternativas, en el mismo informe, indica que otro de los factores son las elevadas cotizaciones a la Seguridad Social por parte de los empresarios: «En estas situaciones, los costes laborales crecen y, en consecuencia, la demanda de empleo desciende y, por tanto, los trabajadores en paro pueden hallar mayores dificultades para encontrar un puesto adecuado».

En España, las patronales de empresarios han advertido hasta la saciedad de que las altas cotizaciones sociales que soportan son un problema para el dinamismo del mercado laboral. Según Eurostat, las compañías españolas desembolsan 31,6 euros de cada 100 recaudados por la administración pública. La media de la UE es 23,5 euros de cada 100. Además, en el ranking internacional de competitividad físcal de Tax Foundation, el nuestro es el país de todo el mundo desarrollado con el décimo Impuesto de Sociedades más gravoso y el cuarto tributo patrimonial más elevado.

Estos elevados gastos provocan que nuestro mercado de trabajo sea rígido, que las empresas no lo dinamicen y, de esa manera, la creación de puestos de trabajo fluya tanto como para otorgarle más posibilidades de reinserción a los parados de larga duración.

El profesor de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo, Juan Ignacio Cáceres, sostiene que «la falta de flexibilidad del sector laboral español se ve agravada por el coste de la seguridad social que en su mayor parte pagan las compañías, lo que limita las posibilidades de contratación».

Algunas de ellas reciben bonificaciones a las cotizaciones sociales precisamente con la condición de que contraten. De esa forma, el propio sistema confiesa su propio defecto, que la elevada presión contributiva que sufren las empresas desincentiva la creación de puestos de trabajo. Sin embargo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), sostiene que estas bonificaciones «no son eficientes». Es decir, que no cumplen con su objetivo.

Sepe

No es la única duda que la Airef encuentra en el mercado laboral español. La entidad señala con especial énfasis el mal funcionamiento y los pocos réditos de las políticas activas de empleo de nuestro país, que no son personalizadas, como exige la propia Unión Europea, y el presupuesto es reducido. España gasta 470 euros por cada empleado frente a los 4.089 euros de Alemania o los 2.752 euros de Francia. Lógicamente, a menos inversión, menos recursos se destinan para luchar contra la lacra de los parados de larga duración.

Para combatirlo, la Administración ha puesto en marcha el Plan Prepara que, según Jansen, se ha elaborado sobre la marcha, y al que en abril del año pasado se unió con el mismo objetivo el Plan Reincorpora-T. Lo más destacado dentro de esta iniciativa es la ayuda de 400 euros a los desempleados que han terminado de cobrar las prestaciones y no tienen derecho a ninguna otra ayuda. El año pasado este programa se prorrogó hasta 2021 con algunas novedades, como el aumento de la cuantía hasta los 450 euros para algunas personas que cumpliesen ciertos requisitos.

Pero la Airef considera que el plan «no mejora la probabilidad de incorporarse al mercado laboral», más bien «genera desincentivos». Algo que también creen en la Fundación Alternativas. Parte de los desempleados de larga duración, con el paso del tiempo, pierden la esperanza de encontrar un trabajo y se acomodan en la ayuda porque al menos es una salida para su situación. Otros, además, lo ven como un complemento: «Buscan trabajos en el mercado negro para redondear el subsidio de desempleo e ir tirando, lo que alarga su estancia en las listas del paro», asegura Cáceres.

Teniendo esto en cuenta, resulta necesario vigilar a estos parados para que acepten las ofertas que les otorga el Servicio Público de Empleo y, si no lo hacen, que no puedan acceder a la prestación. Otras subvenciones que a la Airef le parecen «cuestionables» son las relacionadas con la formación, un aspecto relevante para que los trabajadores puedan adaptar su perfil a las nuevas demandas de las empresas y, así, que les den trabajo.

Además, no parece una coincidencia que las comunidades autónomas en las que la Airef cree que el servicio público de empleo funciona peor, como Castilla-La Mancha, Andalucía, Canarias y Baleares, sean las regiones en las que el número de parados de larga duración es mayor. Para Jansen, estos servicios en nuestro país sufren «un retraso enorme de modernización».

Y recuerda que hace una década tuvimos la oportunidad de solucionarlo: «Hubo experimentos piloto bastante interesantes. En 2010, el Gobierno ofreció la posibilidad de una colaboración publico-privada en políticas activas laborales. Los servicios públicos de empleo podrían derivar a los parados a agencias privadas que, a cambio de remuneración, pudieran reinsertar a personas en un puesto de trabajo. Las autonomías no hicieron caso. El Gobierno lanzó un programa con cinco grandes agencias pero se abortó porque el País Vasco lo llevó al Tribunal Supremo porque decía que invadía sus competencias». Las comparaciones son odiosas, pero cuando hay tanto en juego se deben hacer para aprender de los ejemplos cercanos que han funcionado, como los de Alemania y Francia. Estos países, «al mismo tiempo que introducen los programas evalúan sus efectos. De ese modo, los servicios públicos de empleo han diseñado planes de apoyo con resultados interesantes. En definitiva, se trata de hacer una inversión porque, aunque realices un gasto público, esos trabajadores volverán a cotizar al estado, producirán sus propias ganancias en vez de pagarles un subsidio y, además, se reducen graves problemas de salud por desesperanza y estrés, o también de riesgo de pobreza».

Sexo

El mercado laboral segrega. Aunque sea incómodo reconocerlo, lo cierto es que lo hace, tanto por sexo como edad. En cuanto al primero, las cifras demuestran una realidad, que las mujeres en España tienen más dificultades para encontrar un trabajo y, por ese motivo, hay más féminas que hombres en la lista de parados de larga duración.

Según los últimos datos del INE, relativos a 2018, en el conjunto de la Unión Europea el número de mujeres y varones que son desempleados de este tipo es casi idéntica. No obstante, en nuestro país la brecha es más grande y, en cuanto a la tasa, la correspondiente a las féminas resulta dos puntos porcentuales mayor que la de los hombres.

El motivo es que en nuestro país, hasta hace bien poco, el mercado laboral era cosa de hombres y, a día de hoy, seguimos sufriendo las consecuencias porque ellas aumentan aún más las listas de parados de larga duración. Asimismo, Jansen manifiesta que «muchas de las mujeres con periodos amplios de desempleo tienen carreras laborales muy irregulares y las dificultades de encontrar trabajo se intensifican».

Edad

Por otra parte, a partir de los 45 años la posibilidad de encontrar un nuevo empleo son muy pocas. Es lo que llamamos el «edadismo», la discriminación contra las personas que se encaminan hacia los últimos años de la vida como trabajadores. Una vez se traspasa esa edad, transcurrido el primer año en situación de desempleo, las opciones de encontrar un trabajo disminuyen hasta el 50%, cosa que se acentúa el segundo, cuando las probabilidades disminuyen hasta el 75%.

Dos factores de los que se ha hablado anteriormente se suman al «edadismo» como motivo para que la contratación de las personas de edad más avanzada se reduzca. Se trata de la educación, pues cuentan con menos formación que la juventud de ahora, y los subsidios, ya que poseen acceso a una mayor cantidad que los jóvenes. Izquierdo subraya que «el 75% de los parados de larga duración mayores de 45 años tienen como mucho la Educación Secundaria Obligatoria, y casi el 90% no presentan estudios superiores. Además, el derecho a mayores y más prolongadas prestaciones por desempleo elevan la probabilidad de este grupo de edad de convertirse y permanecer en el colectivo de parados de larga duración, en contra de lo que sucede por ejemplo, con los jóvenes».

La mayor parte de la pirámide poblacional española se concentra entre los 45 y los 55 años. Por lo tanto, la mayoría de los ciudadanos de nuestro país tiene menos oportunidades de reincorporarse al mercado laboral si pierde su trabajo. Para colmo, sabemos que nuestra sociedad está envejeciendo a pasos agigantados, así que el grupo de edad con las dificultades de encontrar un empleo crecerá y, a la par, la lista de parados de larga duración. «Desde luego que va a ser así, todos los estudios al respecto apuntan en ese sentido», indica Cáceres.

Así que es urgente encontrar soluciones al respecto. En este sentido, la Fundación Alternativas en su último informe asegura que «sería muy conveniente que las agencias privadas y públicas de empleo locales fueran capaces de identificar, junto con las empresas que operan en cada lugar, las necesidades específicas de mano de obra y diseñaran programas de formación y recolocación adecuados a las necesidades, de modo que estos individuos tuvieran la posibilidad de volver al mercado de trabajo». Muchas personas lo agradecerían. Como Isidro, que con más de una década de vida laboral por delante, ve muy complicado conseguir un nuevo empleo con el que ganar un salario mensual y cotizar para tener una pensión digna.