La Administración se “bunkeriza”

El Gobierno trata de blindar a la Administración ante un escenario de cuarentena. Las órdenes son claras: cada departamento tiene la obligación de indentificar cuanto antes los “puestos críticos” susceptibles de necesitar refuerzo en caso de “baja” por el coronavirus. Se trata de que exista siempre al menos un reemplazo disponible de otro alto funcionario para cubrir ese puesto, según ha podido saber LA RAZÓN. Se trata de los organismos ministeriales claves, ya que los sectores estratégicos como las Fuerzas Armadas, los sectores energéticos, ferrocarriles y transporte aéreo o la Sanidad disponen de sus propios protocolos para atender a situaciones de excepcionalidad como la actual.

A este primer paso dentro de la Administración del Estado, le sigue el teletrabajo. La orden ante esta fase más restrictiva de la lucha contra el coronavirus es de “favorecer” el trabajo desde casa en el ámbito de la Administración General del Estado. Sin embargo, fuentes de distintos ministerios aseguran que no existen los mecanismos para el teletrabajo ante lo que los funcionarios han sido informados de que quienes necesiten ausentarse del trabajo disponen de varias opciones. Se facilitará la conciliación de aquellas personas que tengan mayores e hijos a su cargo. En este sentido, habrá flexibilidad laboral y se utilizará la figura del ‘deber inexcusable’ (contemplada en el Estatuto Básico del Empleado Público) para aquellas personas que se tengan que quedar en casa para atender a mayores o hijos. En las reuniones informativas con los funcionarios, se ha indicado que, en cualquier caso, se podrán tomar a discreción los días de asuntos propios, de vacaciones o tirar de la “bolsa de horas” para reducir la jornada presencial. Este sistema está diseñado para la conciliación de la vida laboral y personal y permite dedicar a la atención de hijos o cuidado de mayores un máximo del 5% de la jornada laboral anual (85 horas al año), que se recuperarán después en un plazo máximo de tres meses. La Administración estudia no solo ampliar por la excepcionalidad de la situación su utilización sino que ese 5% de la jornada laboral se extienda, al menos, al 10% de la misma y que el plazo de recuperación se prolongue, de entrada, hasta ocho meses.